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*Esta es la primera nota del especial periodístico “Todas”, realizado por estudiantes de sexto semestre de la Universidad del Norte.

Las historias demuestran que la cotidianidad está invadida por la inseguridad, principalmente para las mujeres, y las cifras lo corroboran.

Antes de la pandemia, Camila estaba pasando unos meses en Barranquilla. Una noche, decidió acompañar a su pareja al cumpleaños de una de sus amigas. Todo pintaba bien hasta que llegó la hora de despedirse, no por la nostalgia, sino por lo que estaba por venir. Ella vivía lejos del lugar de la reunión.

Camila pidió un Didi, que era la sensación en trasporte desde finales del año pasado. Luego de una espera no tan larga, el automóvil llegó al lugar. Camila se despidió, el conductor verificó que fuese ella quien había solicitado el viaje (aunque fue su pareja quien utilizó la aplicación) y se dispusieron a cumplir con su tarea. Eran poco más de las doce de la madrugada, así que no podía pasar mucho más tiempo. “Era un señor más o menos de la misma edad de mi papá, y mi papá tiene cincuenta años”, cuenta luego de afirmar que no recuerda el nombre de quien conducía. Sin embargo, la placa del vehículo, el recorrido y el monto se encuentran en el recibo que automáticamente envía la aplicación al correo electrónico de sus usuarios. Ella tiene veinte años.

El relato de Camila continúa: “Empezó a hacerme preguntas. Que de dónde era, de dónde venía, que los carnavales; cosas… normales, para una conversación inicial”. Según cuenta, respondió todo amablemente, pues siempre prefiere que sus viajes en aplicaciones sean “muy amenos” y porque le gusta mucho hablar con la gente. Cuando la conversación buscó adquirir un tono más personal, el nerviosismo y la incomodidad de Camila empezaron a aumentar. “Ya cuando empezó a preguntar si tenía novio fue incómodo. De todos modos, decidí decirle que sí”. El señor invitó a Camila a guardar su número para contactarlo en caso de querer conocer más sobre un grupo de teatro que estaba conformando. Luego, “empezó a tomar una actitud bastante extraña”.

Aunque Camila no es de Barranquilla, conoce bien el lugar donde se estaba quedando. Incluso, sabe de memoria una de las rutas posibles para llegar hasta ahí. Por eso se le hizo extraño que, cerca a la circunvalar, el conductor decidiera desviarse, aun cuando Didi estaba mostrando la ruta, que era la que ella conocía. Camila, nerviosa, le reprochó, y él respondió tratando de aparentar inocencia frente al camino: “es que me distrajiste con tu belleza”, afirmó. Ella tuvo que enviarle la ubicación a su primo, con quien se estaba quedando en la ciudad.

El chofer continuó con sus insinuaciones. “Ay, es que tú eres muy linda. Hace tiempo no veía a una pela’ así, que me moviera el piso”, sostuvo. “Oye, no quiero que te sientas tímida, pero yo quisiera saber a ti qué te gusta de la vida sexual”, “es que me gustaría hablar contigo, quisiera que me aceptaras para ir a cine”. Luego le contó de sus experiencias amorosas y sexuales.

Al llegar, Didi marcó una cifra a pagar mayor a la que inicialmente había indicado, lo que podría justificarse por la demora y el desvío que el conductor adoptó. Camila le explicó esa situación, a lo que el chofer respondió que le permitía que le pagara menos a cambio de escribirle y salir con él. Ella solo entregó el dinero y, cuenta, salió corriendo a la casa.

Realidad innegable

El caso de Camila no es aislado. Según cifras de Barranquilla Cómo Vamos, en 2019 la percepción de seguridad en Barranquilla era del 43%, lo cual no representaba un cambio sustancial frente a lo que los ciudadanos opinaban años anteriores. Esto indica que más de la mitad de la ciudadanía no se siente a salvo en la capital del Atlántico. Llama la atención, y cabe resaltar, que los hombres se sienten dos puntos porcentuales más seguros que las mujeres, de las que solo un 42% manifestaba sentir seguridad en la capital del Atlántico.

Aunque esa visión generalizada de la población tiene que ver, en su mayoría, con delitos relacionados con hurto, los crímenes sexuales y de género no se quedan atrás. Datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte demuestran que, aunque hubo una reducción con respecto al primer semestre del año pasado (que podría explicarse por los aislamientos generalizados), se presentaron 277 delitos sexuales en Barranquilla.

A nivel nacional el panorama no es distinto. Se dice, por ejemplo, que en Bogotá seis mujeres al día reportan o denuncias conductas relacionadas con acoso en el transporte público. Adriana Matiz, presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer del Congreso, el 25 de mayo pronunció ciertas cifras sobre el flagelo de la violencia sexual. “En 2019, 98.000 mujeres reportaron denuncias sobre violencia de género, de las cuales 22.150 eran por el delito de violencia sexual; 10.450 de ellas, menores de 10 a 14 años. En nuestro país es lamentable decirlo, pero cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia sexual; es decir, cada hora dos mujeres son violentadas y al día 48 mujeres son víctimas”, aseveró.

Por supuesto, las mujeres siempre han sido las más afectadas. Una socialización de veintiséis estudios realizados por distintas comisarías de familia del Atlántico el año pasado reveló que entre 2015 y 2016 hubo más de doce mil denuncias presentadas por violencia intrafamiliar y de género. De ellas, el 88.1% corresponde a denuncias realizadas por mujeres.

Esa cifra es muy parecida a la registrada en otras zonas del país. Con corte a agosto del 2019, la Secretaría de Salud y Protección Social de Bucaramanga había reportado casi siete mil delitos relacionados con violencia sexual en lo que corría los últimos meses de ese año. Las conductas que más denunciaban las víctimas fueron violencia física y abandono, siendo las mujeres, una vez más, las más afectadas.

Acoso sexual, otra deuda pendiente

El acoso sexual es un delito en Colombia desde 2008. Fue la Ley 1257 de 2008 la que permitió la presencia del artículo 210A en el Código Penal, buscando ingresar a prisión de uno a tres años a quien “en beneficio suyo o de un tercero, y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona”.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha ayudado a precisar que, para que se pueda configurar el delito, es necesario que sea reiterativo —aunque no haya una determinada cifra mínima de días u ocasiones— y que no logre consumar acto sexual alguno, sino que se trate de persecución u hostigamiento en el que haya una figura manifiesta de poder. Es así como se logra distinguir entre actos sexuales violentos, injuria por vías de hecho o el acoso como tal.

La superioridad entre el agresor y la víctima puede presentarse en diferentes ámbitos, desde el meramente sexual (mujeres vistas como objetos sexuales frente a los hombres) hasta en el académico. Estudios de la Universidad Central y la Universidad nacional muestran que al menos 42% de las estudiantes ha sido víctima de acoso sexual dentro de instituciones de educación superior.

La Fiscalía General de la Nación registra datos de más de quince mil víctimas de acoso sexual en todo el país. Llama la atención que la gran mayoría de estos casos aún se encuentra en etapa preliminar, lo que puede llevar a que las mujeres sientan desconfianza frente a la Justicia. En una reciente audiencia pública en la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, Viviana Bohórquez, abogada y presentadora de Las Igualadas, videocolumna de opinión de El Espectador, aseguró que “las mujeres tienen miedo a la justicia, tienen miedo a ser escuchadas, a ser cuestionadas, a que nadie les crea, a perder el trabajo o no conseguir más trabajo, o que pase el tiempo y no pase nada”.

Y es que las cifras demuestran que existen falencias en el ordenamiento jurídico colombiano frente al acoso sexual. En Antioquia, por ejemplo, entre 2010 y este año la Fiscalía registra más de dos mil víctimas de ese crimen, pero solo veintinueve de ellas han visto que su agresor se enfrente a una condena. Esto representa, aproximadamente, solo un 2% de las noticias criminales. En el departamento del Atlántico, los datos del ente acusador arrojan que en los últimos diez años ha habido 1075 víctimas de tal conducta, pero ningún proceso ha llegado a una condena. De hecho, 522 de ellos hoy están inactivos. Lo mismo ha sucedido en departamentos como Cesar, Guajira y Chocó.

Helena Hernández, abogada penalista, fue otra de las intervinientes en la audiencia del 2 de octubre. Allí señaló: “De las 2.369 noticias criminales por acoso en este 2020, solo setenta están en juicio y solo quince se encuentran en ejecución de penas. La administración de justicia no está respondiendo”.

Finalmente, no se puede ocultar que las mujeres son las principales afectadas por estos comportamientos. Aproximadamente, el 84% de las víctimas que publica la Fiscalía son de sexo femenino, y 3015 de ellas eran adolescentes cuando fueron agredidas. Las historias demuestran que la cotidianidad está invadida por la inseguridad, principalmente para las mujeres, y las cifras lo corroboran.

Somos una casa periodística universitaria con mirada joven y pensamiento crítico. Funcionamos como un laboratorio de periodismo donde participan estudiantes y docentes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Nos enfocamos en el desarrollo de narrativas, análisis y coberturas en distintas plataformas integradas, que orientan, informan y abren participación y diálogo sobre la realidad a un nicho de audiencia especial, que es la comunidad educativa de la Universidad del Norte.

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