Por: Paul Padilla
Foto tomada de: GETTY IMAGES
La Corte Suprema de Justicia se pronunció a través de un fallo refiriéndose a los recientes casos de abuso por parte de la fuerza pública en contra de los ciudadanos y que provocaron la muerte del abogado Javier Ordóñez y de al menos otras 13 personas en Bogotá en las últimas semanas.
“Una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”. Expresó el documento. El ente judicial también ordenó al presidente Duque garantizar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la protesta pacífica.
“Hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”.
En el mismo fallo La Corte Suprema de Justicia también ordenó que se dejaran de implementar las escopetas calibre 12. Esta arma catalogada como “no letal” fue la principal causa de la muerte del estudiante Dilan Cruz en las manifestaciones del pasado mes de noviembre en la capital del país.
“Ordenar a los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) y a cualquier institución que efectúe ‘actividades de Policía’ que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, suspenda el uso de las escopetas calibre 12, hasta previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento”. Recita el documento.
En las últimas horas el Gobierno Nacional convocó una reunión de urgencia en la Casa de Nariño para analizar el fallo de La Corte que busca garantizar el derecho a la protesta ciudadana. En dicha reunión se encuentra el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia Diego Molano y miembros del aparato jurídico.
Es preciso resaltar que este fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de justicia se trata de un hecho histórico sin precedentes en el país, nunca antes un alto tribunal se había manifestado frente a hechos de abuso y exceso de fuerza por parte de la fuerza pública, al mismo tiempo que ordena al jefe de estado garantizar los derechos de los ciudadanos.
