Por: Valerie Vittorino
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 no establece garantías explícitas suficientes para proteger a los periodistas durante las manifestaciones públicas en Colombia. La organización expresó su preocupación por los posibles riesgos que la aplicación de la norma representa para el ejercicio periodístico y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Según la FLIP, el decreto permite intervenciones policiales inmediatas ante determinados hechos de violencia y contempla la posibilidad de omitir etapas previas de diálogo y mediación. Sin embargo, la organización señala que la norma no establece garantías operativas suficientes para evitar que estas actuaciones deriven en agresiones contra periodistas o restricciones a su trabajo.
Los antecedentes que generan preocupación
La advertencia tiene como antecedente el estallido social de 2021. Durante ese periodo, la FLIP documentó 263 agresiones contra la prensa, de las cuales 239, equivalentes al 90,9 %, ocurrieron mientras periodistas cubrían acontecimientos relacionados con las manifestaciones entre abril y diciembre de ese año.
Entre los hechos registrados se encuentran 36 obstrucciones al trabajo periodístico, 21 detenciones arbitrarias y 19 amenazas. La organización también documentó agresiones relacionadas con el uso de gases lacrimógenos y dispositivos aturdidores, así como impedimentos para registrar procedimientos policiales.
Garantías para ejercer el periodismo
La FLIP recuerda que la existencia de hechos violentos durante una protesta no elimina las garantías de la libertad de prensa ni justifica confundir a quienes documentan una manifestación con quienes participan en actos violentos.
La organización también destaca la importancia de respetar el derecho de los periodistas a grabar procedimientos policiales, garantizar la identificación de los uniformados y establecer canales de comunicación para prevenir y atender posibles agresiones.
Ante esta situación, la Fundación solicitó al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional que incorporen garantías expresas y obligatorias para la prensa en la reglamentación y aplicación del decreto, así como mecanismos para prevenir agresiones y atender denuncias contra agentes estatales.
La discusión plantea un desafío para las autoridades: garantizar la seguridad durante las manifestaciones sin obstaculizar el trabajo de quienes informan sobre ellas. Proteger la libertad de prensa también significa permitir que las actuaciones de la fuerza pública sean documentadas y sometidas al escrutinio ciudadano.
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