Por: Arytsha Aholibama
En redes sociales circula una serie de videos, revelados el pasado lunes 11 de noviembre, por la cuenta de instagram “Sincelejo sin Censura”, en donde el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, en una conversación privada, describe su sistema de apropiación indebida de recursos pertenecientes al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las grabaciones, las cuales las autoridades aún no han confirmado su autenticidad, han desatado una crisis política en la capital sucreña, reavivando los cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos en un municipio que por décadas ha sido victima del clientelismo.
“Mira como se roba”, empieza diciendo Yahir Acuña en el video. El alcalde sincelejano, hace referencia a utilidades que ascenderían a 2.000 millones de pesos, además de los intereses, que corresponden a la cantidad de dinero que se recibe por una inversión, que son un total de 2.500 millones. También afirma que 1.000 millones quedarían para él, supuestamente destinados a cubrir pagos de nómina, estos pagos son una remuneración económica que se paga a los empleados por el trabajo realizado. Durante el relato, expone un flujo de recursos en el que ingresarían a su bolsillo cerca de 1.000 millones, más utilidades, estas son las ganancias obtenidas después de deducir costos y gastos, y supuestos abonos a deudas acumuladas, cifras que, según lo expresado en los videos, obligarían a adelantar pagos antes de la presentación de facturas del PAE. Todo ello configura un panorama que, de ser veraz, comprometería la transparencia del sistema de contratación y afectaría la eficiencia en la prestación del servicio alimentario escolar.
En estos momentos, el municipio de Sincelejo atraviesa una compleja problemática socioeconómica, marcada principalmente por restricciones fiscales, bajo crecimiento local y una fuerte dependencia de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Es por esto qué, la filtración de los videos, en los que el alcalde Yahir Acuña conversa con su suegra, Tatiana Torres Corrales, quién ha empezado acciones legales contra las personas que difundieron sin autorización los videos, ha intensificado el escrutinio sobre el manejo del PAE, un programa clave para la seguridad alimentaria de miles de niños. En las grabaciones, Acuña describe un presunto esquema de desvío de utilidades provenientes de los contratos, mencionando montos que, según él, se reparten entre contratistas y operadores.
Acuña también menciona a terceros, entre ellos el cantante Joaquín Guiller, que según el mismo Acuña, estaría recibiendo alrededor de 2.000 millones de pesos en utilidades, y a Héctor Chávez, representante legal del PAE, a quién presuntamente se le habrían girado recursos destinados al programa.
Mientras la ciudadanía exige claridad y las autoridades competentes evalúan iniciar investigaciones, la filtración profundiza la desconfianza institucional y abre un debate urgente sobre la gobernanza financiera del PAE, un programa vital cuyo impacto depende de la correcta asignación y ejecución de los recursos.
