“Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua”, dijo este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al dar a conocer el fallo sobre una querella de Nicaragua contra Colombia por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, iniciada por el país centroamericano en 2013. La votación fue de 10 a 5, es decir, mayoría absoluta.
Así mismo, la Corte sostuvo que Colombia “no ha logrado establecer que los habitantes del archipiélago de San Andrés, especialmente los raizales, disfrutan de derechos de pesca artesanal en las aguas ahora ubicadas en la zona exclusiva económica de Nicaragua”.
Pero también, la Corte Internacional aseguró que Nicaragua no pudo probar si hubo o no violación de los derechos de ese país por la presencia de la Armada colombiana en su nuevo espacio marítimo.
A propósito de la decisión, Manuel José Cepeda, coagente de Colombia ante la Corte de La Haya, en la que el país tiene como agente a Carlos Gustavo Arrieta, aclaró: “La sentencia no versa sobre delimitación marítima ni sobre soberanía, sino sobre las libertades, los derechos y los deberes de cada país en el Caribe”.
Cabe señalar que el veredicto de este 21 de abril no implicará ningún cambio en los mapas de los dos países, como sí sucedió con el del 19 de noviembre de 2012.
En esa ocasión, por otro fallo de la CIJ, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cual también hacen parte los cayos de Roncador, Serrana, Serranilla, Bajonuevo, Alburquerque, Cayo Este-Sudeste y Quitasueño.
Igualmente conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.
No obstante el revés, el presidente colombiano, Iván Duque, tomó el fallo desde sus aspectos victoriosos, en el sentido de que -según dijo desde San Andrés- “se logró promover las principales tesis de Colombia en el proceso, y Nicaragua no prosperó en su intento de negar la presencia y actividades de Colombia en el Mar Caribe suroccidental”.
En un comunicado leído por el mandatario, los principales puntos del fallo, en su aspectos favorables a Colombia, se pueden sintetizar así:
1. La Armada puede continuar haciendo presencia en el Caribe y avanzando en la lucha contra los delitos transnacionales y el narcotráfico.
2. Se conservó la Zona Contigua Integral colombiana. La unidad, integridad e indivisibilidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, y todas las islas que lo conforman, se mantiene. Colombia puede hacer protección de su patrimonio cultural sumergido entre otras funciones.
3. La Corte es consciente de los derechos de pesca de los Raizales. Los Raizales pueden navegar libremente para llegar a los bancos de pesca en aguas colombianas, y Nicaragua no puede impedir su libre tránsito.
4. Prosperó la contrademanda de Colombia sobre el decreto ilegal de Nicaragua de puntos y líneas de base porque era violatorio del derecho internacional y de los derechos de Colombia.
5. La Corte se abstuvo de hablar sobre el cumplimiento o no del fallo del 2012. El principio constitucional mediante el cual los límites de Colombia solo pueden ser modificados mediante un tratado no fue cuestionado por la Corte.
6. Se descartaron la mayoría de los supuestos “incidentes” alegados por Nicaragua. Solo hubo una declaración de la Corte en relación con unos hechos muy puntuales de la Armada Nacional en la zona. Como tal, la Corte tampoco le reconoció a Nicaragua indemnización alguna; no va a haber una etapa posterior del proceso para estos efectos.
7. La Corte no conservará su jurisdicción sobre el caso y las actividades de Colombia, tal y como lo pretendía Nicaragua. Este caso se cerró hoy.
Esta decisión confirma que las medidas adoptadas por Colombia como parte de su estrategia de defensa fueron exitosas.
Tal y como se ha dicho desde el inicio de este Gobierno, Colombia no ahorrará esfuerzo alguno para defender los derechos de los colombianos, entre ellos los de la población Raizal y de todos los habitantes del Archipiélago.
