Por: Natalia Osorio y Delfina Chacón
En el país del papa Francisco, los legisladores deben mantener la autonomía al momento de tomar posturas sobre la legalización del aborto sin que las convicciones católicas intervengan en las decisiones del Estado laico.
Argentina, donde el catolicismo aún reina, rechazó por séptima vez – con un total de 38 votos en contra y 31 a favor – el proyecto de ley que pretendía legitimar la interrupción prematura del embarazo, que hasta ahora es catalogado como un delito penado con hasta 4 años de cárcel.
Históricamente, al catolicismo se le ha otorgado gran importancia dentro de la sociedad argentina, aún manteniéndose con el paso de los años como una de las “principales fuentes de legitimidad en los procesos políticos” (Cruz, J. 2007). Tanto así, que la Constitución de la Nación (1994) invoca en su preámbulo a la “protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”.
Sumado a esto, una encuesta realizada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), aseguró que el 76,5% de la población argentina se declara católica y que la mayoría reside en la zona norte del país, resultando en el 91,7% de la población; la misma zona donde la mayoría de los senadores votaron en contra del proyecto de ley.
Los activistas que debaten sobre el tema tienen posturas muy definidas. Los que propenden por la aprobación, responsabilizan al dogma de la iglesia católica de la negativa de los legisladores. El Ministro de Salud Adolfo Rubinstein, informó que cada año se realizan alrededor de 354,000 abortos clandestinos en Argentina, convirtiéndose esto en la principal causa de mortalidad materna con un 18%.
La senadora María de los Ángeles Sacnun, confirmó que “la muerte por aborto clandestino es un feminicidio por omisión del Estado”, atribuyéndole directamente la culpa de estas muertes a las fallas en la Constitución, que está priorizando a la Iglesia en su decisión final aunque el aborto sea un asunto de salud pública, no de creencias religiosas.
De igual manera, hay quienes abogan por la mujer y el derecho que tiene de decidir sobre su propio cuerpo, como la senadora Norma Durango, quien dijo que en esos casos “las mujeres están solas. El varón aborta antes, desapareciendo. Por eso este es un problema de mujeres”.
Por su parte, reconocemos los argumentos ofrecidos por la jerarquía católica, también presente en el Senado, que se basaron tanto en la religión como en la ciencia y el derecho a la vida. Oscar Botta, Director de Profamilia, constató que el aborto “atenta contra la seguridad demográfica y es desaparición forzada de personas, es la ley que nos rige y la despenalización es violatoria de la Constitución y de la Convención”.
Otros defendieron su postura con argumentos basados en las emociones, la religión y el ideal de salvar las dos vidas, aún catalogando la interrupción del embarazo como un acto homicida egoísta. La mayoría, en congruencia con los ideales del papa Francisco, quien opinó en su momento que el aborto es un “homicidio de niños” comparable con “lo que hacían los nazis por la pureza de la raza”.
A pesar de los argumentos propuestos por los grupos opositores, las cifras demuestran lo contrario, y es por eso quienes estamos a favor de la legalización del aborto consideramos que este tema no se debe mezclar con las creencias religiosas.
