En una acción interinstitucional entre la Alcaldía de Barranquilla, Migración Colombia y otras entidades tanto locales como nacionales, se efectuó el desalojo de 200 venezolanos que habían ocupado, de manera improvisada, la zona nororiental del puente de Murillo.
Entre el grupo de organizaciones que apoyaron al Distrito en el procedimiento se encontraban Cancillería, el ICBF, la Personería Distrital, Pastoral Social de la Arquidiócesis y la Policía Metropolitana.
Previo a la intervención, un censo realizado por las autoridades había determinado que en ese lugar se asentaron 251 venezolanos. Sin embargo, al momento del procedimiento se encontró una población menor debido a que algunas familias aceptaron salir de manera voluntaria.
La acción fue convocada por la Inspección 25 de Policía Urbana y la Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público, donde 16 personas aceptaron regresar voluntariamente a su país con apoyo de Migración y 61 de estas se trasladaron al refugio de Pastoral Social en el municipio de Malambo.
Por su parte, Migración Colombia ofreció la posibilidad de permisos especiales de permanencia, después de un proceso de identificación y priorización de acuerdo a la problemática social, familias con niños en condición de discapacidad, mujeres en estado de embarazo y personas de la tercera edad.
A su vez, se compartió la alternativa de que las personas en estado de vulnerabilidad fueran atendidas a través del Sisbén, además de un servicio de transporte para el retorno de aquellos que decidieron regresar voluntariamente.
De esa manera, la Cancillería compartió la oferta de ‘Colombia nos une’, un programa de retorno voluntario. Así mismo, el ICBF acogió a 40 niños de la comunidad en unidades de servicio médico, además de ofrecer la posibilidad del registro de menores de edad.
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