Por Sebastián Pérez
Innecesarios son los adjetivos para describir la envergadura de lo que el país, después de más de una década de entramado judicial, ha podido presenciar este lunes 28 de julio. Después de todo, en lo noticioso, político y social, la agenda mediática en Colombia, que pareciese —diríamos “por momentos”, pero nos equivocaríamos— un carrusel desbocado, sin control y en bajada. Aun así, esa misma agenda mediática obvió cualquier otra noticia y plasmó en sus primeras páginas lo que la opinión pública, permeada por supuesto por los medios nacionales, llamó “el juicio del siglo”. Ese, en el que por primera vez en nuestra historia, la justicia gritó tan fuerte que calló incluso a los más poderosos económica, política y socialmente hablando.
Sin embargo, resulta inaudito que los focos de un sector importante, por lo que el personaje condenado representa para Colombia, recaigan sobre, para el concepto de quien escribe, irrelevantes y muy distractores fundamentos. La noticia importante aquí no es sobre si las primeras y pocas páginas del fallo dictado por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, en las que introducía la importancia de lo que estaba en sus manos, eran necesarias o no. O sobre los señalamientos de muchos sectores políticos del país que indican una supuesta “persecución política” en un proceso que lleva años en la retina de lo público. O si para Estados Unidos es o no legítimo lo que para Colombia constituye un hecho histórico.
Reducir que este proceso acarrea en sus espaldas unos largos trece años, distintas instancias judiciales, y una transparencia a lo largo y ancho del proceso judicial a palabrería política, a estigmatizaciones sistemáticas para con la jueza, y con ello para con el sistema judicial en Colombia, dan por cuenta una vez más del declive político en el que vive nuestro país.
Aquellas primeras páginas leídas por la jueza Sandra Heredia dan por cuenta, una vez más, de los necesarios análisis que deben hacerse por parte de la prensa, y añado yo, de la sociedad para enfrentar capítulos tan difíciles como los de tener que investigar, y si el caso lo amerita, condenar incluso a los políticos más influyentes de nuestra historia. Después de todo, bien lo dijo la jueza para introducir sus más de mil páginas de fallo condenatorio: “El derecho no puede temblar frente al ruido. Y la justicia no se arrodilla ante el poder […] El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie, ni una derrota de otro. Será, como debe ser, una respuesta del Estado a través de su justicia, a una controversia procesal que ha llegado a su culminación tras un largo y riguroso camino probatorio”.
“[…]nuestro verdadero tratado para la cohesión social, no es otro que el del Estado de Derecho del que hacemos parte”
No quedará más, por nuestra parte, que acatar nuestro verdadero tratado para la cohesión social, que no es otro que el del Estado de Derecho del que hacemos parte. Será deber de los medios periodísticos del país dejar en bandeja servida para quien lo requiera la claridad de un proceso que, una vez más, nos ha traído unos largos y, cómo no, difíciles trece años. Y será deber de nosotros como sociedad entender más y mejor lo que nos atañe. Lo importante aquí no es la introducción, sino las muchísimas horas que utilizó la jueza para dar por sentado los porqués de su decisión.
Ojalá y esta sea una oportunidad para el fortalecimiento de nuestras instituciones jurídicas, para que no sea necesario que un presidente de la república trine tomando partido, diciendo que es deber del Estado proteger a sus jueces, y sea el mismo Estado, representado por la sociedad que le conforma, quien se apersone de abrazar a nuestro, históricamente, muy golpeado sistema judicial.
