El Ministerio de Educación trasladó las investigaciones contra la Universidad Autónoma del Caribe a la Fiscalía debido al presunto incumplimiento de normas estatutarias e irregularidades relacionadas a los contratos, pagos, gastos y manejo contable.
Las denuncias por parte de los funcionarios de la Universidad Autónoma del Caribe han sido incesantes, se estima que hasta la fecha, la institución le debe a sus funcionarios más 24.000 millones de pesos en salarios, cesantías, seguridad social, aportes en pensión, vacaciones, primas legales y libranzas. Incluso, muchos de ellos no tienen acceso al servicio de salud, pues la institución se encuentra en mora con los aportes de seguridad social, según han informado las Entidades Promotoras de Salud.
El Ministerio de Trabajo formuló cargos en contra de UniAutónoma por los incumplimientos en los pagos que se vienen presentando en los últimos meses. De comprobarse la violación de las normas laborales, la Dirección Territorial del Atlántico podría imponer sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos, alrededor de $4.300 millones.
Por su parte, la ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha, firmó las resoluciones número 01445 y 01446 del 2 de febrero de 2018, las cuales abren dos nuevas investigaciones administrativas preliminares a la UAC y sus directivos.
La primera de las investigaciones está relacionadas con presuntas irregularidades en el orden financiero, administrativo y contable que han afectado el patrimonio de la Universidad. La segunda, por presunto incumplimiento de normas estatuarias, en las que se busca establecer si se ha incurrido en alguna falta de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo irregularidades en el proceso de asignación de becas, auxilios y descuentos educativos para los estudiantes.
Este miércoles, el Ministerio de Educación decidió trasladar la investigación a la Fiscalía General de la Nación, a la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera, DIAN, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y Junta Central de Contadores; y enviar a estas entidades la información recuperada hasta el momento en el proceso.
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