Este viernes madres, esposas y familiares conmemoran Día Internacional de la Víctimas de Desaparición Forzada en Barranquilla desde las 9:00 am.
Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En México sigue siendo una deuda pendiente e histórica encontrar a las más de 40 mil personas desaparecidas desde la década de los sesenta -época en la que datan los primeros registros de casos de desaparición forzada- y con ello otorgar verdad y justicia a las familias de las y los desaparecidos.
Aunque actualmente contamos con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, vigente desde enero del 2018, casi la totalidad de casos de desaparición sigue sin resolverse dejando a los responsables en total impunidad (sólo existen, hasta diciembre del 2017, 12 sentencias condenatorias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada). Peor aún, tampoco se ha podido frenar que las desapariciones se sigan cometiendo cada día, pese a la voluntad que dice tener el nuevo gobierno para implementar la ley.
La desaparición forzada es una de las más crueles formas de violación de los derechos humanos, por ello, la búsqueda de las personas desaparecidas como consecuencia del conflicto armado y de otras situaciones de violencia, es uno de los principales retos en términos humanitarios que afronta el país para la construcción de paz, con la preocupación que todavía de que todavía siguen desapareciendo personas.
Entre las actividades, se llevará a cabo el evento Conmemorativo “Los desaparecidos. Una lucha permanente hasta encontrarlos”, que se realizará en las instalaciones de la casa de la Memoria, a partir de las 9:00 a.m. (Calle 45 entre cra 35 y 38).
A la fecha, según el Registro único de Víctimas, existen en Colombia 174,575 víctimas de desaparición forzada, entre las que no solo hay víctimas directas (los desaparecidos), sino también víctimas indirectas (sus familiares), y que son tan diversas (sindicalistas, estudiantes, población de sectores vulnerables y marginalizados) que es difícil establecer un perfil específico. En Atlántico, se registran por haber declarado este hecho victimizante 3.229 personas, de las cuales 2,109 residen actualmente en el departamento y 1.249 casos ocurrieron en esta zona del país.
Aunque estas cifras siguen siendo un reto para las instituciones, ya que se trata de un delito cuya intención o modo de ejecución que además de usar el miedo como herramienta de chantaje para obligar a las personas a realizar acciones en contra de su voluntad, pretende el “ocultamiento de los cuerpos”, lo cual deriva en un subregistro muy alto. Así como también la falta de profundizar en el análisis de muchos de los aspectos de este fenómeno: el análisis social y espacial en el que sucedieron los hechos, la relación del cuerpo con la violencia y el poder, los impactos psicosociales y los daños emocionales de las víctimas, los cuales son incalculables por la naturaleza y las características de este delito que producen una incertidumbre permanente que impide hacer el duelo.
