En el 2006 La Corte Constitucional legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) o aborto cuando el embarazo pone en peligro la salud o vida de la mujer, cuando es resultado de una violación o incesto y cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.
Hoy, 12 años después del fallo, una mujer de 33 años con 26 semanas de gestación visita tres distintos centros médicos para realizar el procedimiento amparada en la causal de malformación pues un diagnóstico médico reveló problemas en el desarrollo cerebral y la estructura facial del feto; pero su solicitud se le es negada. Y es así como en Colombia, una vez más se pone en juego la libertad de la mujer y sus derechos fundamentales. Por esto, ella entabla una acción de tutela para que se le fuera realizado el procedimiento.
Colombia se enfrenta a varios retos. El principal, el de la mujer y la vulneración de su derecho que recae en las clínicas que le niegan, sin sustento, el proceder. Esto ocurre cuando los médicos no parecen entender que lo que se está ofertando es un derecho, que la atención depende de sus ideales morales. Como resultado, a la mujer colombiana no se le ofrece, en determinadas circunstancias, la información correcta.
El segundo, el estigma; no solo el que afrenta la mujer que ejerce su derecho. Sino al personal de salud que presta el servicio por parte de otros profesionales y la sociedad que rechaza la interrupción. Entre las marginaciones que suelen incurrir en el sistema se encuentran las amenazas, cierres del servicio. A razón de esto, muchos profesionales prefieren no prestar los servicios.
Se introducen más trabas. Cristina Pardo Schlesinger, magistrada de la corte solicitará Sala Plena para “sentar jurisprudencia” y limitar el derecho al aborto con base a las semanas de gestación. Esto, apoyado por los ideales conservadores que después de las 16 semanas ya hay viabilidad de vida en el embarazo.
Las falencias del sistema de salud colombiano son muchas. Pero, limitar el derecho de interrupción voluntaria del embarazo, sería retroceder en el tiempo.
Las mujeres que se realizan abortos tardíos son las más vulnerables. Por esto, es imprescindible que cuenten con un órgano de salubridad que las apoye en este proceso y que ayude a garantizar efectividad y condiciones necesarias de sanidad.
Entre 1992 y 1996, de acuerdo con el Sivigila, entre las principales causas de muerte materna se encontraban el aborto (16%) y complicaciones en el embarazo (9%). En este momento, el aborto aún era ilegal. Por lo que muchos de estos procedimientos causantes de la pérdida de vida, en su mayoría fueron resultado de una interrupción voluntaria en clínicas clandestinas.
La interrupción voluntaria del embarazo debe garantizarse de manera segura para todas las mujeres amparadas por la ley, sin importar las semanas de gestación del feto. El aborto en Colombia es un derecho y debe ser protegido. Debemos proteger a las mujeres.
