Motocarros en Soledad: ¿Ilegales, pero necesarios?

Por: María José Lamanna, Javier Franco, Sergio Arroyave y Freysi Quintero – Foto: Javier Franco

Muchos creemos que la soledad está asociada con la tranquilidad y el silencio, y, tal vez, al pensar en aquel municipio del Atlántico bautizado con este mismo nombre imaginemos atribuirle estas singulares características, pero su realidad dista de ello. Sin embargo, hasta los inicios del presente siglo -aproximadamente en el 2000- la situación de Soledad sí evocaba la calma de su nombre, cuando llegó un nuevo medio de transporte llamado motocarro: se trataba de un vehículo automóvil de tres ruedas utilizado para el transporte de carga ligera, y, en el caso de esta población, para el transporte de las personas.

Estos vehículos se convirtieron prontamente en uno de los servicios más utilizados por los habitantes y cómo no, si facilitan los recorridos de las grandes distancias del municipio a un bajo precio y, además, es una forma de generar ingresos de manera independiente.

Acogida inesperada

Fue exactamente en la administración del alcalde Alfredo Arraut, en el 2001, cuando empezó a gestarse la primera empresa de transporte en Soledad llamada “Correcaminos”, hecho que, hoy día, llena de orgullo al exmandatario, quien asegura tener claro que las personas detrás la conformación de la primera empresa nunca se imaginaron el impacto social que ese nuevo servicio iba a producir en Soledad. Ni los ciudadanos, ni los funcionarios imaginaron eso.

Más adelante, en el  2007, empezaron a llegar al municipio nuevos modelos de motocarros, similares a los que transitan en la India, más pequeños que los antiguos y con cabinas más cerradas, haciéndolos mucho más seguros y más prácticos para cualquier tipo de eventualidad.

No obstante, a pesar de la gran acogida por parte de la comunidad, el presidente en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, emitió el decreto 4125 de 2008 el cual legaliza el motocarro como medio de transporte público en municipios de menos de 50.000 habitantes. Soledad, que entonces estaba conformado por más de 450.000 habitantes, claramente no entró dentro del decreto.

Pero este mismo documento es, precisamente, el que da facultad a los alcaldes de este municipio para coordinar y organizar a los motocarros por medio de cooperativas. Éstas sirven para asesorar a los motocarristas en la parte jurídica, pensión, salud y demás beneficios, así como también para realizar censos para tener claro quiénes son los motocarristas y los dueños de sus vehículos. Esto último no es del agrado de todos ya que existen también aquellos quienes utilizan el vehículo para actos ilegales.

Teniendo esta facultad como soporte para la organización de este servicio, Soledad debería ser reconocido como un municipio con un sistema de transporte público totalmente organizado. Sin embargo, existe la problemática de la ilegalidad de los motocarros, debido a la decisión de dirigentes de no matricular los vehículos que transitan en el segundo municipio más grande del Atlántico. Esto ha recalado en que los conductores de los motocarros sí lo hagan en territorios aledaños, lo que genera un descontrol en el conteo de estos, la desautorización de la normatividad y la no retribución de impuestos al municipio.

Medidas tomadas hasta ahora

Considerando este caos en la movilidad, incluso en el orden público, la actual administración se ha visto en la obligación de implementar ciertas medidas para la organización de este servicio. Hace un año se introdujo como norma de control para estos vehículos un “pico y color”, donde se turnan por día los motocarros de placa terminado en número par o impar y dependiendo de este número, deben pintar en su totalidad el vehículo de naranja o azul, respectivamente, para asegurarse de su cumplimiento. Desafortunadamente, la medida del “pico y color” provocó un aumento en el número de vehículos que transitan en el municipio, generando aún más caos.

Por esta problemática, los encargados de la implementación de normativas se han tomado la tarea de estudiar a profundidad la situación, que, al parecer, afecta considerablemente el buen funcionamiento del municipio. Esto los ha llevado a proponer ciertas  estrategias que podrían beneficiar a todos los involucrados en la situación, incluyendo al municipio.

“Pagar impuestos es una de las estrategias que nosotros tenemos. Después de que termine el registro, ya teniendo claro cuántos motocarros hay en el municipio de Soledad, nosotros vamos a darles un plazo al gremio para que hagan el traslado de matrícula y podría demorarse aproximadamente de 3 a 6 meses, para que  entre el recaudo y podamos hacer inversiones, mejorar el tema de vías y muchas otras cosas”, aseguró Emilio Sánchez Chapman, director de Tránsito y Movilidad de Soledad.

Con respecto al control en el número de vehículos circulantes, el director de Tránsito afirmó que tiene pensado adoptar la iniciativa de disminución de impuestos para los motocarros manejados por el propio dueño. De esta manera, las personas cuyos ingresos realmente dependan de esta actividad -que en este momento no ha sido legalizada- no se vean afectadas con el tema de los pagos. Por otro lado, aquellos que tienen muchos motocarros (20, 40 y hasta 50) y que aún no se conoce el número exacto, se aumentaría el tema de los impuestos. “Esta es una de las tantas estrategias a las cual el Instituto le está apostando”: manifestó Sánchez Chapman.

Problemática transversal

Esta ausencia tributaria a la cual se refiere Sánchez Chapman ha sido precisamente unas de las principales aristas que atraviesan esta problemática. Jorge Quintero, economista y docente- investigador de la Universidad del Norte, aseguró que las repercusiones económicas de esta situación son diversas. “Por un lado, están las implicaciones fiscales para el distrito, producto de que los “motocaristas” prestan un servicio público de manera informal, por lo tanto no están debidamente registrados ante la autoridad de tránsito y no están pagando impuestos”, afirmó Quintero.

Por otro lado, el académico recalca que, debido a la informalidad de este servicio, existen también riesgos de seguridad tanto para los conductores como para los pasajeros: “Al no estar asegurados los vehículos, es posible que eventualmente ante algún accidente no haya nadie que pudiera responder”.

Futuro incierto

De cualquier manera, a pesar de la ilegalidad de este servicio y de todas las implicaciones que esto conlleva, se debe tener en cuenta que es una de las principales fuentes de empleo en el municipio. Esta actividad permite a numerosas familias obtener ingresos para poder suplir sus necesidades. Ese es el caso de Rafael Osia, un conductor que lleva más de 4 años en esta labor. “Este es un trabajo como cualquier otro. Allá en la casa, por ejemplo, si mis hijos o yo necesitamos algo, lo sacamos de la tarifa. Es una ayuda”, afirmó Osia.  Dicha tarifa, que actualmente ronda los cuarenta mil pesos, ha sido el sustento económico de numerosos habitantes de la comunidad soledeña.

Esta posibilidad de obtener ingresos fue lo que, entre otras razones, permitió a este medio de transporte –en el año 2001, bajo el mandato de Alfredo Arraut– tener un enorme impacto social.  “A partir de ese primer ensayo”, aclara Arraut,  “esos 30 jóvenes que se encontraban desempleados tuvieron la forma de captar dinero trabajando”.

Desde entonces, miles de habitantes del municipio tienen la posibilidad de movilizarse  en un medio de transporte que, a diferencia de los buses, cuenta con la ventaja de dejarlos en las puertas de sus casas. No obstante, a pesar de que el motocarro es el medio de transporte público más demandado por parte de los soledeños, éste sigue sin ser reconocido por el Ministerio de Transporte. Y no sé sabe hasta cuándo será así. Mientras tanto, aquella Soledad de antaño, cuyo nombre se acoplaba muy bien a las dinámicas del municipio, seguirá pareciendo algo lejano para las personas que hoy la habitan. Todo esto producto de algo que, al parecer, es ilegal pero necesario.