Un nuevo capítulo de la crisis constitucional en suelo ‘inca’ dio inicio ayer en las instalaciones del parlamento peruano.
Martín Vizcarra, presidente del Perú, ordenó la disolución del congreso luego de que éste último denegara la cuestión de confianza que planteó el ejecutivo y, horas después de la decisión, el Congreso destituyó a Vizcarra de su puesto y juramentó como mandataria interina a Mercedes Aráoz, vicepresidenta de la nación.
Vizcarra tomó esta decisión debido a que el parlamento peruano eligió a un nuevo integrante del Tribunal Constitucional sin debatir el recurso constitucional que presentó el mandatario. Este recurso era una cuestión de confianza, una figura constitucional en el que el poder ejecutivo pide al congreso el respaldo a una política, iniciativa o decisión que el gabinete ministerial o el presidente promulgue.
Dicha cuestión de confianza se pidió para modificar las elecciones de los candidatos aspirantes a ocupar el Tribunal constitucional pues Vizcarra y su gabinete que no había transparencia en dichos comicios. Para el momento en que se pidió el recurso, el parlamento pensaba elegir seis nuevos miembros de siete que componen el organismo y ya había elegido a uno, Gonzalo Ortiz de Zevallos, con 87 votos.
Según la constitución peruana, el gobierno puede disolver el congreso respecto a una política que quiera aplicar a dos gabinetes del mismo gobierno. Asimismo, Vizcarra convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero del 2020 y completar el periodo institucional del parlamento disuelto.
“Ante la negación fáctica de confianza, decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país”, expresó la máxima autoridad política del territorio ‘inca’.
Tras la decisión del presidente Vizcarra, los legisladores opositores, en su mayoría adheridos a la corriente fujimorista y que ocupan 80 de los 130 escaños del congreso, propusieron la inhabilitación del presidente por “incapacidad moral” por un período de 12 meses. La votación dio como resultado 50 votos a favor de su suspensión, 31 en contra y 13 abstenciones, por lo que se designó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz para ocupar su cargo interinamente.
Este suceso es uno más de la crisis política y constitucional en el que se encuentra sumido Perú tras los casos de corrupción que llevaron a que saliera de la presidencia Pedro Pablo Kuczynski y ahora con la disputada entre Vizcarra y el congreso se agudiza la tensión que no parece tener una solución final a primera vista.
