Por: Marlon Barros
Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, aseguró que la decisión del mandatario colombiano va a generar un “enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos”.
Así mismo, Carrillo afirmó que el anuncio “abre un debate inoportuno e inútil”, y que desconoce abiertamente el rol de la Corte Constitucional cuando ésta será quien, en últimas, terminará resolviendo el problema.
Seguidamente, el Procurador manifestó que la ruta propuesta por el Presidente de la República conduce a “agudizar la fractura política en la que se encuentra Colombia”.
Las declaraciones de Carrillo se dan luego de las objeciones presentadas por Iván Duque el pasado domingo, 10 de marzo, como estaba anteriormente previsto.
La Ley Estatutaria fue presentada ante el Congreso y la Corte Constitucional con el fin de regular la creación y el funcionamiento de la JEP y el sistema de justicia transicional, resultados del Acuerdo de Paz. Además, busca garantizar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
Luego de haber sido discutida en el Congreso de la República, y de ser declarada exequible por la Corte Constitucional, el presidente debía sancionarla u objetarla. Cabe aclarar que, al ser avalada por la Corte dentro de la Constitución, la única razón por la que Duque podía objetar la Ley era por conveniencia, en caso de que esta entrara en conflicto con otras funciones del Estado.
El primer mandatario presentó oposición al artículo 7, alegando que “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”. Asimismo, también objetó el inciso octavo del artículo 63, porque, según Duque, no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado de Paz, el cual debe ser representante del presidente de la república para verificar las personas que participen en un proceso de paz.
El inciso tercero del literal J del artículo 79 también recibió objeciones, puesto que “no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar”, y esto iría en contra de los intereses de las víctimas. El jefe de Estado, además, señaló reparos para el parágrafo 2 del artículo 19, expresando que “el Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de delitos de lesa humanidad”.
Al juicio del presidente Duque, el artículo 150 es de igual forma inconveniente, debido a que no precisa lo establecido en la Ley de Procedimiento de la JEP cuando indica que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas en casos de solicitudes de extradición de personas que se hayan acogido al Acuerdo de Paz y hayan cometido crímenes posteriores a la firma de este.
Finalmente, el último artículo en recibir objeciones fue el 153. Según el mandatario, este punto de la Ley, que “condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad”, supondría un “incentivo perverso” para el ingreso de terceros a la JEP “bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad”.
Por último, en su alocución presidencial Duque afirmó que presentará al Congreso un proyecto de reforma constitucional con el fin de realizar modificaciones al Acto Legislativo 01 de 2017. Los dos puntos clave para ese proyecto de acto legislativo tienen que ver, primero, con excluir los delitos sexuales en contra de menores de la justicia transicional. Lo segundo será aclarar que quienes reincidan en actos criminales luego de la firma del Acuerdo perderán todos sus beneficios.
La JEP, que en su primer año de funcionamiento ha abierto cinco macrocasos y ha logrado acoger a más de 15.000 comparecientes, se pronunció, a través de un comunicado emitido por su presidenta Patricia Linares, luego de la intervención de Iván Duque. Si bien aceptó la decisión del mandatario, aseguró que la Ley Estatutaria es “una importante herramienta que servirá para afianzar principios democráticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jurídica”.
A pesar de las objeciones, Linares aseveró que “la JEP seguirá funcionando plenamente, ejerciendo a cabalidad todas y cada una de sus competencias y funciones”. Esto, según la presidenta de la institución, con el objetivo de “contribuir a la obtención de la verdad plena, la reparación integral de las víctimas y la construcción de garantías de no repetición para los colombianos”. “La paz estable y duradera es nuestro propósito”, sentencia el comunicado.
Foto: Procuraduría Colombia
