Por: Natalia Cortés y equipo El Medidor (Foto @minjusticiaCo)
Este artículo fue elaborado por la sección El Medidor, el nuevo espacio del periódico El Punto, para verificar información.
Personaje: Gloria Borrero (ministra de Justicia)
Fecha de los trinos: 5 de septiembre de 2018
“Los médicos no pueden expedir recetas de drogas que no son legales. Para demostrar que es un adicto la persona puede acudir al testimonio de sus padres. La Policía, en el proceso verbal, definirá si le cree o no. Vamos a sacar la droga de las calles”.
“Con esta medida estamos dándole un golpe a los jíbaros y protegiendo a los niños y adolescentes. Creo que sacar las drogas de las calles nos va a permitir dar resultados en la lucha para combatir el consumo”.
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El presidente Iván Duque y el partido del Centro Democrático (CD) han liderado una lucha en contra de la dosis mínima, que viene desde la fundación del CD en 2013. Lo anterior se hace evidente con el Decreto emitido por el presidente Iván Duque en días pasados, así como con las declaraciones entregadas en septiembre pasado por la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero, que terminan por fortalecer lo que dice el artículo 140, del Código de Policía del 2017.
En Caracol Radio, Borrero dio detalles del Decreto que expidió Presidencia de la República y tiene validez desde el mes de octubre. Si bien hace énfasis en que no se trata de una penalización, aclara que se trataría de una prohibición con excepciones ínfimas a la regla. El Medidor tomó dos de los trinos de la Ministra de Justicia y del Derecho sobre el tema y revisó con expertos la trascendencia y los antecedentes de la medida sobre dosis mínima.
El artículo “Dosis mínima en Colombia”, de la abogada especialista en Derecho de Familia, María del Pilar Ortíz, dice que no hay claridad sobre la cantidad mínima de sustancias de estupefacientes que una persona puede portar para su consumo personal.
Con el decreto emitido por el presidente Duque, se mantiene la incertidumbre de la legislación anterior ante la cantidad de la dosis y la garantía de que los portadores sean realmente adictos. Como describe Borrero, el procedimiento que pretende accionar la Presidencia de la República sería volver a matices previamente encontrados en la Ley 30 de 1986 que persigue directamente a los consumidores y pretende que la rehabilitación de los adictos se de en un ambiente familiar. Estas medidas se han probado insuficientes para el control de las drogas y la cantidad de dosis mínima presupuestada desde esta ley es foco de polémicas por ser cambiante, según los casos individuales.
Otro detalle en las declaraciones del Ministerio de Justicia es la forma cómo serían vistos los potenciales adictos y consumidores recreativos. Eso preocupa de las declaraciones de la Ministra cuando habla de los “jíbaros”. Sumado a esto, el Gobierno quitará la potestad a los médicos en torno a determinar si un individuo es efectivamente adicto y delega esa tarea a la Policía Nacional.
Según el artículo “La dosis mínima en Colombia”, el Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia ha llevado a la reflexión a pasados esfuerzos de control de drogas. Este apartado expone que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Con esto en cuenta, varios intentos de prohibición total de la dosis mínima han sido frenados por su carácter inconstitucional. Según el artículo “Despenalización del consumo de la dosis personal de estupefacientes”, de Carlos Gaviria Díaz, por las razones expuestas en el Artículo 16, en 1994 se sentenció la Ley 30 de 1986 por su inconstitucionalidad.
La gran pregunta es: ¿Esta es la manera de sacar la droga de las calles? El politólogo, profesor e investigador Carlos Guzmán opina que no es suficiente y que el Gobierno es muy lineal a la hora de pensar en una política antidrogas. “En ausencia de una política clara que ataque el cultivo y el narcotráfico, el Gobierno decide usar una herramienta que de alguna forma existía. Decide usar el Código de Policía del 2017 que dice que sin ningún protocolo se decomisa la droga que se porte en la calle. Los policías ya no están en las calles. Los operativos se llevan a cabo en colegios y universidades. Yo estoy de acuerdo que se intervenga en colegios, pero detrás del consumidor no puede esconderse el distribuidor. La medida que están tomando es necesaria como medida de choque, pero no va a ser la solución. Además, los operativos hasta ahora no han sido los suficientes para poder hacer un cambio. Hay una ausencia de política publica para combatir la drogadicción, cultivos y seguridad. Encima de todo, hay un problema de campo. De economía campesina que se lleva a cabo en la otra Colombia que desconocemos. A partir de que se quite la mirada punitiva por una social, la cosa va a comenzar a cambiar.”
Guzmán argumenta que las drogas son un problema transnacional que no puede centrarse en el microtráfico como foco de la lucha por el control del consumo y la venta de estupefacientes. Sin embargo, está de acuerdo con operativos policiales que se lleven a cabo en instituciones educativas y lugares donde conviven menores de edad.
Por su parte, Susana Fergusson, asesora del Ministerio de Salud y Protección Social en temas de drogas para el periodo 2007-2013, critica cualquier actitud represiva para el control de las drogas. “El tema del consumo es que no todo consumo es problemático. Lo primero que hay que hacer es revisar el concepto. Tipos de consumo, tipos de sustancias y de contextos. Los traficantes son otro rollo. No se deberían penalizar a los consumidores. Es un tema de salud pública, de salud mental, evidentemente. Soy partidaria de la regulación. A corto plazo, las cosas mejoran con eso. Pero además de salud pública, es un problema de educación y de oportunidades.“
Sobre si los policías están preparados para determinar si alguien es adicto, Fergusson critica la postura de los policías ante los operativos de incautación de dosis mínima y sostiene de que la Policía no está capacitada para tal labor. “Es más de lo mismo. Es el sistema represivo y la mirada de control como si fuera por ‘el bien’ del individuo. Además, los policías no están preparados para esos operativos. La Policía es corrupta y le falta educación. Los que están en las calles patrullando viven precariamente. Son apretados por el sistema y es muy duro. Son movimientos chiquitos pero apretados que intentan hacer las cosas bien. Además, no saben de salud pública. Los educan para ‘poner estrellas’. Los falsos positivos eran ‘estrellas’ y ese sistema se repite. Te premian si capturas o incautas. No tienen autocontrol. Es una estructura puramente represiva. No están preparados para orientar”.
ENGAÑOSO
Las afirmaciones de la ministra de Justicia y del Derecho Gloria Borrero nos resultan engañosas por la poca fundamentación que tienen los parámetros del Decreto que acaba de expedir el Presidente de la República. Así, ninguna de las acciones descritas tienen una efectividad completa. Con los testimonios y fuentes utilizadas, lo decretado se podría comprobar como acciones a las cuales han acudido los gobiernos históricamente que terminan siendo inútiles para darle fin a la problemática de drogas del país.
