Por: Redacción El Punto.
La crisis sanitaria generada por el Covid-19, ha traído repercusiones en la economía del país. Quienes más se han visto perjudicados por la crisis y por las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Trabajo, son los empresarios, puesto que por evitar la propagación del virus, han tenido que reducir el número de personal en las empresas, lo que significa una baja en la producción y en los ingresos que entra para estas organizaciones.
No obstante, para salvaguardar el futuro de los trabajadores que por motivo de la pandemia no pueden dirigirse a sus puestos de trabajo, el Ministerio de Trabajo remitió una circular donde prohíbe a los empleadores obligar a los trabajadores a tomar licencias de trabajo no remuneradas para preservar su puesto de trabajo, así como la cancelación de los contratos por motivo de la crisis sanitaria a la que se enfrenta el país.
“En estas situaciones en las cuales la suspensión del trabajo no obedece a causas imputables ni al empleado ni al empleador, sino a las prescripciones del legislador o a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o a interpretaciones sobre el alcance del derecho fundamental de asociación sindical, hacer que la carga la asuma el trabajador ya sea económicamente mediante el descuento sobre su salario o en trabajo personal con afectación de su derecho al descanso no resulta conforme a la Constitución, ya que para el trabajador el salario y el descanso son derechos fundamentales irrenunciable, en tanto que hacer recaer esta responsabilidad en el empleador no representa una carga excesiva o desproporcionada que implique un rompimiento desmesurado del equilibrio contractual”, expresó Ángel Cabrera Báez, Ministro de Trabajo, en la circular.
Conforme a esta medida, el Ministerio del Trabajo afirma que no no es permitido obligar a los trabajadores a solicitar y acceder a tomar licencias no remuneradas, con pretexto de mantener el empleo, pues dicha práctica, además de ser ilegal, afecta dolorosamente la vida del trabajador y su familia, al no poder contar con ingresos suficientes para atender la crisis.
Además, la empresa tiene una función social que implica obligaciones, una de ellas, propender por el bienestar de sus trabajadores. Por lo que la opción de solicitar una licencia no remunerada debe provenir libre y voluntariamente del trabajador. El empleador determinará la procedencia de concederla o no, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4 del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo.
Sin embargo, el pasado viernes tres de abril, muchos medios de comunicación dieron a conocer que, el Ministerio del Trabajo abrió una investigación a alrededor de 300 empresas por incumplir con este decreto.
Lo anterior se produce por la queja de 250 empleados que al parecer han sido obligados a acogerse a dicha licencia si no quieren que los despidan.
El Ministro de Trabajo Ángel Cabrera anunció que se abrieron varias investigaciones para determinar por qué algunas empresas en el país estarían forzando a sus empleados a tomar licencias no remuneradas en medio de la cuarentena que se vive por el coronavirus.
Aseguró que son más de 300 investigaciones y que los resultados de las mismas se darán a conocer oportunamente a los colombianos. “En casos excepcionales se puede solicitar una licencia no remunerada y por lo tanto no reciben un ingreso. Pero, en esta situación tan delicada, algunas empresas lo hicieron, algunas lo forzaron, en otros casos hubo mutuo acuerdo en el sentido de preservar su contrato de trabajo mientras dura esta pandemia”, dijo Cabrera.
Si bien esta acción llevada a cabo por los empleadores es una violación al decreto estipulado por el Ministerio del Trabajo, muchos gremios empresariales argumentan que el decreto sólo beneficia a el Estado y a los trabajadores, puesto que los empresarios se ven obligados a cumplir con el pago puntual de sus impuestos y las obligaciones y prestaciones sociales a sus trabajadores.
El día de ayer, el gremio de hoteleros Cotelco, dio a conocer por medio de un comunicado, su inconformidad ante la decisión tomada por el Ministerio del Trabajo de abrir una investigación contra algunos hoteles por la suspensión de contratos a trabajadores que este gremio ha llevado a cabo.
En el comunicado, Cotelco argumenta que dicha decisión solo es temporal y que corresponde a una acción preventiva para asegurar los puestos de trabajos de estos empleados cuando la cuarentena termine.
“Esperamos que esta situación causada por el Covid-19 termine pronto y así volver a desarrollar las labores del día a día, que permitan al sector seguir generando los 110.000 empleos que se venían dando. No es un secreto que en este momento el sector turismo sufre una crisis devastadora. Las aerolíneas no cuentan con pasajeros, no hay movilidad de turistas, ni nacionales, ni extranjeros debido a la pandemia y por ende en los hoteles la ocupación es prácticamente del 0%. Esto ha llevado a un alto número de establecimientos de hospedaje a cerrar sus puertas sin tener la posibilidad de disponer de los recursos para atender el pago de su nómina. Más del 80% de la oferta hotelera colombiana está en cabeza de famiempresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, que además de la angustia de no disponer de los recursos para atender sus obligaciones, ahora deben enfrentar al Ministerio de Trabajo por aplicar una norma contenida en el Código Laboral. La indicación, en la mencionada circular, de que serán los jueces los que decidan si en efecto existe una causa de fuerza mayor para suspender los contratos es una invitación velada a demandar a los empresarios, aumentando así la conflictividad social. Eso no es justo” señaló el presidente de Cotelco, Gustavo A. Toro.
Con el fin de que los trabajadores cuyo contrato haya sido suspendido mantengan un ingreso que les permita atender sus necesidades más apremiantes, Cotelco ha propuesto extender a estos trabajadores el mecanismo de protección al cesante, creado mediante la ley 1636 de 2013, que establece un subsidio para las personas que queden sin trabajo y que hayan cotizado a las cajas de compensación familiar por un periodo de 12 meses en los últimos cinco años.
La situación de Cotelco es una de las tantas que viven muchas empresas ante la crisis sanitaria. Muchas empresas se encuentran actualmente pendiendo de un hilo, puesto que argumentan pérdidas grandes que les impiden continuar cumpliendo con sus obligaciones.
Uno de los empresarios que se pronunció al respecto de esta situación inequitativa para las empresas fue Arturo Calle, uno de los primeros empresarios en el país que decidió frenar su producción al conocerse los primeros casos de coronavirus en el país, pero que continuaría pagando los salarios de su equipo de producción.
En entrevista con Caracol Televisión, Calle argumentó que el Gobierno Nacional debe tomar medidas para proteger la solvencia de los empresarios del país. Entre las medidas que anunció Arturo Calle se resaltan: Ampliar el plazo para presentar la declaración de renta de sociedades y grandes contribuyentes, y de activos en el exterior y de información exógena. Además, solicita una ampliación de los pagos al impuesto de renta, pago al patrimonio, retención en la fuente y plazo para pagar el IVA.
“Solicitamos lo anterior al Gobierno Nacional, puesto que no tenemos las dos cajas. Si cumplimos con el pago a nuestro personal, aunque todas las plantas del país están cerradas, a nivel nacional, y fuera de eso vamos a cumplir con el pago estricto en el momento en que lo dice la ley, pues no va a haber las dos cajas. O le pagamos al Estado o le pagamos a los empleados”, expresó Calle en la entrevista.
Por el momento, tanto los empleados como los empleadores se encuentran en una encrucijada. Por un Lado, los trabajadores que aunque reciben su sueldo y tienen sus contratos seguros, se encuentran en un estado de incertidumbre ante la posible quiebra de las empresas. Por el otro, los empleadores que tienen que decidir si cumplir con las obligaciones a sus empleados, o sus obligaciones al Estado.
¿Quién puede solucionar dicha encrucijada? Solo el Estado Tiene la respuesta.
