El Consejo de Estado tomó la decisión de que las competencias del exsecretario presidencial estaban autorizadas para recibir información de inteligencia.
El Consejo de Estado canceló la destitución e inhabilidad de 18 años que la Procuraduría le había propuesto al ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, por las ‘chuzadas’ del DAS.
El Ministerio Público había limitado el 1 se octubre de 2016 al exfuncionario por haberse juntado con funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, el cual ya no existe, DAS, y la Unidad de Análisis Financiero, Uiaf, para recibir datos de Ascencio Reyes, presunto creador y organizador de un evento enfocado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2006.
En frente a esta medida, Moreno ejecutó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de que este hecho fuera retirado de sus antecedentes disciplinarios.
“Contrario a lo sostenido por la Procuraduría, el Consejo de Estado determinó que el exfuncionario sí estaba habilitado legalmente para obtener la información de inteligencia relacionada con el ciudadano Ascencio Reyes, pues se trataba de una actuación legalmente permitida al Departamento Administrativo de Presidencia de la República que el aquí demandante dirigía y de un cometido que le había sido asignado por el propio presidente de la República”, dice el comunicado de la alta corte frente a esta situación.
El alto tribunal explicó adicionalmente que incluso el ex secretario presidencial haya sido condenado penalmente por haber brindado esos datos la prensa, así como también otro tipo de comportamientos que tienen que ver con el uso referente a esa información, la misma Corte Suprema de Justicia ni siquiera tuvo en cuenta que la junta con los funcionarios del DAS y la Uiaf para recibir esos resultados de sus registros desborda el marco de sus competencias.
En relación a ello , se lee en la sentencia: “La Sala considera que a pesar de que seguramente había mérito suficiente para responsabilizar al aquí demandante, como sí ocurrió en la jurisdicción penal, en el proceso disciplinario se interpretaron de forma errónea las normas que definían las competencias del entonces director del Dapre y se dejaron de aplicar las que asignaban a los directores del DAS y de la Uiaf la función de comunicar a la Presidencia de la República la información recolectada en el marco de sus labores de inteligencia”.
