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La Contraloría General de la República, con el despliegue tecnológico de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), ha priorizado el daño ambiental en el país y el seguimiento de los fenómenos de minería ilegal y cultivos ilícitos con la creación de un modelo de análisis de datos, que usa la inteligencia artificial y herramientas para el control fiscal preventivo y concomitante. 

En un ejercicio, la DIARI logró conectar varias bases de datos entre las que se destacan la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Agencia Nacional Minera y el IDEAM que alimentan el Modelo de Minería Ilegal y Cultivos Ilícitos.  

Con el fin de matizar el impacto de explotación, la DIARI conectó las capas de datos del Estudio de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA), realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), en convenio con el Ministerio de Minas y Energía, entre el 2014 y el 2019.  

De esta manera, la DIARI creó una herramienta única en Colombia para que la Contraloría Delegada de Medio Ambiente y la Contraloría Delegada de Minas y Energía pudieran tener un procesamiento de datos sobre el impacto de estos fenómenos clandestinos e ilegales, que se desarrollan en lugares donde auditores no podrían desarrollar un trabajo de campo ideal.

Los principales resultados de este cruce de datos son los siguientes:

  • En 2019 los departamentos de Cauca, Antioquia y Chocó concentraron, en promedio, el 58% de la actividad de explotación ilegal de oro de aluvión del país. En Cauca, el 68% es ilegal, en Chocó la cifra es del 79% y en Antioquia el porcentaje es de 38%.  
     
  • En estos estos tres departamentos se identificaron 36 municipios en los que coinciden la huella de explotación de oro de aluvión con siembras de cultivos ilícitos.  
     
  • En 15 de estos municipios coinciden la explotación de oro ilegal con los cultivos de coca, y en 21 municipios coinciden la explotación legal de oro con las siembras de cultivos ilícitos.  
     
  • En los departamentos de Cauca, Antioquia y Chocó sólo el 42% de la explotación de oro de aluvión para 2019 está dentro de títulos mineros con 32.762 hectáreas.   

En Cauca:

  • El título minero con más área de extensión del país, con 2.058 km2 y ubicado en el municipio de López de Micay, presentó para 2019 la siembra de 900 hectáreas de cultivos ilícitos. El geovisor del mapa del país de la DIARI muestra que está rodeado de explotación ilegal de oro de aluvión.  
     
  • Entre 2018 y 2019 este título no evidenció alguna explotación de oro de aluvión, mientras que en 2016 se explotaron 74 hectáreas, lo que corresponde al 0,036% de su área total.  
     
  • Los activos hídricos de esos municipios, como los ríos Guapi, Bubuey, Sajía, San Juan de Micay y Naya, terminan en el Océano Pacífico con altos grados de envenenamiento por el uso de mercurio en este fenómeno ilegal.  

En Chocó:

  • La DIARI identificó un total de 27.768 hectáreas de explotación de oro de aluvión ilegal, que equivale al 79% del área total, con un estimado de 1.248 hectáreas de cultivo de coca para 2019.  
     
  • También se evidenció que los títulos mineros en la región que componen los municipios de Medio Atrato, Quibdó, Cértegui, Unión Panamericana, El Cantón del San Pablo, Tadó, Condoto y Río Quito denotan una casi nula actividad de explotación de oro de aluvión mientras que la explotación ilegal en esta subregión es del 91%

En Antioquia:

  • La DIARI identificó 15.628 hectáreas de explotación de oro de aluvión ilegal y 24.573 legal con un estimado de 9.482 hectáreas de cultivo de coca para 2019.  
     
  • Este departamento constituye la mayor alerta ambiental al presentar una alta concentración de minería y cultivos de coca en 2019. La zona del bajo Cauca Antioqueño, con municipios como Nechí, Cáceres, Zaragoza, El Bagre, Segovia, Anorí, Amalfi y Tarazá, presenta las mayores concentraciones de minería ilegal y cultivos de coca.  

De igual forma, se realizó un estudio de ilegalidad y una calificación de riesgo teniendo varios aspectos relacionados con el crecimiento de posibles puntos de actividad minera ilegal, su impacto en recursos ambientales en deforestación, afectación de fuentes hídricas, conexidad con títulos mineros y dispersión sobre huella minera. 

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