Por: Luz Villadiego [En Alianza informativa con CERI.com]
Después de 130 días de gobierno, el 17 de febrero del presente año, José Jeri fue destituido por el Congreso peruano, quedando en el imaginario colectivo su intención de acabar con la inestabilidad política del país y, a su vez, combatir la ola de inseguridad que mantiene en zozobra a los peruanos.
El gobierno del ya expresidente José Jeri se vio envuelto en diversos escándalos que amenazaron su permanencia en el cargo en distintas ocasiones. Entre ellos, la reunión sostenida en diciembre de 2025 con un empresario chino —cuestionada por la naturaleza del encuentro—; las presuntas contrataciones de mujeres que habrían recibido beneficios del Estado tras visitarlo; y una acusación de abuso sexual que adquirió gran notoriedad mediática cuando ya se había posesionado como presidente. Estos episodios no solo afectaron su imagen, sino que profundizaron la percepción de improvisación y fragilidad institucional.
Más allá de los escándalos que rodearon su corto mandato, resulta realmente alarmante la facilidad del gobierno peruano para cambiar de presidente. Recordemos que José Jeri reemplazó a Dina Boluarte, quien también fue destituida por el Congreso. La diferencia radica en las figuras constitucionales empleadas en cada caso: a Boluarte se le acusó de incapacidad moral para gobernar, mientras que en el caso de Jeri el Congreso recurrió a la moción de censura, mecanismo que requiere únicamente mayoría simple.
La situación política del Perú expone una fractura en el sistema de checks and balances (pesos y contrapesos) entre el Ejecutivo y el Legislativo. Este escenario de incertidumbre constante en el poder ejecutivo ha generado desconfianza ciudadana hacia las instituciones, mientras que la prestación de servicios públicos no cumple con las expectativas de la población y la inseguridad continúa en aumento.
El Informe Global para la Democracia 2025 ha señalado a Perú como un país en retroceso. Entre los factores destacados se encuentran la debilidad en la representación y la participación ciudadana, elementos que deberían reflejarse en la efectiva transferencia del poder del pueblo al Ejecutivo, así como en la identificación y legitimidad que la ciudadanía otorga a su presidente. Sin embargo, el escenario político actual pone en entredicho estos principios.
A dos meses de las elecciones, el Congreso no tardó en cubrir la vacancia presidencial y, el día de ayer, se posesionó como presidente José Balcázar Zelada. No obstante, más allá del relevo inmediato, surge una interrogante de fondo: ¿está la clase política peruana realmente a la altura del desafío que enfrenta el país? Quizás el problema no sea solo de nombres sino de fondo.
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