Por: Emil Osorio
San Andrés y Córdoba son los dos departamentos del Caribe con mayor porcentaje de municipios en riesgo. Chocó es el departamento que corre más riesgo a nivel nacional.
Cada proceso electoral llevado a cabo en Colombia se ve enfrentado a un grupo de prácticas nocivas para la salud de la democracia nacional, cuyos orígenes se remontan a varias de las problemáticas más persistentes en la historia del país: corrupción, violencia, ilegalidad, etc. Según la Misión de Observación Electoral (MOE) el plebiscito por la paz convocado para el próximo 2 de octubre no estará exento a los riegos electorales.
En aras de prever de qué manera este proceso en particular se enfrentará a tales complicaciones, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó el pasado 11 de agosto un informe de 57 páginas que detalla, punto por punto, cuáles son los riesgos específicos que enfrentará la convocatoria a las urnas en el marco final de los diálogos de Paz.
El estudio de la MOE (completo en: http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/2016/Libro_mapas_de_riesgo-electoral_2016_plebiscito.pdf) cuenta con la colaboración de varias ONG, el Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, y el grupo de Elecciones y Partidos Políticos de la Universidad de los Andes. Como representante de la institución uniandina y participante activo de la investigación, Juan Federico Pino, estudiante del doctorado en Ciencia Política de dicha universidad, conversó con El Punto para explicar detalles específicos acerca de la publicación, y algunas de sus observaciones sobre el plebiscito, el segundo de su tipo en llevarse a cabo durante más de 50 años.
Juan Federico Pino explica que la MOE propone un mapa nacional afectado por 13 variables de riesgos, que se pueden resumir en cinco grandes grupos: violencia política y social, presencia de economías ilegales, riesgos electorales, riesgos corridos por municipios con restitución de tierras y riesgos corridos en zonas veredales transitorias y zonas campamentarias para la desmovilización de las Farc.
El grupo de violencia política y social recoge hechos violentos como asesinatos, secuestros, desapariciones forzosas y atentados. Además abarca variables como restricciones a la libertad de prensa, presencia histórica de movimientos insurgentes o estructuras paramilitares.
Por su parte, el grupo de las economías ilegales agrupan los municipios donde el narcotráfico y la minería ilegal son fuente significativa de ingresos y poder territorial. Todas estas prácticas funcionan como medios para presionar y cohibir poblaciones alrededor del voto.
Por otro lado, los municipios con restitución de tierras y las zonas veredales y campamentarias, se plantean alrededor de problemáticas surgidas por las tensiones propias del conflicto armado. La primera categoría considera la posibilidad de acción de actores ilegales a quienes no convendrían nuevas políticas estatales orientadas a reformar la distribución de tierras, y la segunda se incluye por agrupar aquellas zonas donde se requeriría mayor interveción por parte de organismos de vigiliancia y control nacionales e internacionales.
De esta manera, a través de los puntos identificados como propensos a sufrir cada uno de los distintos problemas en jornadas electorales pueden asumirse medidas de prevención, habida cuenta de que los resultados son socializados por la misión ante las autoridades correspondientes, y cada uno de los puntos identificados es ubicado en una escala que va desde medio hasta extremo, pasando por alto.
En el mapa consolidado de riesgo electoral a nivel nacional, San Andrés y Córdoba son los dos departamentos del Caribe con mayor porcentaje de municipios en riesgo, con 50 y 30% respectivamente. Sin embargo, cabe mencionar que la alta tasa de San Andrés se debe a que solo cuenta con dos centros poblacionales. Atlántico, por su parte, aparece en la tabla nacional como el departamento de la región con menor cantidad de municipios en riesgo: solo el 4%. En este mismo mapa consolidado, Chocó es el departamento que corre más riesgo a nivel nacional, con el 87% de sus centros poblacionales ubicados en distintas categorías.
Si bien muchos de estos riesgos se han convertido en costumbres perjudiciales para la democracia nacional, Pino encuentra unas diferencias fundamentales entre el panorama político y social de este segundo plebiscito, con respecto al llevado a cabo en 1957. Por un lado, se cuenta con un espectro político más amplio y diverso que el bipartidismo de hace 50 años, encontrándose opciones tan diversas como el Polo Democrático o el Centro Democrático, lo cual generaría una cultura política por fuera de las dicotomías de antaño.
Además, Pino resalta, la población votante actual se encuentra mayoritariamente ubicada en las zonas urbanas, contando con mayores niveles de escolaridad y acceso a información.
En todo caso, la mayor diferencia para Pino radicaría, por supuesto, en la naturaleza de ambos procesos, siendo el primero un acuerdo entre dos partidos políticos hegemónicos, ampliamente establecidos. El segundo, el punto de partida para la integración social y política de un grupo al margen de la ley. Esta coyuntura, y el hecho de contar con herramientas como la investigación presentada por una misión no partidista como la MOE, y algunos de los centros académicos más reconocidos del país, hace aún más evidente que el plebiscito del 2 de octubre marcará un antes y un después en la historia política nacional.
