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Por: Andrea Carrillo

En una investigación que está llevando acabo el periódico El Tiempo, se revelan datos sobre los crímenes por parte de este grupo armado. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), La Comisión de la Verdad, víctimas y ex paramilitares recorren el Canal del Dique, en el Caribe colombiano, y revelan verdades.

El Canal del Dique esta ubicado en el brazo artificial del río Magdalena- que nace en el municipio de Calamar (Bolívar) y desemboca 115 kilómetros aguas abajo en la Bahía de Cartagena. Según la investigación, este lugar sería la mayor fosa común de crímenes por desaparición forzada del paramilitarismo en el país.

“Entre 1997 y 2005, un número aún no determinado de cuerpos fueron arrojados a las aguas del Canal del Dique por orden de las autodefensas unidas de Colombia (AUC)” se menciona en el reportaje de El Tiempo.

“Se presentó un índice muy alto de homicidios y esos cuerpos quedaban a la orilla de carreteras. Situación que afectaba a los altos mandos de la Fuerza Pública porque perdían ascensos. Entonces fue cuando vino la orden desde la casa Castaño de desaparecerlos y arrojarlos al Canal del Dique”, le dijo a este diario Uber Banquez, postulado de Justicia y Paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por su responsabilidad al ordenar crímenes selectivos en una docena de pueblos apostados a orillas del afluente.” reveló para El Tiempo  Uber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, jefe paramilitar que operó en la zona, quien además dijo que allí arrojaban hasta cinco y ocho cadáveres diarios, por orden suya.

El abogado Adil José Meléndez, del Colectivo Ruta del Cimarronaje también se manifestó y dijo que “A su caudal arrojaban en promedio 3 y 5 cadáveres diarios, y en los picos más altos, entre 8 y 10 cadáveres. Muchos cuerpos fueron amarrados a piedras, otros cercenados. Además de la Bahía de Cartagena, muchos de estos cuerpos llegaban a la Bahía de Barbacoas y el Golfo de Morrosquillo”.

El colectivo al que pertenece el abogado, reúne a más de 200 organizaciones campesinas del Caribe Colombiano con base en los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre- con el acompañamiento de la Comisión de la verdad y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, solicitó una medida cautelar para el afluente por estos crímenes, ante la JEP.