Por: Jeyson Bernal – [En alianza informativa con CERI.com]
Israel-Palestina. ¿Qué ha ocurrido hasta el momento?
Han pasado ya diecinueve meses desde la “Operación Inundación” de Al Aqsa, también conocida como los ataques del 7 de octubre liderados por HAMAS. A partir de estos hechos, como respuesta, Israel inició una ofensiva militar en la Franja de Gaza, apelando al derecho de legítima defensa, sin embargo, la magnitud y duración de esta operación genera serias dudas sobre su legalidad y proporcionalidad bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El 8 de octubre de 2023, apenas un día después de los ataques de HAMAS, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron lo que pronto se transformó en una campaña de bombardeos incesantes, desplazamientos masivos y asedios. Ante esto, Sudáfrica presentó una acusación formal contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), alegando violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La CIJ, en su fallo de enero de 2024, ordenó a Israel adoptar medidas inmediatas para prevenir un genocidio en Gaza.
La pregunta hoy es inevitable: ¿ha acatado Israel esa orden?
Según datos del Ministerio de Salud de Gaza (DW,2025), recopilados hace dos meses, el número de personas fallecidas ha superado los 50021, mientras que los heridos superan los 113274. En contraste, el número de fatalidades israelíes en la Franja de Gaza, de acuerdo con Statista (2025), suman 405 con 2572 heridos. Esta desproporción abismal no puede seguir siendo ignorada o normalizadas con clichés como “ambas partes sufren” o “toda guerra es cruel”. El DIH, como norma ius cogens, prohíbe de manera absoluta el genocidio o el intento de este, y sus principios no dependen si el Estado en cuestión ha ratificado o no la Convención: se aplican universalmente. Este principio parece no ser respetado por Israel. Recién anunciado el acuerdo, más de 80 palestinos murieron por bombardeos israelíes. No se guardó correlación directa entre lo pactado en el acuerdo de cese al fuego y la realidad (BBC, 2025)
El caso de Gaza es grave por sus cifras, pero mucho más por lo que evidencia: una erosión acelerada del orden jurídico internacional, que se ve impotente ante el poder militar y la – si se me permite la expresión– complicidad diplomática por intereses geopolíticos, lo que introduce a Yemen en este escenario complejo. Entraría otro interrogante, ¿qué tiene que ver Yemen con Palestina? Más allá del apoyo acérrimo hacia la causa palestina, Yemen también ha experimentado la guerra por un periodo considerable hasta el día de hoy. Desde 2015, Yemen ha sido escenario de una de las peores catástrofes humanitarias del presente siglo.
Una coalición liderada por Arabia Saudita, con apoyo militar occidental, como Israel en Palestina, ha bombardeado sistemáticamente ciudades, escuelas, hospitales y mercados. Según datos del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), se calcula que más de 377000 personas han muerto directa o indirectamente por el conflicto. Como en Gaza, la población civil es castigada colectivamente con el pretexto de la lucha contra el terrorismo; como en Gaza, las grandes potencias son cómplices por acción y omisión.
Gaza y Yemen revelan un patrón: cuando las víctimas son pueblos árabes y mayoritariamente musulmanes, el derecho internacional parece volverse opcional. La narrativa de “lucha contra el terrorismo” ha servido para justificar lo injustificable, mientras las instituciones internacionales parecieran servir a intereses de los más fuertes, salvo la excepción de Sudáfrica ante la CIJ.
¿Cuánto veces debe repetirse esta historia?
Gaza y Yemen no son conflictos lejanos en el Medio Oriente, ni tragedias ajenas como algunos podrían argumentar. Son unos de los ejemplos más visibles, que sirven como espejo donde la legalidad se aplica según la conveniencia geopolítica, y donde la vida de ciertos pueblos vale menos por su identidad, religión o posición estratégica. La impunidad así no es un accidente: es un sistema.
No basta ya con la expresión de solidaridad. El imperativo ético es claro: o defendemos la dignidad humana de todos con el mismo compromiso, o legitimamos el genocidio y castigo colectivo como formas de poder. Si el derecho internacional ha de tener sentido, debe de servir para protección de los más vulnerables, no como blindaje a los intereses de los poderosos. Si no puede frenar ni lo que ocurre en Gaza ni lo ocurrido en Yemen, entonces no es el mundo el que está fallando: somos nosotros los que estamos fallando al mundo.
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