Ya pasó un año desde que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a dos personajes relevantes dentro de la política nacional. Uno, evidente e históricamente, más relevante que el otro, por muy obvias razones.
En medio de un pleito judicial con el congresista Iván Cepeda Castro, el 24 de julio de 2018 se expidió el radicado 52240. Por medio de este se confirmaba la inhibición del alto tribunal para abrir investigación formal contra el miembro del Polo Democrático. El motivo: Al personaje más relevante de la política nacional de las últimas décadas le salió el tiro por la culata.
Audios claves, pruebas reina y un delator “esta llamada la están oyendo esos…” fueron elementos cruciales para la elaboración de un documento de trece páginas. Lo que allí dice es que un par de personas, entre ellas “el presidente del Centro Democrático del Huila, (…) de apellido Prada”, emprendieron nuevas acciones para manipular de testigos.
Entre ellas, buscaban pedirle a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo estrella, diferentes retractaciones en relación a los señalamientos que, gracias a él, pesan sobre Santiago Uribe Vélez y su siempre incuestionable hermano. Según Monsalve, los hermanos Uribe Vélez son los encargados de la conformación del Bloque Metro de las AUC. Iván Cepeda fue quien hizo público su testimonio, en primera medida a través de una columna publicada en El Tiempo.
Sobre el pudiente exgobernador de Antioquia, entonces, no solo reposaban —o reposan— acusaciones por supuestamente ser parte de la historia paramilitar de su departamento y del país. Ahora también por cometer fraude procesal y falsear testigos. La reacción inmediata del ahora senador fue una titubeante dizque renuncia al Congreso.
Ahora bien, casi tan importante como repasar los hechos por los que esa persona, que aún no menciono en esta columna, está siendo investigada, es importante retomar otro asunto que a todos por igual nos compete preguntarnos. ¿Cuándo será la fecha en la que los implicados comparecerán ante la justicia?
Tanto aquellos que con brío buscan defender al casi siempre indefendible caudillo y apoyan la idea de una persecución contra él, como aquellos que han respaldado a la Corte en la disfuncional relación entre los dos, tienen el deber de saber por qué no se ha hecho efectivo ese llamado a indagatoria.
El treinta de julio de 2018, seis días después de que existiera el llamado, la fecha para el más poderoso fue fijada para el 3 de septiembre de ese año. El apellidado Prada debía atender al llamado el día siguiente. Sin embargo, el 31 de agosto el alto tribunal suspendió la diligencia, pues estaba estudiando una recusación interpuesta por el expresidente y senador, así como dos nulidades.
El 8 de febrero de este año, la Corte Suprema se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Afirmó que estaba “estudiando proyecto de providencia para resolver todas las solicitudes de la defensa”, entre ellas la nulidad. Diez días después, oficialmente negó esa petición.
En proceso por delitos de soborno y fraude procesal contra los congresistas @AlvaroUribeVel y @ALVAROHPRADA, #SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ estudia proyecto de providencia para resolver todas las solicitudes de la defensa, entre ellas las peticiones de nulidad.
— Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 8 de febrero de 2019
#SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ negó las peticiones de nulidad y de exclusión de pruebas presentadas por la defensa de los congresistas @AlvaroUribeVel y @ALVAROHPRADA, en la investigación en su contra por soborno y fraude procesal. Ver https://t.co/FNIfJkGZ02 pic.twitter.com/T9p7PeV4xd
— Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 18 de febrero de 2019
En el mismo comunicado en el que se niega la solicitud de nulidad y exclusión de pruebas se lee: “Tan pronto quede en firme esta providencia, el Despacho Instructor procederá a practicar las pruebas y las indagatorias decretadas en la apertura de investigación penal”. ¿Ya quedó en firme, ya se practicaron con celeridad los otros trámites?
El siguiente capítulo de esa aparentemente interminable novela fue la recusación, solicitada en abril de este año, contra la magistrada Cristina Lombana. El senador Cepeda argumentó que la imparcialidad de la entonces investigadora del caso se podría ver comprometida, al haber sido parte de las Fuerzas Militares mientras quien fue llamado a indagatoria era presidente.
El 13 de mayo la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la separó de la investigación. El mes pasado el Consejo de Estado tampoco le permitió ser parte del caso, luego de negarle una acción de tutela.
El 23 de junio, a través de una columna publicada en la revista Semana, Daniel Coronell cuestionó el actuar de la Corte Suprema de Justicia. Recordó que la obligación del más alto tribunal judicial del país es “establecer fecha y hora para efectuar la indagatoria”. Desde entonces, día a día, a través de Twitter, es común ver a varias personas, entre ellas el senador Gustavo Bolívar, contando los días que pasan desde que empezaron a hacerle el llamado a la Corte.
No #EstoyMamado de preguntar a la Corte, para cuándo la indagatoria a Alvaro Uribe. Lo preguntaremos todos los días hasta que sea necesario. Y si de aquí al 24/Jul, cuando se cumple un año, no lo han llamado, sigue en pie la torta.
#Dia15DeLlamadoALaCSJ— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 16 de julio de 2019
Al momento de publicar esta columna, faltan tres días para decir “feliz cumpleaños, indagatoria”, y la tendencia por la red social cumple veinte días. El desenlace de este episodio judicial quizás sin precedentes no se ve cercano. La Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado al respecto, y no se ha evidenciado algún avance significativo de la investigación.
¿Cuándo será ese cuándo en el que la portada en los medios nacionales será ese superpoderoso político, al lado de su abogado y su fiel escudero, luego de cumplir una cita más con la justicia? No lo sabemos. Solo queda esperar que el sumo ente judicial emita una nueva fecha. Veremos.
