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Por: Marlon Barros

En abril comenzaron los días más agitados en materia legislativa, con una audiencia pública sobre las objeciones del Gobierno a la Ley Estatutaria de la JEP dentro de la Cámara de Representantes.

La Subcomisión encabezada por Juanita Goebertus, John Jairo Cárdenas, Carlos Ardila, David Racero, Jaime Felipe Lozada, Álvaro Hernán Prada y José Daniel López escuchó diferentes posturas sobre los reparos del presidente Iván Duque y presentó una ponencia al respecto.

Juristas y académicos van en contra de las objeciones

Este lunes, la subcomisión de la Cámara encargada de estudiar las objeciones del presidente Duque, inició sus actividades con una audiencia pública que contó con diferentes expertos que analizaron los reparos del mandatario y se pronunciaron al respecto. Rodrigo Uprimny, jurista e investigador, inició la agenda.

Uprimny se dirigió directamente al presidente. Le recomendó “tener la grandeza” de retirar las objeciones y discutir los aspectos consagrados en ellas “en leyes ordinarias”. Para el constitucionalista, cuatro de las objeciones son inconstitucionales.

Finalmente, resaltó el papel del Congreso dentro de la discusión de los peros del primer mandatario, instándolos a que, si los consideran inválidos, “tengan la grandeza” para rechazarlos.

Patricia Linares y Danilo Rojas también hicieron acto de presencia dentro de la audiencia. Ambos coincidieron en que las observaciones del mandatario no son por conveniencia, sino de carácter constitucional. “Las objeciones se ocupan de debatir decisiones ya adoptadas por la Corte Constitucional, dijo la presidenta de la JEP.

Linares también afirmó que no es relevante el hecho de que solo sean seis las objeciones. Para la jurista “no es un tema cuantitativo”, y comparó a la JEP con un edificio, ubicando a la Ley Estatutaria como viga madre “a la que se pretende sacar seis bloques fundamentales”.

Por su parte, Rojas aseveró que las seis objeciones son inconstitucionales: “Ninguna de estas objeciones realmente pasa un examen de constitucionalidad”.

Kyle Johnson, analista del International Crisis Group, tomó la palabra y habló de los riesgos de la reinserción en las armas de algunos excombatientes luego del escenario de las objeciones. “Sí existe un riesgo de que las objeciones a la JEP, aprobadas, hagan más probable que algunos miembros de las FARC vayan a las disidencias, pero no todos por igual”, comentó.

El investigador explicó que desmovilizados como Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Carlos Lozada están comprometidos con los Acuerdos de Paz aunque las objeciones sean aprobadas. No obstante, un grupo de excombatientes como Iván Márquez y alias Romaña sí corren el riesgo de unirse a las disidencias, aunque tal vez no sean bien recibidos.

Esteban Hoyos, profesor de EAFIT, estuvo severamente en contra de las objeciones del presidente Duque. Al pronunciarse sobre el texto de las discrepancias del primer mandatario, lo comparó con escritos de sus alumnos: “Si este texto fuese un trabajo como los que hacen mis estudiantes, la nota no sería aprobatoria”.

El Gobierno defiende las objeciones

Por el lado del Gobierno, Francisco Barbosa, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, pidió adelantar un debate profundo sobre el proyecto de ley dentro del Congreso. Además, expuso que, para él, la columna vertebral del Proceso de Paz no es la JEP. Finalmente, confirmó que “si el Congreso rechaza las objeciones, el presidente las va a sancionar”.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez siguió la línea del Gobierno y advirtió sobre los posibles riesgos que, según él, enfrentaría el país con la llegada de la Corte Penal Internacional si no se aprueban las objeciones. Además, a su juicio, las competencias de la Fiscalía se acabarían si la Ley estatutaria se mantiene como está.

Para culminar la sesión, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez salió en defensa del Gobierno y sus reparos. Afirmó que el presidente no busca controvertir las decisiones de la Corte Constitucional, y aseguró que las objeciones “son convenientes para garantizar que haya seguridad jurídica”. En conclusión, hizo un llamado al Congreso para “proponer un acuerdo político y revisar las reformas que requieren estos seis artículos”, para que la ley logre sancionarse antes del 20 de julio.

Víctimas y acusados también hicieron valer su palabra

Ximena Ochoa, representante de víctimas del conflicto armado, salió en defensa del presidente y sus objeciones. Para ella, los reparos del mandatario defienden a las víctimas y sus derechos.

Por otro lado, Consuelo González de Perdomo, excongresista por el Partido Liberal y víctima de secuestro de las FARC, expresó su confianza hacia la JEP. Desde su postura de víctima, señaló que el papel de la institución es “importantísimo para que las víctimas tengan la posibilidad de conocer la verdad”.

Erick Arellana habló en representación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y rechazó las observaciones presidenciales. “Todo ataque a la JEP es un ataque a la esperanza de las víctimas”, afirmó.

La siguiente en subir al atril fue Tania Parra, defensora de los militares señalados de falsos positivos ante la JEP, quien contradijo los argumentos de Néstor Humberto Martínez y le pidió al Congreso no tramitar las objeciones.

¿Qué dijo la Cámara?

Alianza Verde, Decentes, el Partido Radical, el Partido de la U y el Partido Radical, representados por Juanita Goebertus, José Daniel López, David Racero, Carlos Ardila y John Jairo Cárdenas, buscaron rechazar los reparos del presidente Duque a través de una ponencia radicada este martes.

Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático y Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, se abstuvieron de firmarla, y podrían radicar una distinta.

En el documento, los representantes le pidieron a la Plenaria de la Cámara rechazar las objeciones a la Ley Estatutaria, y así dar vía libre a la misma. Según sus planteamientos, los reparos serían discutidos este mismo miércoles en la sesión de pleno de esta corporación. “Como la ley estatutaria fue aprobada durante la vigencia del fast track, tiene trámite prioritario, el informe debe ser discutido este miércoles”, explicó Juanita Goebertus, del Partido Verde.

John Jairo Cárdenas, representante del Partido de la U, hizo un llamado a que se logre un acuerdo con las fuerzas políticas del Gobierno. Afirmó, además, que “el presidente de la República se equivocó en el camino que eligió para introducir cambios en los Acuerdo de Paz y a la Ley Estatutaria”.

Para José Daniel López, de Cambio Radical, las objeciones del presidente “no son contra un proyecto de ley sino contra una sentencia judicial que, según la Constitución Política del 91, ya hizo tránsito a cosa juzgada”. Advirtió, además, que el Congreso no debe tramitarlas, pues esto obstruiría el principio de separación de poderes al priorizar la Rama Ejecutiva sobre la Judicial.

David Racero, de la Lista de la Decencia, resaltó el escenario de incertidumbre al que está sometido el país. Según el representante bogotano, estamos frente a “un marco de incertidumbre en la guerrillerada desmovilizada, en los miembros de la fuerza pública que ya se han presentando ante la JEP, y, más aún, entre las víctimas del conflicto que hoy están esperando los avances de la justicia transicional”.

Asimismo, Juanita Goebertus, representante del partido Alianza Verde, reiteró la “decisión multipartidista de invitar a los demás miembros de la Cámara de Representantes a rechazar las objeciones”. Instó también a un gran pacto nacional” para transformar los territorios afectados por el conflicto armado.

Por último, Carlos Ardila, congresista del Partido Liberal, no solo invitó a la Cámara a desaprobar los reparos del Gobierno, sino que también se dirigió directamente al presidente Iván Duque: “Presidente, estamos con toda la disposición para construir un mejor, estamos para ayudar a implementar los acuerdos en favor de los colombianos. Tenemos toda la disposición para construir, para escuchar”.

¿Y ahora qué sigue?

La intención inicial, debido a la especial importancia de la implementación de un proyecto como el de la Ley Estatutaria y el marco jurídico para la Jurisdicción Especial para la Paz, era la de discutir las objeciones de Iván Duque el 3 de abril. Esto lo reiteró Juanita Goebertus en la Plenaria de la Cámara de Representantes hoy, 2 de abril.

Goebertus señaló que la obligación del Congreso era la de iniciar “con absoluta prelación” la discusión referente a las observaciones del presidente a la Ley Estatutaria: “Estamos listos para debatir mañana. Lo contrario sería ir en contra de la orden de la Corte que nos obliga a aplicar el fast track, el procedimiento legislativo especial”.

No obstante, luego de la Plenaria de hoy, en la que se votaron y aprobaron diferentes proyectos, el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, citó el próximo debate y la próxima votación sobre los reparos para el próximo lunes 8 de abril.

El panorama no pinta bien para quienes apoyan las objeciones. Las bancadas que se oponen a los reparos parecen ser mayoría.

Con los 65 escaños de los partidos independientes (Partido Liberal y Cambio Radical) yéndose contra el presidente y uniéndose a los 24 congresistas declarados en oposición, son en total 89 los representantes que no permitirán que las observaciones de Duque tengan vía libre, frente a 82 afines al Gobierno.

Esto sin contar al Partido de la U, que en los últimos días ha buscado ratificar su negativa frente a las objeciones del primer mandatario. Si los 25 representantes de la Unidad Nacional se van en contra del Gobierno, la mayoría podría ser arrolladora.

Si este es el escenario predominante, el Congreso no acogería las objeciones planteadas por el presidente Duque. En ese hipotético caso, Duque deberá sancionar el Proyecto de Ley tal y como está. En caso de que no lo haga, esa función recaerá sobre el presidente del Senado, Ernesto Macías.

En cambio, si los reparos son aceptados, la Ley deberá incluir los ajustes discutidos y podrá ser sancionada.

Foto: Cámara de Representantes

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