Por: Diana Lucía Daza
Imagen: Pixabay
Hoy en día, muchas mujeres en Colombia se enfrentan a la violencia doméstica. La Vicefiscal General, Martha Janeth Mancera indicó que durante el periodo de cuarentena han recibido reporte de 3027 denuncias, de las cuales 881 corresponden a delitos sexuales y 2.134 a violencia intrafamiliar. Algunas de estas mujeres tienen la valentía y el coraje de denunciar a sus agresores, otras aún guardan la esperanza de que sus parejas cambien, otras siguen aferradas a sus opresores a causa de la dependencia económica que tienen de ellos, y temen que si se separan sus hijos pasen necesidad. Pero la realidad de muchas hoy en el país, es que aun cuando se atreven a denunciar ante las autoridades los casos de agresión, sus victimarios quedan en libertad a causa de la “falta de pruebas”, quedando así aún más expuestas que antes, con temor a las represalias que sus parejas puedan tomar en su contra por haber interpuesto la denuncia.
Mónica Patricia Ojeda Pabón es una joven madre de 25 años que fue drogada, abusada sexualmente y acuchillada por su expareja sentimental y padre de su hija de 7 años. Y a pesar de que su agresor fue capturado, quedó en libertad porque no tenía antecedentes.
Diez días después de que Mónica interpusiera la denuncia, Medicina Legal solicitó hacerle nuevas pruebas para intentar comprobar el abuso sexual del que aseguró haber sido víctima. Ella ha tenido que contar una y otra vez como ocurrieron los hechos en los que fue víctima de abuso sexual, violencia física y verbal, mientras Nieto sigue alegando que todas las heridas causadas, fueron producto de una simple “caída”.
Con respecto a este caso, hay muchos interrogantes aún sin resolver. Cómo es posible que una entidad como Medicina Legal, de orden nacional, encargada de prestar sus servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, reporte diez días después de ocurridos los sucesos, que necesitan tomar nuevamente las muestras a Mónica para intentar encontrar las pruebas, porque presuntamente en las que le realizaron ese día no se encontró “nada”, según la información que le brindaron a Mónica.
Y al parecer, en las demás pruebas que no son de carácter genético, los múltiples golpes y heridas que esta mujer presentó tampoco fueron suficientes evidencias del abuso físico al que fue sometida. ¿Será que habrán tardado diez días en el laboratorio analizando las muestras o el sistema de Medicina legal indudablemente está fallando? ¿Aún será posible encontrar muestras de ADN en el cuerpo de la víctima que prueben que sí hubo abuso sexual?
Según Criminología para Sobrevivientes, la probabilidad de encontrar el ADN de un agresor diez días después de una violación es muy baja, ya que la presencia de evidencias biológicas como la sangre, el semen o la saliva dependen de varios factores; entre ellos si la víctima se bañó o si hubo un cambio de ropa, el tipo de agresión, además, del tiempo que haya transcurrido a partir del día en el que se dio el abuso. Y es evidente que, en el caso de Mónica, aunque continúa adolorida y las heridas no están sangrando, ya se cumplen todos estos términos, por lo que es mínima la probabilidad de encontrar una muestra del ADN de su expareja presente aún en su cuerpo. Y aunque no todas las muestras que se toman en estos casos son de ADN, si no se encuentra algunas de ellas que compruebe que hubo abuso sexual, solo la oficina del fiscal del distrito podrá decir definitivamente si el agresor será procesado o no, teniendo en cuenta otras evidencias que podrían sustentar este hecho, como lo son la declaración de la víctima y material físico probatorio.
Por otro lado, la viceministra fiscal de la nación, Martha Mancera, afirmó que en lo que va corrido de este año, la Fiscalía ha registrado más de 60.000 denuncias por violencia intrafamiliar. Y como respuesta a esto, la entidad ha fortalecido el centro de contacto a través del cual se pueden realizar denuncias telefónicas y virtuales a cualquier hora y también ha incentivado la capacitación y formación de sus funcionarios en relación con el abordaje de este tipo de casos. Según el informe de la Fiscalía, 1.221 llamadas fueron recibidas reportando maltrato durante aislamiento preventivo obligatorio, registrando un incremento del 103%, comparado con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, aun cuando se están recibiendo los reportes de los casos, los organismos de control no están siendo eficientes en responder con justicia a los miles de víctimas, que al igual que Mónica, tienen que acostumbrarse a vivir con el temor de que sus agresores aparezcan en cualquier momento y atenten en su contra, porque la Fiscalía no toma acciones contundentes a causa de que Medicina Legal no encuentra las pruebas suficientes para emprender las acciones legales que corresponden a estos casos.
Hace algún tiempo, el principal problema que la Fiscalía alegaba era que las víctimas no se atrevían a denunciar a sus agresores y por eso, tantos casos quedaban en la impunidad. Pero ahora que muchas más mujeres se están atreviendo a denunciar, se conocen casos como los de Mónica, en los que no se está haciendo justicia. Esto representa un mayor riesgo para las víctimas ya que reciben amenazas de sus agresores por haber interpuesto la denuncia en su contra y quedan totalmente desprotegidas sin tener a quien acudir, porque los organismos de control no responden como deberían ante su apremiante necesidad.
En este caso, no era la primera vez que Mónica interponía una denuncia en contra de Nieto, ya que durante el tiempo que convivieron juntos con su hija, ella manifestó que él acostumbraba a agredirla física y verbalmente, por lo que ella ya lo había denunciado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, los antecedentes de estas denuncias, al parecer, tampoco son material suficiente para emprender acciones en contra de Nieto. Por lo que, ahora mismo, este hombre se encuentra en libertad por falta de pruebas. Y ningún organismo de la fuerza pública brinda seguridad a Mónica, como tampoco ningún ente judicial responde.
Loraine Ordoñez, una mujer de 27 años y madre de dos hijos, al igual que Mónica, padeció de maltrato físico y psicológico por parte del padre de su hijo menor, durante 5 años. Loraine asegura que él reaccionaba bruscamente ante cualquier cosa que ella pudiera hacer que le desagradara y aún, cuando simplemente llegaba molesto de su trabajo, arremetía en su contra sin explicación alguna. La empujaba, le daba puñetazos y en reiteradas ocasiones intentó asfixiarla, fracasando en su intento gracias a que ella lograba zafarse. La mayoría de veces que esto pasaba, lo hacía sin importar que los dos menores estuvieran presentes y, aunque ellos intentaban interponerse, su pareja los golpeaba y los sacaba del lugar arrastrándolos.
En una de las tantas veces que esto llegó a ocurrir, Loraine cuenta que se decidió de una vez por todas a ponerle fin a esta situación, pensando en que, si ella no tomaba acciones, este hombre acabaría con su vida y dejaría huérfanos a sus dos hijos. Así que, convencida de que sus días de dolor llegarían a su fin, fue a interponer la denuncia ante la Fiscalía y de ahí, fue remitida a Medicina Legal para hacer la recolección de las diversas pruebas. Sin embargo, a los 21 días de haberse tomado las muestras, y de no recibir ningún mensaje por parte de estas entidades con respecto a su caso, se presentó ante la Fiscalía nuevamente y para su sorpresa, no se habían encontrado las pruebas que dieran indicio de violencia física, por lo que su caso fue archivado. Sin embargo, lo que esta mujer pensó que terminaría regresándole la paz y el bienestar que anhelaba, realmente desató el inicio de lo que ella cataloga como su infierno, ya que constantemente recibía amenazas de su expareja con el fin de que regresara con él. Y cinco meses después de interpuesta la denuncia, este hombre le propinó varias heridas con arma blanca, dejándola gravemente herida.
Son casos como los de Loraine, los que nos hacen temer por lo que pueda ocurrir con todas las mujeres que han denunciado a sus agresores y, aún así, las autoridades persisten en la inexistencia del material probatorio suficiente para tomar medidas legales en contra de sus exparejas. Lo único que les dan a cambio es un documento con recomendaciones de “autoprotección”, como el que recibió Mónica, que lógicamente son impertinentes ante casos tan delicados como estos, en los que se sale de las manos de la víctima controlar las acciones que sus agresores puedan emprender en su contra.
Lo que hay detrás de un agresor sexual
Según la tipología del BRIDGEWATER TREATMENT CENTER DE MASSACHUSETTS, elaborada por Cohen (1969), Nieto podría ser distinguido como un violador de agresión desplazada ya que, sin ninguna excitación sexual inicial por parte de la víctima, el recurre al acto sexual porque la violación la lleva a cabo con el propósito de agraviar y humillar a la víctima. Y aunque Path (1976) señala que es difícil encontrar un cuadro único en el violador, algunos de los aspectos que habría que indagar en Nieto serían: la naturaleza del delito, para conocer a ciencia cierta cuáles fueron las motivaciones que lo indujeron a la agresión no solo sexual, sino también física; la historia sexual, para saber si en algún momento él fue abusado y esto podría ser una manera de responder ante la inconformidad por el daño que le causaron; distorsiones cognitivas, porque en muchos casos, los agresores se sienten como víctimas y no como victimarios y por eso proceden así. Y, en este caso, Said podría haberse sentido traicionado y ofendido por Mónica, al sostener una relación con otra pareja y negarse a regresar a su lado. Por último, es necesario también entender el funcionamiento social del agresor, ya que existe la posibilidad de que posea deficiencias en sus habilidades sociales, por lo que, esa incompetencia para comunicarse puede ocasionarle problemas y disparar la agresión sexual, según los criterios que expone Migallón en su artículo.
Las víctimas colaterales de la violencia intrafamiliar
Por otro lado, tenemos a una víctima más en este asunto, y es la niña de 6 años, hija de Mónica y Said. Esta menor, según las declaraciones de Mónica ante El Heraldo, presenció por mucho tiempo la violencia física y psicológica que Said le propinaba y por eso ha estado solicitando desde hace tiempo ayuda psicológica para ella, ya que la niña quedó “traumada”, se ha vuelto agresiva y no duerme. Además, su madre teme a que ella crezca con la idea de que es normal que una pareja le pegue, a causa de que, por tanto tiempo fue expuesta ante esta situación, viendo a su padre agredir a su madre.
A pesar de eso, la menor aún no recibe esta ayuda que necesita y lastimosamente no tienen un asesor de por medio en el caso. Y hasta es de esperarse, ya que si no se le otorga la relevancia que merece el caso de Mónica, teniendo en cuenta que su vida sigue en peligro mientras su expareja se encuentre en libertad, mucho menos considerarán relevante estos trastornos que presenta la menor a causa de lo vivido. Sin embargo, es evidente que los menores que son expuestos a este tipo de situaciones violentas en sus hogares, presentan una mayor probabilidad de repetir la historia en sus relaciones, ya que interpretarán este tipo de comportamientos como “normales” porque durante un largo tiempo de sus vidas hizo parte de su entorno natural.
Un claro ejemplo de las consecuencias de la exposición de menores a violencia doméstica es el caso de Luz Díaz, una mujer que padeció de violencia física y psicológica por parte de su esposo, durante mucho tiempo, y sus hijos eran testigos de esta situación. Ella manifiesta que no se atrevía a separarse de su esposo pensando en que, en algún momento, las cosas mejorarían y así no privaría de la figura paterna a sus tres hijos menores. Además, era migrante en la ciudad de Chicago y temía no poder suplir las necesidades básicas de sus cuatro hijos pequeños. Sin embargo, sus dos hijas mayores empezaron a padecer trastornos. En el caso de su hija de nueve años, era tanto el estrés que manejaba a causa de las constantes discusiones entre la pareja, que le dio una parálisis. Su cara se le fue de un lado. Y su segunda hija de cuatro años, sufrió un retroceso. Empezó a presentar problemas emocionales, su maestra aseguraba que no lograba concentrarse en las clases y no seguía instrucciones. Además, empezó a hacer sus deposiciones fisiológicas en la ropa, lo que ocasionó que tuviera que volver a usar pañal a pesar de que hace tiempo no lo hacía.
Esto es tan solo una muestra de las múltiples consecuencias, en la salud física y mental, que puede ocasionarles a los menores el hecho de estar expuestos a la violencia doméstica. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma que cada año a nivel mundial unos 275 millones de niños son expuestos a la violencia en el hogar, pero estas cifras parecen ser ignoradas por nuestro Gobierno Nacional. Porque de ser lo contrario, llevaran a cabo acciones contundentes que pudieran prestar una atención eficaz a las víctimas directas, como también una atención oportuna a las víctimas colaterales que están constituidas, en su mayoría, por menores de edad, un número considerablemente grande. Según la viceministra fiscal de la nación, en lo que va corrido del año la Fiscalía ha registrado más de 60.000 denuncias por violencia intrafamiliar.
Laida Daza, trabajadora del Instituto del Bienestar Familiar, comenta que en casos como el de Mónica, en los que ya se había llegado a una violación y a violencia física, estos no se notifican directamente al ICBF, sino que son remitidos ante la Fiscalía para abrir un proceso legal por el delito. Sin embargo, allá debían haberle dado la información necesaria a Mónica para que su hija recibiera la atención psicológica que requiere, debido a los trastornos que está presentando a causa de lo vivido. Mónica podría acercarse a la Defensoría de Familia o a una Comisaría de Familia y recibir allí, la atención psicológica para su pequeña. O en última instancia, presentarse con la menor en el ICBF de la ciudad, y allí la podrían atender.
Laida afirma que el ICBF busca la protección y la preservación de la familia, y en el caso de que Mónica hubiera reportado al Instituto la situación que vivía en su hogar, antes de llegar a este punto, inmediatamente se le hubiera prestado el servicio de un equipo interdisciplinario que ofrece el ICBF de manera gratuita. Con el apoyo de un psicólogo, un defensor de familia, una trabajadora social y un nutricionista, se les abriría una historia socio-familiar y así este equipo les habría hecho un seguimiento con el fin de mejorar en la situación que se estaba presentando en el hogar.
Finalmente, el caso de Mónica Ojeda solo reafirma la realidad de muchas mujeres hoy en Colombia, y a su vez, revela la ineficiencia en el servicio que están prestando Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación para responder ante ellas. Evidenciamos, en este caso, ineficiencia de Medicina Legal en el análisis de las pruebas tomadas para comprobar el abuso sexual y físico. Además, hubo demora en la prestación del servicio, teniendo en cuenta la relevancia del caso. Como también es notorio que la Fiscalía General de la Nación no está teniendo en cuenta los antecedentes legales de los agresores, siendo que estos constituyen un indicio de lo que podría desencadenarse más tarde en un asesinato, si no se toman las medidas necesarias a tiempo con el fin de proteger a las víctimas. Es necesario también brindar información clara a las personas que interponen las denuncias por violencia intrafamiliar, acerca de los pasos que deben seguir para que los menores que estuvieron involucrados puedan recibir una atención psicológica oportuna. Por eso, es necesario que nuestro Gobierno Nacional, más allá de revelarnos las cifras, se enfoque en trabajar arduamente para que estas puedan disminuir, prestando atención a la primera denuncia que las mujeres hagan, y así no sea necesario que ocurran tragedias para que ellos tomen medidas en el asunto, cuando ya es demasiado tarde. No es en vano aquel famoso refrán que dice: “Es mejor prevenir que lamentar”, y justo eso es lo que necesitan estos millones de víctimas, ser protegidas oportunamente por las entidades encargadas.
