Por Juan Roa De Ávila
La plenaria del Senado de la República sostuvo ayer uno de los debates de control político más importantes del actual periodo legislativo.
A la cita, que fue convocada por el senador Jorge Enrique Robledo para discutir sobre los supuestos sobornos que la multinacional Odebrecht habría girado en favor de las campañas presidenciales de Santos y Uribe, acudieron el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el de Transporte, Jorge Rojas; y el de Agricultura, Aurelio Iragorri, pero se vio marcada por la ausencia del Fiscal General, Nestor Humberto Martínez.
Durante más de seis horas, una encendida discusión tuvo lugar dentro del recinto tras los señalamientos que Robledo lanzó hacia un sector de la bancada del Centro Democrático y la Unidad Nacional. Según sus pruebas, el ahora candidato presidencial aseveró que la empresa brasileña corrompió con dineros ilícitos los tribunales de arbitramento colombiano y pagó millonarios sobornos para quedarse con los contratos de grandes obras como la construcción de la Ruta del Sol II.
“En el caso de la Ruta del Sol II se ha adicionado más de diez veces el contrato. Es claro que Odebrecht corrompió en Colombia. Esto está establecido porque los señores de la empresa confesaron ante la justicia norteamericana que habían pagado sobornos por $US 11 millones en el Gobierno Santos y otros $US 6.5 millones en el de Uribe”, señaló.
Además, el parlamentario del Polo Democrático declaró que el Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, también estaría involucrado en los hechos de corrupción al “pagar asesorías jurídicas al hoy Fiscal y su firma de abogados para quedarse con millonarias sumas en la contratación de la navegabilidad del Río Magdalena”.
Robledo continuó su intervención manifestando que “el Gobierno, sin licitación, le adjudicó a dedo al consorcio Ruta del Sol la construcción de la vía Ocaña-Gamarra en un proceso que tuvo un soborno de $US 4.5 millones”.
Acusados respondieron
A su turno, los involucrados respondieron a las acusaciones.
La bancada del Centro Democrático, en cabeza del senador Álvaro Uribe, se defendió de los señalamientos al argumentar que nunca recibieron coimas en su campaña ni mucho menos en la concesión de la mencionada Ruta del Sol.
“Mi gobierno introdujo la aplicación de los prepliegos como un paso necesario para garantizar transparencia en los procesos y tener la posibilidad de discutir las condiciones de la licitación antes de su apertura definitiva, en este caso se discutieron los días 12 y 14 de marzo y se publicaron días después”, replicó en una de sus intervenciones.
De igual forma, con respecto al tema de Banagrario y Navelena, el Ministro de Transporte, Jorge Rojas, afirmó que “este gobierno ha sido honesto con las licitaciones públicas y todo se ha hecho con el mayor rigor”.
Y además mencionó al director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Andrade, para dejar claro que “el contrato de una obra tan importante para el país se hizo con una licitación de la vía y una adición en los peajes para utilizarlos como recursos públicos”.
Por su parte, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, atendió un total de 17 preguntas formuladas por Robledo a través de una carta enviada a la plenaria. Así, por ejemplo, ante la pregunta 11, donde se le indagaba sobre los dineros girados a la campaña Santos Presidente 2010, argumentó desconocer el tema y que por esa razón se abstenía de responderla, pues no era de la competencia de su cartera.
Lo que viene para el Fiscal y el caso
Según dijo el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, el Fiscal Martínez no acudió al debate debido a que, como bien le había señalado en una carta enviada a su despacho, “en él se versarían asuntos que son objeto de investigación penal por parte de la Fiscalía”.
Ante ello, el citante sostuvo que “hubiera sido bueno que le diera la cara a Colombia… lamentamos que le sacó el cuerpo al debate”.
Al respecto, Juan Federico Pino, investigador y politólogo de la Universidad del Rosario de Bogotá, en diálogo con EL PUNTO afirmó que la ausencia del Fiscal no configura un sustento legítimo para la pérdida de su investidura.
“Que el Fiscal no haya acudido a la cita de control político en el Congreso no da pie para que pierda la investidura de su cargo. No hay repercusión legal. Pero sí manda un mensaje de incertidumbre mediática porque le queda debiendo una aclaración al país ante la magnitud de tal escándalo”, aseguró.
Asimismo, ante las acusaciones provenientes de un sector de la Izquierda al pedir abiertamente que Martínez se declare impedido para investigar el caso, Pino sostuvo que en este escenario se deberían nombrar fiscales externos para que se investiguen las medidas procesales.
“Si el Fiscal se declara impedido se deben declarar otros fiscales delegados. El presidente debe escoger una terna Ad hoc para que se llegue a la conclusión del caso y se establezcan los responsables”, concluyó.
Fotografía tomada de Twitter: @JERobledo
