Acusaciones recíprocas de transgedir un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012, sobre las aguas de San Andrés y Providencia, enfrentan una vez más a Colombia y Nicaragua en La Haya, este 20 de septiembre.
Los encargados que representan a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso en contra de Nicaragua ya están en la sede del Tribunal en La Haya para las audiencias orales. En la víspera de este encuentro, apenas el primero, Carlos Gustavo Arrieta, uno de los apoderados colombianos, señaló que las pretensiones de Nicaragua son “exorbitantes”.
“Desde que inició las demandas contra Colombia, Nicaragua siempre ha tenido pretensiones exorbitantes, en contravía del derecho internacional. Durante la audiencia que comienzan este lunes 20 no debe sorprendernos escuchar de su parte alegatos exagerados y distorsiones de la realidad”, manifestó Arrieta en una entrevista con la agencia EFE.
Las nuevas audiencias se originan en el contexto del fallo de la Corte Internacional de Justicia de noviembre de 2012, que fijó los límites marítimos entre ambos países y confirmó la soberanía colombiana sobre siete cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor que la que tenía, exactamente 70.000 km más.
Sin embargo, Colombia declaró en septiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”.
Ese mismo año, Nicaragua pidió a la CIJ, con sede en La Haya, que le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.
“Colombia acude a la Corte para ratificar los derechos irrenunciables que Nicaragua pretende desconocer”, expresó Arrieta. Entre esos citó “el derecho de Colombia a hacer presencia permanente en el mar Caribe en la lucha contra los delitos transnacionales; el derecho a salvaguardar la vida en el mar y proteger el medio ambiente; el derecho de todas nuestras islas a tener una zona contigua; los derechos ancestrales de pesca de la comunidad raizal en las áreas marítimas aledañas al archipiélago de San Andrés y en los bancos de pesca tradicionales”, señaló Arrieta.
Es por este motivo que Arrieta considera que “Colombia no ha expedido ninguna ley contraria al derecho internacional” y asegura que “es Nicaragua la que expidió un decreto de líneas de base rectas con el cual convierte en aguas interiores 21.500 kilómetros cuadrados de mar. Por eso Colombia contrademandó a Nicaragua”. Las contrademandas, cuatro en total, fueron presentadas por Colombia en la fase de alegatos escritos y la CIJ admitió dos de ellas. “Estas contrademandas hacen referencia a que, por una parte, Nicaragua ha desconocido e infringido los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder a sus bancos de pesca tradicionales”, afirmó.
El abogado colombiano añadió que Nicaragua “expidió además un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros países”.
“Este caso versa sobre los derechos de ambas partes. Nicaragua pretende negarle a Colombia la libertad de navegación y sobrevuelo que tiene todo país”, resume Arrieta y subraya que “la libertad es un principio esencial del derecho internacional”. En la CIJ hay otro litigio planteado por Nicaragua, que pidió a ese tribunal que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”.
*Con información de Agencia EFE.
