La justicia juega un rol fundamental a la hora de los discursos de los candidatos compitiendo por la presidencia del país que a toda voz y con orgullo dicen que lucharán contra la corrupción en Colombia. Pero el poder judicial no se limita a acabar con los políticos corruptos.
Haciendo un repaso de ciencias sociales la Rama Judicial se define cómo la encargada de administrar la justicia en el Estado colombiano y se compone por diferentes órdenes de poder público que se dedican a velar conforme al derecho colombiano. Está constituida por cinco jurisdicciones cómo lo son la Ordinaria, Contenciosa, Administrativa, Constitucional, Disciplinaria y especiales, de estas se desprenden 4 altas cortes que son la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y Consejo Superior de la Judicatura. Adicionalmente, en esta rama encontramos a la Fiscalía General de la Nación, que investiga y acusa a los individuos o instituciones que cometen delitos al interior del país.
Entre enero y noviembre del 2021, según el informe de la Corte Constitucional, se presentaron 436.000 tutelas, de las cuales casi la mitad fueron derechos de petición y le sigue salud con 88.133 tutelas. De estas cifras no se habla de cuáles casos fueron cerrados o contestados en los tiempos establecidos, uno de los problemas más comunes en nuestro sistema judicial del día a día.
En conversación con Tatiana Moreno Shett, procuradora Delegada para la Fuerza Pública y Policía Judicial se hizo el análisis de las siguientes propuestas de Sergio Fajardo, Rodolfo Hernandez, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.
- Sergio Fajardo
- Digitalización del proceso judicial. Trabajo con el Consejo Superior de la Judicatura para lograr que al final del cuatrienio se tenga el 100% de los despachos y procesos digitales, incluyendo la automatización de las agendas electrónicas y el reparto de los casos.
La implementación de la digitalización no es algo nuevo. Desde antes de la pandemia se estaba avanzando en tema en materia y con la pandemia se adelantó aún más, pero aún así se hizo más por necesidad que por mandatoriedad. Una digitalización total lograría el facilitamiento de los jueces a los expedientes y de los ciudadanos al acceso a la justicia. La Procuradora explica que se tendría que trabajar de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura para contratar a una empresa que se encargue del proceso, tal cómo se hizo en este tiempo pero con una demanda mayor.
- Se buscará la creación de incentivos u obligaciones legales para que privados asuman los casos de mujeres víctimas de violencia de género, ya que actualmente no tienen la obligación de hacerlo. El Ministerio priorizará en su agenda facilitar el acceso a las mujeres víctimas de este flagelo.
Fajardo no hace mayor explicación sobre cómo funcionaría el proceso de incentivos con privados ni cómo se garantiza que se da una priorización a este tipo de casos.
Actualmente, no se da protección a las mujeres que denuncian la violencia. En el 2021 aumentaron los casos de violencia contra las mujeres, Medicina Legal reportó 98.545 víctimas. La propuesta tiene una buena intención pero no está respaldada por ningún plan estructurado.
- El gobierno de Sergio Fajardo se compromete que al final de su administración el porcentaje de necesidades jurídicas insatisfechas se reducirá a un 40%, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra sobre el 60%.
Tatiana Moreno dice que “para lograr a cumplir está meta deberá hacer funcionar las dos propuestas anteriores, pues están ligadas a los resultados que desea alcanzar sino no hay factibilidad de lograr unas cifras de la nada”.
- Rodolfo Hernández
- Que en el nombramiento del Fiscal General, se incluya una revisión de las hojas de vida de los candidatos, con poder de veto en la Corte Suprema de Justicia que recibe la terna por parte del Presidente, y su elección a mediano plazo sea a través de voto popular o procesos de meritocracia.
La elección del Fiscal General se realiza de la siguiente manera: el Presidente envía una terna con sus candidatos y la Corte Suprema tiene la obligación de elegir dentro de la terna enviada por él. Para Moreno, el poder de veto de la Corte Suprema de Justicia es una propuesta interesante, que le permitiría a la Corte analizar y descartar los candidatos que considere que poseen un impedimento. Pero la elección de voto popular del Fiscal General por la cultura del país no resulta práctico”. La elección popular es aplicada en algunos estados de Estados Unidos.
- Establecer unos tiempos de actuación procesal que obliguen tanto a jueces como a magistrados a fallar oportunamente, pues buena parte de la congestión judicial se debe a que tanto los unos como los otros dedican su tiempo a desarrollar labores personales diferentes a su función pública. La defensa de los jueces es el argumento de la congestión.
Los tiempos de actuación procesal ya existen, los códigos establecen unos términos para asegurar el cumplimiento, no obstante no es seguido a cabalidad. La delegada de las Fuerzas Armadas dice que “no se trata de que los jueces dediquen su tiempo a desarrollar labores personales. La única labor que realizan distinta es la función de escrutinio y durante 2-3 semanas están cerrados al público para realizarla. De resto no se encuentra permitida otra actividad que no sean dictar clases catedráticas o algún Congreso”. El problema radica efectivamente en la congestión que con la digitalización propuesta por Fajardo se podría reducir.
- Descongestionar los juzgados, entregando las pequeñas causas a los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas, para que sean resueltas por los estudiantes de últimos semestres de derecho, quienes tendrán remuneración por ese trabajo. Es preciso tramitar de urgencia una reforma, para permitir esta salida que hoy no tiene recibo en la Corte Constitucional.
Los consultorios jurídicos no son miembros de la rama judicial por lo que no tienen jurisdicción para tomar decisiones ni siquiera en pequeñas causas. Por lo tanto, para cumplir esto se tendría que realizar una reforma debido a que no es de acuerdo a lo que actualmente dictamina la Corte Constitucional. Moreno encuentra en la propuesta una alternativa viable “Si se diera descongestionaría muchísimo los casos de pequeñas causas, además los consultorios jurídicos de muchas universidades tienen facultades de conciliadores que podría resolver temas que se pueden resolver con previa conciliación”.
- Gustavo Petro
- Sustituir al Consejo Nacional Electoral (CNE) por un Tribunal Electora
El programa plantea una serie de reformas, empezando por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), que describe como “órganos cooptados por intereses clientelistas, criminales y corruptos”; una narrativa que Petro ha reforzado recientemente por los errores de la Registraduría en el preconteo de las elecciones al Congreso del 13 de marzo. “La propuesta sería viable si establece cuál sería la manera de elegirlo garantizando la independencia y separando el proceso del fraude político” añade la procuradora al candidato no explicar de qué forma lo elegiría.
- Creación “Casas de Justicia” y “Centros de Convivencia Ciudadanos” para ofrecer servicios de justicia restaurativa en en la Fiscalía General de la Nación, en los juzgados penales y centros penitenciarios a través de mediadores penales restaurativos.
Lo planteado ya existe. Actualmente esta justicia restaurativa de la que se habla se está implementando en los centros carcelarios de Bogotá. Tatiana explica que esta metodología que se está utilizando busca que los carceleros retribuyan a la sociedad y se cambie la mentalidad de un castigo intimidante. Opina que si se llega a ampliar el proceso que se lleva a la capital y se convierte en macro para todo el país sería interesante, pero habría que ver si se pueden garantizar tener las condiciones para llevarse a cabo.
- Reforma a la justicia y a organismos de control. Elección del Fiscal General de la Nación basado en méritos y con total independencia al gobierno de turno.
Es parecido a lo que propone Hernández a diferencia que determina desde el principio que la elección sería únicamente de forma meritoria pero también busca acabar con la terna presidencial para elegir al Fiscal General. No explica si sería a través de una convocatoria pero piensa desligar también a la Corte Suprema del proceso, sin embargo hay que resaltar que las personas que hacen parte de este órgano se da por entendido que también están por mérito gracias a sus años de experiencia y reputación.
- Federico Gutiérrez
- Para los corruptos, penas más fuertes como la cárcel y la muerte política: que jamás puedan volver a ser elegidos ni nombrados en ningún cargo público. Y si son corruptos del sector privado, que jamás puedan volver a contratar con el Estado.
Dentro de las leyes actuales ya se les penaliza a los corruptos con cárcel, inhabilitación para participar en política y para contratar con el Estado. En la ley 2014 de 2019 “se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones”. En los artículos se hace detenimiento en cada uno de los casos tomando las represalias necesarias. La delegada indica que “lo que falta no son más leyes sino de verdad tener la voluntad política de aplicar el contenido de la ley”.
- Un programa de protección al denunciante; somos el único país de la OCDE que no lo tiene. Tomando como ejemplo lo realizado en Medellín, donde todos los logros obtenidos fueron gracias a la confianza que se generó para que la gente denunciara.
“El año pasado se estaba a través de la Secretaría de transparencia de la presidencia de la República un proyecto de ley de ley de transparencia que precisamente buscaba esto” dice la procuradora. Añade que “es cierto que en este momento la Fiscalía tiene un programa de protección de testigos pero está más dirigido a cierto tipo de casos y la idea sería que se amplíe también a lo que son denuncias de carácter disciplinario de actos de corrupción”. Cómo resultado se podría conseguir que las personas la denuncien más y esto haga que también cometan menos este tipo de delitos.
- Todos los contratos del Estado tendrán que hacer uso de pliegos unificados y obras tipo para impedir los contratos a la medida y los sobrecostos en las obras, que es por donde se roban los recursos de los colombianos. Los contratos que vulneren los pliegos y proyectos tipo serán considerados nulos.
Los pliego son las condiciones estándar que establecen los parámetros para los candidatos para contratar con el Estado, donde el Gobierno reglamenta condiciones para la escogencia del contratante.
La construcción de vías y sus derivados es la única obra que utiliza pliego tipo en estos momentos. “Esto se hace a través de la institución Colombia Compra Eficiente, quienes la vez pasada fueron los que crearon los requisitos para los pliegos tipos que aplican todas las entidades estatales para contratar obras viales. Sería ideal conseguirlo, porque precisamente el mayor foco de corrupción está en la contratación administrativa”.
