Los retrasos en la ampliación de la Circunvalar son millonarios y representan un problema para la movilidad y calidad de vida de los barranquilleros
Para el estudiante Julian Camargo es una travesía agotadora trasladarse hasta la Universidad del Norte. Sus mañanas empiezan mucho antes de lo programado en su horario, ya que debe prepararse con dos horas de anticipación para llegar temprano a la institución. Hay veces en que no lo logra por los trancones eternos en los que se embotellan los vehículos en la Avenida Circunvalar. Camargo siente la misma tensión todos los días al subirse al bus; sabe que no es el único desesperado por llegar a un destino determinado.
Como él, otros pasajeros batallan para llegar a sus trabajos, alcanzar a tiempo una cita médica que llevan agendando hace meses o trasladarse hacia sus casas de forma tranquila y rápida. En la avenida donde se asfixian los carros, buses y motos en un solo carril, también se asfixian las personas por la espera.
En esto se ha convertido la Circunvalar, esa arteria fundamental en la movilidad de Barranquilla porque atraviesa la ciudad y la conecta con su área metropolitana. La ampliación entre la carrera 38 y la 12A ha traído más afectaciones que beneficios, debido a las demoras en el proyecto. La Agencia Distrital de Infraestructura -ADI y el Consorcio Avenida Circunvalar 2018 firmaron este contrato en el 2018.
Durante los últimos cuatro años, este proyecto ha contado con 8 prórrogas y con la adición de aproximadamente $10 mil millones, según la respuesta de la ADI a un derecho de petición.
Además, una de las empresas que pertenece al consorcio contratista (INTEC de la costa) se encontró involucrada en el caso de corrupción de Centros Poblados y MINTIC. Debido a que este hecho tuvo como consecuencia la caducidad de contrato, este miembro del Consorcio Avenida Circunvalar 2018 fue removido de la megaobra, según La Contratopedia Caribe.
Bolsillos y carros rotos
Las consecuencias por los retrasos de esta obra han impactado negativamente en la seguridad vial de la avenida y la economía de los trabajadores aledaños.
El veedor de la obra, Pablo Pachón, señaló que el impacto de los retrasos en la ciudad es incalculable porque afecta los negocios y las viviendas del sector, la movilidad y la seguridad de los peatones a causa de la ausencia de buenos puentes que les permitan trasladarse de un lado a otro. “Es todo un caos”, dijo el politólogo con énfasis en gobierno y políticas públicas.
Los habitantes del barrio Los Olivos, uno de los tramos más vulnerados por la problemática, han sido testigos de esta situación. El olor desagradable impregna toda la zona a causa de la basura y los escombros amontonados en un lado de la carretera. Justo en la entrada del sector se encuentran los restos de un puente peatonal al cual no le han hecho ninguna adecuación. En consecuencia, los peatones cruzan la carretera poniendo en riesgo su integridad.
Esta escena se desarrolla todos los días frente a los ojos de Nataly Castillo, trabajadora de la gasolinera Primax de la avenida. Ella cuenta que en temporadas de lluvias la movilidad se dificulta aún más. En sus cuatro años de trabajo en el lugar, muchas veces han llegado carros con fallas mecánicas provocadas por el mal estado de la vía que desencadena accidentes y compromete la seguridad de los conductores, pasajeros y transeúntes.
Los almacenes del mismo tramo también sufren las consecuencias directas por la falta de acceso a la avenida; no logran mantener sus ventas. Ese es el caso de Henry Perez, vendedor de Constructec. Aunque trabaja en un local prominente, se queja de que sus ventas han disminuido considerablemente. “Mis ventas no son las mismas desde que empezaron a trabajar en esta obra”, dijo Perez debido a que los compradores prefieren ir a otro lugar donde se puedan trasladar más rápido.
Transparencia bajo llave
Los veedores ciudadanos han sido una pieza clave en la búsqueda de información que no actualizan las entidades responsables del proyecto en las páginas oficiales.
Las denuncias y señalamientos sobre el proyecto de ampliación de la Avenida Circunvalar son numerosas a través de redes sociales como Twitter e Instagram. Estas tienen como objetivo darle visibilidad a la problemática para que la ciudadanía emprenda acciones legales que garanticen sus derechos. En ese sentido, también brindan apoyo a la comunidad vulnerada que no se siente respaldada por los medios locales de comunicación.
Dentro de este mar de denuncias encontramos a Reynaldo Torres (economista y activista juvenil) quien ha hecho un seguimiento constante a la problemática. Él reconoce que el acceso a la información para hacer veeduría es algo que impedimenta su labor.
“Una de las principales limitaciones es el acceso a la información que ellos [la alcaldía] están obligados a publicar por la Ley de Transparencia. Deberían tener actualizado todo el tema de la contratación pública en el SECOP que es la plataforma para que los ciudadanos estén enterados y puedan consultar este tipo de información,”dice Torres al respecto.
La actualización del contrato de esta megaobra no está disponible en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP aun cuando debería, según lo reglamentado por el Decreto Nacional 1082 de 2015.
Ante la situación, el gerente de la ADI, Alberto Salah, respondió a Torres y otros veedores en una reunión que se llevó a cabo el 7 de julio del 2022. Este manifestó no estar al tanto de que esa información no se encontrara de acceso público y que seguramente se había presentado algún inconveniente. Por su parte, el veedor de la obra, Pablo Pachón comentó que él percibe que la ADI trata de minimizar la gravedad de lo ocurrido dando explicaciones incompletas.
Pese a toda esta labor, la comunidad afectada muchas veces no se atreve a denunciar o exponer su situación. Esto no es exclusivamente por el temor de arriesgar sus negocios, sino que también es consecuencia de la desesperanza que los golpea cada vez que nada cambia a pesar de sus esfuerzos. Tratamos de comunicarnos con la junta de acción comunal del barrio Los Olivos, pero no obtuvimos respuesta.
Pañitos de agua tibia sobre el concreto
La Agencia Distrital de Infraestructura -ADI casi siempre ha dado respuestas insuficientes ante las quejas y los reclamos por los retrasos en la obra, la adición de dinero al contrato y la actualización del mismo.
Desde el 2018, la evolución de este proyecto se ha visto interrumpida por diversos factores entre los que se encuentra la pandemia por COVID-19. Cada uno de ellos dio como resultado la realización de 8 prórrogas al contrato donde una de las razones que más se repite en la respuesta al derecho de petición es la adquisición predial.
Al respecto, el abogado especialista en derecho laboral, derecho negocial y contratación internacional, Miguel Garcia Niño, explica que la entidad estableció que uno de los riesgos más importantes para la ejecución de la obra es la gestión inmobiliaria, tras realizar un análisis de los documentos disponibles en el SECOP sobre el proyecto. “La gestión predial es una condición básica para poder ejecutar los trabajos. Aquí había que ser muy diligente en conseguir los predios y lo ideal hubiera sido que eso se hubiera adelantado antes”, dijo Garcia Niño.
Este hecho genera nuevos cuestionamientos acerca de las precauciones que la entidad estatal tomó para la realización de la obra y así evitar posibles retrasos como los desencadenados por no terminar la adquisición de predios.
Por otro lado, la ADI también responde en el derecho de petición que al contrato, que ya contaba con un valor inicial de $60.278.012.703, se le suscribieron $9.990.792.765 por obras adicionales. Esto demuestra que el tiempo de terminación de la obra no es lo único que se compromete, sino también los recursos públicos de la ciudad.
Tras un aplazamiento prolongado de la finalización de la obra y un adicional considerable de dinero, se debe actualizar la información de la contratación ante el ojo público. A través de esto, se cumple con la Ley de Transparencia que resulta de vital importancia para hacerle seguimiento a los contratos de gran magnitud. Sin embargo, esto no ha sucedido con el contrato de obra pública N° ADI 0358/2018. Le pedimos a la entidad una justificación; explica que no debe publicar esa nueva información porque el Decreto 1510 de 2013 fue derrocado por el 1082 de 2015.
El abogado Garcia dice que la ADI está obligada a publicar la nueva información sobre el contrato a pesar de los cambios en la numeración del decreto que ahora reglamenta los procesos de contratación pública. Esto debido a que la ley no cambia su contenido.
“La Ley de Transparencia va de la mano con la contratación estatal y lo que inspira es que lo público tiene que ser transparente, de conocimiento de todos nosotros para los efectos que sean”, expresó Garcia.
EL PUNTO trató de contactar al gerente de la ADI para llenar estos vacíos de información en una entrevista. No obstante, tras insistir por semanas a su secretaria Claudia Arcieri, nunca agendó la cita prometida.
