Por: Marlon Barros
El pasado jueves tuvo lugar en Bogotá una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para debatir acerca de la prohibición del uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el marco de la discusión de la sentencia T-236 del 2017.
La audiencia inició con la intervención del presidente Iván Duque. El mandatario se mostró esquivo al mencionar que el verdadero debate “no es sobre un herbicida, sino sobre el crecimiento de cultivos ilícitos en el país”.
Aseguró, además, que entre el año 2013 al primero de agosto de 2018 el país tuvo el crecimiento más rápido de la historia en cultivos ilícitos, donde se quintuplicaron y crecieron un 64% cada año.
La siguiente en intervenir en la sesión fue la Ministra de Justicia Gloria María Borrero, quien respaldó al gobierno. Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud, continuó, asegurando que los estudios sobre nocividad del glifosato aún se mantienen en discusión para así “determinar el nivel de riesgo razonable que sería aceptable ante un eventual programa de aspersión aérea”.
El Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano Picón, siguió con la tesis de Duque, indicando que “los cultivos de coca causan una seria afectación al medio ambiente”, incrementando la deforestación. Afirmó, asimismo, que el narcotráfico es culpable de daños graves en territorios nacionales, en especial en parques naturales.
Por su parte, el Ministro de Justicia, Guillermo Botero, se centró en los conflictos armados que se disputan en las principales zonas donde se cultiva coca y donde se concentra el narcotráfico. “El narcotráfico amenaza el Estado de Derecho”, aseveró, y manifestó que en 2017 y 2018 la mayoría de homicidios de líderes sociales se presentó en departamentos donde existen cultivos ilícitos.
Jarrison Gómez, personero de Nóvita, el municipio chocoano que motivó a que se convocara la audiencia, resaltó la falta de presencia del Estado en los diferentes municipios donde la mayoría de residentes son campesinos. “Hagamos efectivo el estado social de derecho y mantengamos la defensa de los campesinos”, dijo.
Además, reafirmó su posición a favor de la sentencia de la Corte Constitucional, y señaló que, a falta de compromiso por parte del gobierno, es la Corte quien debe tomar la última palabra: “No es un secreto para nadie los efectos nocivos del glifosato para el país. Las órdenes dadas por la Corte Constitucional fueron adecuadas”.
Cabe resaltar también que el funcionario defendió las comunidades de las acusaciones y prejuicios ocasionados por distintos señalamientos. “No nos hace paracos ni guerrilleros practicar minería artesanal o cultivar coca”, exclamó.
Camilo Romero, gobernador de Nariño, y Víctor Darío Luna, presidente del Consejo Comunitario de Nóvita, fueron otras dos voces que se opusieron a reactivar la fumigación con el químico. Romero afirmó que usar glifosato en el departamento de Nariño no solo significaría derramar 3,8 millones de litros, sino que también desataría una crisis humanitaria.
Luna, por su parte, se dirigió directamente a los magistrados de la Corte, expresándoles el rechazo a las comunidades por parte del Gobierno: “Yo quisiera que le preguntaran al Presidente, señores magistrados, por qué los habitantes de Nóvita cultivan coca. No es nuestra identidad; es porque el Estado nos ha abandonado”. Andrés López Restrepo, experto en política antidrogas del IEPRI de la Universidad Nacional, lo acompañó en ese punto de vista.
En sus intervenciones, el fiscal Néstor Humberto Martínez y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, estuvieron del lado del gobierno. Según Pérez, Colombia es “sinónimo de cocaína en el mundo”, y Martínez dijo que el daño que es causado por el herbicida es el mismo que pueden causar el café y las carnes rojas. Algo parecido argumentó Keith Solomon, profesor emérito de la Universidad de Guelph, Canadá.
Sorrel Aroca, gobernadora de Putumayo, expuso el caso de su departamento, y mencionó que, si bien su intención no era centrar por completo la discusión en el herbicida, sí es necesario un mayor compromiso con las familias y con los acuerdos de sustitución de cultivos.
A su vez, el exministro de Salud Alejandro Gaviria presentó evidencia basada en tres estudios diferentes sobre los efectos del glifosato en animales y humanos, e indicó que hay mayores evidencias sobre los efectos negativos en la salud que sobre la eficiencia en la erradicación de cultivos ilícitos.
Las opiniones se fueron dividiendo cada vez más durante toda la jornada, y se contó con expertos de talla nacional, como Lila Gómez, de la Universidad Nacional, quien aseguró que solo el 30% del glifosato llega a la mata de coca, y talla internacional, como David Eastmond, toxicólogo de la Universidad de California, el cual señaló que ante exposiciones muy altas de glifosato puede haber riesgos, pero no en condiciones normales.
El expresidente Juan Manuel Santos fue uno de los protagonistas del debate. En su intervención habló sobre su experiencia como ministro y como mandatario, y subrayó la experiencia adquirida en Colombia en materia de lucha contra la ilegalidad y el narcotráfico de manera equivocada. Recalcó, así mismo, que suspender la aspersión no es sinónimo de aumento de cultivos ilegales, y recordó que “los años 2006 y 2007 fueron los de mayor aspersión en la historia y la producción se incrementó”.
Santos puso a consideración de la Corte y de la audiencia dos ideas principales, la primera fue que “la única forma efectiva y duradera de combatir la producción de hoja de coca en nuestro país es mediante procesos de sustitución voluntaria”. La segunda, que retomar la aspersión con glifosato es un error, dado que “es una estrategia que ya demostró su ineficacia e ineficiencia”.
La ponencia que prosiguió fue la del general Jorge Luis Ramírez, director de la Policía Antinarcóticos y único representante de la fuerza pública en toda la discusión. Ramírez fue acérrimo defensor de la aspersión aérea. Álvaro Balcázar Vanegas fue el siguiente orador en pro del glifosato.
Diana Rodríguez, directora de Dejusticia, habló como defensora de la decisión de la Corte, al igual que Nidia Quintero, de la Coccam y Camilo González, de Indepaz.
Emilio Archila fue el próximo ponente del lado del gobierno, mientras que Kristina Lyons, de la Universidad de Pennsylvania, afirmó que “la población no quiere más veneno”. La discusión terminó luego de la intervención de César Gaviria en contra de las asperciones aéreas.
Lo siguiente en la agenda es aguardar por la decisión final de la Corte Constitucional, a saberse en las siguientes semanas.
Foto: Corte Constitucional
