La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, presentó ante la prensa la decisión de cambiar el rumbo en el proceso de búsqueda de un nuevo operador de energía para la Región Caribe colombiana.
Suárez agrega que se necesita de un proceso legislativo que apruebe durante el primer periodo legislativo de 2019 estudiando la estabilidad a largo plazo y generar mayor competencia y participantes en el mercado. Las garantías del fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos serán los recursos que respaldarán las inversiones de este asunto en progreso.
A su vez la superintendenta de Servicios, Natasha Avendaño, precisó que la intervención y apoyo a Electricaribe continua mientras se defina el proceso del nuevo operador luego que la única empresa disponible no lograra cumplir con los requisitos.
Tras la reunión con la Bancada Caribe y el presidente Iván Duque, el Gobierno Nacional asumirá el pasivo pensional de la compañía estimado en 1,2 billones de pesos. Con esta salida, se busca la protección a los empleados y ex empleados y mejora de la estructura financiera para hacerla más atractiva a futuros inversionistas.
El Ejecutivo también reveló que el mercado de la costa Caribe se podrá segmentar en dos o más, por lo que incluirá criterios de técnicos, financieros y de equidad contrarios a las recomendaciones de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
Con el proceso a punto de reiniciar durante el primer trimestre de próximo año, tanto el segundo como el tercer trimestre serán claves para la fase de precalificación de los proponentes y la recepción de ofertas.
Hasta el cuarto trimestre, tanto la Presidencia como el Ministerio de Minas y Energía anunciaron que se espera contar con el servicio de los nuevos operadores por lo que habrá que esperar que se resuelva la crisis y que dos o más compañías puedan asumir el reto.
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