El proyecto de ley que pretende sancionar a las personas que paguen por sexo, propuesto por la congresista liberal Clara Rojas, no se sustenta en bases sólidas.
Proyectos similares a este han fracasado en otros países, como Francia y Suecia. La prostitución podrá esconderse o transformarse, pero sería muy ilusorio pensar que va a desaparecer.
La representante a la Cámara afirma que con el proyecto, busca proteger a una población marginada y vulnerable. No se percata de que ocasiona precisamente lo opuesto: que se les discrimine aún más.
Relacionar a personas que ejercen la prostitución con términos como trata de blancas, explotación sexual, víctimas de la violencia del conflicto, proxenetismo, es algo muy generalizado, pues gran parte de los trabajadores sexuales deciden escoger esta vida de forma voluntaria. Cada persona mayor de edad, sin distinciones, sin someterse a juicios de la iglesia o del Estado, tiene derechos y debe tener la libertad de hacer con su vida, su cuerpo y su sexualidad, lo que le venga en gana.
La congresista Rojas en algunas entrevistas se refiere a “trabajadoras sexuales”, como si la prostitución fuese ejercida solo por mujeres. Cabe aclarar que también se da en hombres y transexuales, etc. Es una población más amplia de lo que se cree, y por ser un trabajo informal, no es inmensurable. Si este proyecto llegara a aprobarse, las prácticas no dejarían de existir, solo se camuflarían.
Los trabajadores sexuales son frecuentemente víctimas de maltrato y violencia. Mientras la prostitución sea legal, pueden denunciar y obtener protección. En la medida en que se vuelva ilegal, el ambiente se hará más inseguro, y no se contará con ningún derecho que vele por el bienestar de estas personas. Lo que quiere decir esto es que problemas como el abuso y la violencia se acrecentarían. Sumado a que no les pagarían, con la seguridad de que no van a denunciar.
Clara Rojas se hace llamar liberal, pero pasa por alto los derechos individuales de los seres humanos. La solución no es prohibir la prostitución. Si los espacios y las políticas de protección brindadas a estas personas fueran seguros y eficientes, se tendría mayor control sobre los lugares donde se ejerce y el número de personas que la practican. Al mismo tiempo, sería menos complejo identificar redes de trata de personas, proxenetismo, entre otras actividades irregularidades.
Ninguna persona tiene derecho a decidir sobre otra. El proyecto de ley que propone la congresista no brinda soluciones. Por el contrario, significa echarle más leña al fuego.
