En un reciente estudio de la Contraloría General de la República, los bosques del país están en riesgo a causa de la creciente pérdida de cobertura forestal en las Zonas de Reserva Forestal constituidas por la Ley 2da de 1959.
Dicho estudio realizado por la Delegada para el Medio Ambiente de la CGR afirma que los bosques han alcanzado altos niveles de degradación y deterioro ecológico críticos. Esto significa que la deforestación en la nación ha avanzado de forma acelerada.
Las conclusiones del seguimiento de la Contraloría arrojan como resultado que “el Estado ha sido incapaz de contener los múltiples factores de degradación forestal y destrucción ecológica que han impedido que ellas cumplan el fin para el cual fueron establecidas”. De las más de 63 millones de hectáreas declaradas originalmente solo quedan 48 millones, lo que supone una reducción del 22%. De las 48 millones de hectáreas restantes, sólo el 83% cuenta con cobertura de bosques, de esta manera se denota el ritmo acelerado de la pérdida de cobertura forestal, con una tasa de pérdida anual de 194 mil hectáreas.
La investigación también asegura que el Gobierno Nacional, a través de una reciente Resolución (0264 del 22 de febrero del 2018) ha abierto el camino para legitimar acciones irregulares o delictivas. Dichas actividades serían cultivos ilícitos y ocupaciones ilegales, que afectan las zonas forestales. La Resolución desarrollada por el Ministerio de Ambiente, permite la “realinderación” o sustracción de porciones de áreas protegidas para ser utilizadas por corporaciones regionales autónomas, quiénes serían las encargadas de realizar estudios de diagnóstico para determinar el futuro de dichos espacios.
El estudio alega el deterioro de las zonas al cambio en el uso del suelo causado por el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la tala ilegal, la minería, y los efectos de los crecientes cultivos ilícitos. Asimismo, la Contraloría señala la ausencia total de seguimiento a las sustracciones efectuadas desde que se establecieron estas áreas.
La posición de la Contraloría frente a los hechos es la siguiente: “El Gobierno Nacional, con la Resolución 0264 de febrero de 2018, abre el camino para que se legitimen las actuaciones irregulares e incluso delictivas que dieron paso al deterioro de las reservas forestales y de los ecosistemas que ellas contienen, a través de la realinderación, lo que representa un riesgo significativo de pérdida de diversidad biológica, prestación de servicios ecosistémicos, e insuficiencia de información para la toma de decisiones; y pone de manifiesto la incapacidad del Estado para evitar o atacar los factores de deterioro de estas zonas”.
Al final del comunicado de prensa de la CGR, se agrega que el proceso de denuncia de afectaciones al medio ambiente es ineficaz y tedioso. Se critica la larga lista de entidades a las que el denunciante acude, entre estas la Autoridad Ambiental, la Policía y la Fiscalía. Es un largo proceso en el que no se obtiene respuesta alguna. Además, los denunciantes se exponen a amenazas, provocando desmotivación en el control social.
Foto: parquescolombia
