El constante aumento de las tarifas del diésel y la gasolina de hasta un 123%, es el motivo de las protestas, ya que, afecta directamente al bolsillo de los ecuatorianos.
Ecuador propuso el jueves el estado de excepción para intentar aplacar la rabia e inconformidad social que se impuso en las calles, con fuertes choques con la policía, tras el fin de subsidios a combustibles acordado con el FMI.
Juzgado por un alto endeudamiento y falta de liquidez en la dolarizada economía, el gobierno del presidente Lenín Moreno acordó un millonario programa de créditos con el organismo que, inclusive tiene en cuenta el desmonte de esos subsidios.
El constante aumento de las tarifas del diésel y la gasolina de hasta un 123%, es el motivo principal de las protestas afectando directamente el bolsillo de los ecuatorianos.
Gran variedad de manifestantes se desplazaron en varias ciudades e incluso grupos ya piden la salida de Moreno del poder a través de enfrentamientos a piedra y bombas incendiarias con la policía, que dejan 19 detenidos, según un balance provisional.
El mandatario se colocó más rígido con su respuesta y decretó la medida de excepción por 60 días para “evitar el caos”.
No obstante, en Quito, los protestas se mantuvieron en las calles en un abierto desafío al gobierno, que quedó registrado y funcional para efectuar la fuerza armada en el control del orden público, limitar el derecho a la movilización o imponer la censura previa a los medios.
“¡Que se vaya Moreno! Si ahora sube la gasolina mañana será el gas (que mantiene el subsidio) que usamos todos. Eso no podemos permitir”, dijo a la AFP Luz Aguirre, una desempleada de 47 años.
Las protestas se convirtieron violentas en la tarde. Con gases lacrimógenos y a la fuerza, la policía movió a algunos de los grupos que reclamaban en cercanías de la sede de gobierno. Varios periodistas locales fueron agredidos en medio de los choques.
