Se está adelantando la investigación en el departamento y se espera que la corporación revele los hallazgos este viernes.
Más de 50 mil inscripciones de cédulas en Barranquilla han sido anuladas por CNE, según el informe de la Procuraduría por razones de trashumancia electoral, Atlántico encabeza la lista de cédulas potenciales trashumantes con un total de 16.714.
El Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciando aún detalladamente sobre cuáles son los municipios donde se anularon las inscripciones de cédulas, se espera que este viernes durante el evento ‘CNE más cerca de las Regiones’, que se llevará a cabo en el hotel Dann Carlton, la corporación revele los hallazgos encontrados en la investigación que se está adelantando en el departamento.
Desde el pasado viernes una comisión de delegados, del despacho del magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, llegó al departamento para practicar las pruebas y adelantar las investigaciones, haciendo el cruce de varias bases de datos con el fin de determinar si se estaría incurriendo en trashumancia electoral.
La investigación que se lleva a cabo entró en su etapa final esta semana. El próximo viernes está previsto que se realice un Comité de Seguimiento Electoral presidido por el Ministerio del Interior, en horas de la mañana.
Y en la tarde, se desarrollará el evento regional del Consejo Nacional Electoral que contará con la presencia de varios magistrados de la corporación.
Durante el conversatorio, que iniciará a la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., se desarrollarán los siguientes temas: delitos electorales, reglas vigentes, propaganda electoral e inhabilidades.
A partir de este año, por haber elecciones regionales, se podría ‘estrenar’ la ley que penaliza con cárcel al ciudadano por incurrir en el delito de trashumancia electoral. La norma actual señala que tanto el promotor como el ciudadano que incurre en este delito estará expuesto a una pena de prisión de 4 a 9 años y a una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Sin embargo, cabe aclarar que no los ciudadanos a los que se les anuló la inscripción de cédula estarían incurriendo en un delito. Esta valoración queda en competencia de la Fiscalía General de la Nación.
