Por Karina Plata Polo
El hombre en el bus saca el celular con desconfianza. Mira a los lados, lo guarda en el bolsillo y aprieta el bolso con una risa disimulada en el pecho. En la esquina, un vendedor ambulante repite a su señora que ya no se puede vivir sin mirar atrás. Bogotá, Medellín, Cali… en todas partes el miedo ha hecho nido. Y cuando el miedo se vuelve costumbre, las armas empiezan a parecer una solución.
“Si el Estado no me cuida, me cuido yo”, se escucha decir en voz alta. Esa frase, repetida en barrios y redes sociales, es el nuevo mantra de una nación cansada. Pero también es el reflejo más claro de un país que no ha aprendido a vivir sin guerra. Colombia sigue creyendo que la seguridad se construye con el dedo en el gatillo.
Armar a la ciudadanía no detiene la violencia, la multiplica. Quienes defienden el porte libre hablan de defensa personal, pero olvidan que un arma no es un escudo, es una frontera. Entre vecinos, entre desconocidos, entre el miedo y la vida.
El artículo 223 de la Constitución es claro: solo el Estado puede introducir y fabricar armas. Aun así, las cifras revelan otra historia. Según la Policía Nacional, más de 4,2 millones de armas de fuego están hoy en manos de civiles, lo que equivale a que una de cada doce personas en Colombia posee una. No son solo números; son manos que pueden temblar, enojarse o equivocarse. Entre enero y junio de 2025, el 79,5 % de los homicidios en el país fueron cometidos con armas de fuego. La promesa de seguridad se transforma, una vez más, en tragedia.
El Decreto 1556 de 2024 extendió la suspensión de los permisos de porte hasta diciembre de 2025. Pero el país sigue armado, porque donde hay demanda, hay mercado. En marzo, la Policía desmanteló una red que alquilaba armas a grupos ilegales bajo la fachada de empresas de vigilancia privada. Sesenta de los capturados tenían vínculos con las AUC. El negocio de la seguridad, en Colombia, siempre ha tenido un pie en la sombra.
Y es que aquí, la línea entre protegerse y amenazar es demasiado delgada. En los barrios populares, un arma en la casa no da tranquilidad; da nervios. La gente la guarda “por si acaso”, pero el acaso llega pronto. Una discusión doméstica, un robo mal entendido, un impulso en la oscuridad… Basta un segundo para que el miedo se dispare.
El 52 % de las muertes violentas de mujeres en 2022 fueron causadas con armas de fuego. En esos casos, el arma no fue defensa ni protección: fue poder, fue rabia, fue silencio roto. Cada bala que sale de una pistola en manos civiles no solo hiere un cuerpo, hiere la confianza en el otro.
Quienes promueven el proyecto de ley que busca flexibilizar los requisitos para portar armas insisten en que un ciudadano armado disuade al delincuente. Pero la historia demuestra lo contrario. Las sociedades más armadas son también las más inseguras. Según Small Arms Survey, América del Sur concentra el 71 % de las muertes por armas de fuego en el mundo, y América del Norte el 81 %. Los países con mayor tenencia civil son los que más lloran muertos.
En Colombia, el miedo se hereda como un apellido. Durante décadas nos enseñaron que solo quien está armado está a salvo. Pero la experiencia del conflicto armado dejó otra lección: que la violencia no se controla con más violencia, sino con más Estado, más justicia y más presencia real. Sin embargo, seguimos buscando soluciones rápidas, personales, egoístas. Queremos cargar un arma porque no confiamos en quien debería protegernos.
Quizás ahí está el verdadero problema. No es un país que quiere armas; es un país que ya no cree en su policía, ni en su justicia, ni en su gobierno. Cuando la confianza se rompe, el ciudadano se blinda. Pero armarse no es protegerse: es aislarse del otro, y cuando todos están armados, nadie está seguro.
He visto cómo se habla de “porte responsable” con la misma naturalidad con que se habla del celular o de la moto. Como si un arma fuera una herramienta más, un accesorio cotidiano. Pero ningún país se vuelve más libre al empuñar una pistola. Se vuelve más frágil, más tenso, más desconfiado.
Las calles ya lo saben. Hay algo de resignación en cada mirada, una sospecha que se disfraza de prudencia. Nos acostumbramos a vivir con miedo, y ahora queremos normalizar el arma como si fuera el remedio. Pero un país que normaliza el miedo, se enferma de violencia.
La seguridad no se decreta desde el bolsillo ni desde una funda de cuero. Se construye con oportunidades, con educación, con presencia real del Estado en las esquinas donde no llega la ley. Y mientras esa ausencia persista, cualquier intento de legalizar más armas será una forma de rendirse ante el miedo.
El Congreso puede votar leyes, pero no puede legislar la confianza. Y esa, la confianza, es lo que el país necesita más que nunca. Porque tener una pistola en el pantalón no sustituye a un juez, ni crea héroes y porque cada disparo que suena no solo mata a alguien; también mata la posibilidad de vivir sin miedo.
Colombia ya se desangró demasiadas veces buscando seguridad. Tal vez ha llegado la hora de entender que el acto más valiente no es disparar, sino decidir no hacerlo. Que la verdadera protección no está en el cañón, sino en la empatía. Que la paz no se firma con pólvora, sino con voluntad.
El país que logre desarmarse será el país que empiece, por fin, a curarse.
