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Por Juan Roa De Ávila

La jueza 40 de Bogotá con funciones de control de garantías ordenó la libertad del alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda y al alto consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa, en el marco de las investigaciones que se les adelantan por las presuntas irregularidades en el contrato de remodelación del coliseo deportivo Miguel Happy Lora de Montería.

A pesar de que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para ambos funcionarios, la jueza del caso, después de tres días de investigación, convirtió varios argumentos presentados por el ente investigador y resolvió –además de no encontrar inferencia de participación en los hechos- que tanto Pineda como Correa no representan un peligro para la sociedad, por lo que podrán defenderse en libertad y, aunque seguirán vinculados al proceso, podrán seguir desempeñando sus cargos al frente de la Alcaldía y la Presidencia de la República, respectivamente.

“Estoy tranquilo de que pudimos demostrar de que no hay peculado, que no hay interés indebido de contrato y no se perdió un solo peso, y que lo único que hicimos fue ponerle todo el interés para que esa obra tan importante para Montería fuera entregada, como finalmente fue entregada y recibida por el DNP. Por eso he pedido una licencia en mi cargo, para no interferir de ninguna forma con la investigación”, dijo el alto consejero, Carlos Correa, a la salida de los juzgados de Paloquemao en Bogotá.

A su vez, el alcalde de Montería se mostró tranquilo con el dictamen de la jueza y dio a conocer que a pesar de que estos han sido días “difíciles” en su vida pública, seguirá trabajando por la ciudad.

“Estos han sido los días más difíciles de mi vida pública pero siempre tuve la tranquilidad del hombre inocente y la fortaleza del hombre de fe. Quiero agradecer a todos los monterianos por su confianza, por su apoyo, por su solidaridad en estos momentos difíciles”, manifestó Pineda también a la salida de la audiencia a la que no le fue permitida la entrada a los medios de comunicación.

El ente acusador señaló a los dos funcionarios por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación por las supuestas anomalías y sobrecostos en la celebración de varios contratos firmados en el año 2011 entre la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Gestión Social por un valor cercano a los 12.500 millones de pesos.

El anterior tenía como objetivo mejorar las instalaciones del Coliseo Miguel Happy Lora para los Juegos Nacionales  de 2012, escenario que, según la Fiscalía, no se entregó a tiempo por sobrecostos en la licitación y los retrasos injustificados.

En el proceso también están involucrados Pascual Guerrero, director del Fondo Mixto para el Deporte y Samuel Mora, interventor de la obra, quienes el sábado pasado quedaron libres por vencimiento de términos, al cumplirse más de las 36 horas como límite de tiempo para la legalización de las respectivas capturas.

Declaraciones de Marcos Pineda a la salida del Complejo Judicial de Paloquemao:

Foto vía: @elheraldoco/ Twitter

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