Luego de caída la cadena perpetua para violadores de menores de edad y abusadores, la mirada de las políticas públicas deberán enfocarse en la esencia del problema: su condición multicausal y su complejidad, más allá del lenguaje adecuado, lo popular y lo aparente.
El jueves 2 de septiembre la Corte Constitucional tomó en consideración los argumentos de Cristina Pardo y tumbó la medida. La magistrada ponente manifestó que la norma genera efectos graves para la dignidad humana de la persona condenada, y de cierta forma, para el sistema penitenciario actual.
Con una votación de seis a favor y tres en contra, la Sala Plena desechó la iniciativa del Gobierno y que el presidente Iván Duque había sancionado como ley el 6 de julio del presente año.
La cadena perpetua para los violadores de niños que ha sido tumbada y que tiene al país en debate viola el principio de resocialización que establece la Constitución, mediante la sentencia C-328-16 de la Corte Constitucional. Además, según todo lo presentado por la magistrada debe buscarse es la resocialización como forma de garantizar la dignidad humana de los condenados y que el estado debe garantizar los medios para lograr que los reclusos se reintegren a la sociedad.
Ahora, pensando en la idea de Pardo, hay que analizar de que formas pueden ser reincorporadas estas personas, sabiendo que la sociedad colombiana siente total rechazo por estos abusos. La idea del gobierno actual de encerrar de por vida a las personas para “ejemplificar” las consecuencia de violar las leyes es anticonstitucional aunque suena raro para las personas que apoyan el proceso. Hay que ir más allá y entender que mundialmente hasta los peores criminales tienen derechos, derechos que se tienen que valer y respetar.
Muchas personas veían esta “nueva ley” como un hecho, pero no tuvieron en cuenta lo ya establecido por la Corte Constitucional. Para que esta ley puede ser una realidad, se necesita de un referendo constitucional por medio del voto popular que antes debe ser aprobado por el congreso. Todo este proceso se supone que es conocido por las personas más cercanas a las leyes, a la política y sobre todo debe ser conocido por quienes nos gobiernan, no debe ser punto de rechazo en las redes sociales como lo hace nuestro presidente Duque, quien se supone que debería mas que nadie en este país conocer bien la Constitución.
La rabia de la población es entendible, y más cuando los gobernantes confunden con tratar de implementar leyes para buscar algún beneficio. Pero, más que juzgar hay que tratar de entender por qué se esta rechazando esta nueva ley, y aceptar que una persona que viola o mata a un niño en total desigualdad de condiciones, no es un ser que este bien, no se le puede ver como a un hombre que pueda ser juzgado como cualquier otro, porque es evidente que existe problemas mentales, trastornos, daños psicológicos, etc.
Esto tampoco se trata de una justificación ni de una forma de darle vía libre a los violadores, en un hecho que esta mal aquí y en cualquier lugar del mundo, pero antes de violar o denigrar la vida y derechos de alguien, hay que entender el proceso, y trabajar sobre este, no buscar la forma más rápida que es la muerte. Le ha costado por años a muchas sociedad entender que los ríos de sangre no son la solución para enfrentar los problemas sociales.
