Después de mas de 10 horas de debate la Cámara de Representantes aprobó la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, se produjeron varios cambios. Entre éstos, se cuenta el propuesto por Efraín Torres Monsalvo, representante a la cámara por el Partido de la U ante la JEP, que con apoyo total del cuerpo colegiado, excluye de la Jurisdicción Especial para la Paz a los violadores de menores.
“Ante la JEP es una realidad que los violadores y asesinos de niños miembros de las Farc recibirán las penas de la justicia ordinaria, con penas en centros carcelarios, y no los beneficios de la jurisdicción de paz con penas bajas y trabajo restaurativo. Así defendemos y reparamos a todos esos niñas y niñas que fueron abusados sexualmente mientras estuvieron en manos de la guerrilla, una violación o la explotación sexual no tienen nada que ver con el conflicto armado”, comentó Torres.
El 49,6% de las víctimas del conflicto armado colombiano entre 1985 y 2013 son niños y jóvenes.
Defendamos nuestra niñez y pidamos al Gobierno que los delitos sexuales contra menores sean excluidos de la JEP. #JusticiaConNuestrosNiños pic.twitter.com/IQhEPmlyWv— Efrain Torres (@efraintorresmon) 21 de noviembre de 2017
Cabe resaltar que ésta ha sido la primera votación unánime presentada en la Cámara de Representantes, alcanzando 98 votos a favor y ninguno en contra.
Reacción desde el ejecutivo
Por su lado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se mostró en desacuerdo con la decisión de la Cámara, alegando que existe una cierta incomprensión de los mecanismos de la JEP:”Quienes han insistido en esta proposición, que fue aprobada en Senado y en Cámara, lo que hacen es introducirle a este sistema de justicia transicional un elemento propio del sistema retributivo del sistema punitivo, que es el que rige a la justicia ordinaria”.
El representante del ejecutivo comentó, también, que la Corte Constitucional podría llegar a realizarle modificaciones al artículo, agregándole sanciones más severas a aquellos culpables del delito de violación de menores, pero siendo juzgados en el marco de la justicia transicional.