Por: Maria Jose Pereira, Raul Fernández y Anne Gonzalez.
Osner Gómez, venezolano de 22 años, lleva residiendo de manera irregular en Colombia desde hace ya año y medio. Actualmente trabaja en el Centro de la ciudad de Barranquilla en un local de zapatos en donde gana 80 mil pesos semanales. Se le dificulta encontrar un trabajo estable y admite que el trabajo más largo que ha mantenido ha sido por un mes. Vive con su hermano en una pensión y ambos se esfuerzan por mandar dinero a Venezuela para dar de comer a sus padres, pero muchas veces este no alcanza ni para alimentarse a ellos mismos.
La situación de Osner es cada vez más común, pues son muchos los venezolanos que vienen a Colombia en busca de empleo y que solo encuentran trabajos informales con bajos sueldos. Nadie ha podido establecer el número exacto de venezolanos trabajando en el país, aunque de acuerdo con Fenalco, se registraron legalmente 30.000 venezolanos para trabajar desde enero del 2015 hasta finales del 2016.
Es posible que estas cifras ya hayan aumentado significativamente debido al incremento de venezolanos en el país desde entonces y al Permiso especial de Permanencia (PEP). El PEP es uno de los dos tipos de permisos que se han expedido para la permanencia o visita de los ciudadanos venezolanos en el país. El otro es la Tarjeta Movilidad Fronteriza (TMF) que es un permiso especial para venezolanos que no requiere un pasaporte y les permite el ingreso diariamente a la zona de frontera, además de la posibilidad de transitar libremente, visitar familiares y realizar compras de alimento y otras necesidades. Sin embargo, este permiso no autoriza ingresar al interior del país, vivir en él, trabajar, estudiar o afiliarse a un sistema de salud.
El PEP, por el contrario, permite permanecer en el territorio colombiano de manera regular, estudiar, trabajar y afiliarse a un sistema de seguridad social, mas no asegura un documento de identificación. Este tipo de permiso se hace válido para todos los ciudadanos venezolanos que se encontraban en Colombia a partir del 28 de julio de 2017 y no será otorgado a personas que hayan entrado al territorio colombiano con TMF.
El PEP es válido hasta por dos años siempre y cuando no se permanezca más de 90 días fuera del territorio colombiano. Todos pueden acceder a este tipo de permiso, con tal de que cumplan con los requisitos y el trámite para estos se puede realizar por medio de la página web de Migración Colombia.
Trabajo informal
A pesar de la normatividad por parte del gobierno nacional, hay ciudadanos venezolanos que se arriesgan a entrar o trabajar de forma ilegal. Ingresando al interior con el TMF y/o realizando actividades informales en el país.
El término trabajo ilegal o informal hace referencia a personas encargadas de un oficio laboral que ejercen sin estar capacitadas para él, a ciudadanos que trabajan sin documentación y al plagio de marcas empresariales. También se puede usar cuando las empresas abusan de sus trabajadores y no tienen en cuenta sus derechos ya sea para vacaciones, horas extras, contratos laborales, entre otros.
La Defensoría del Pueblo nos indica que el pasaporte no garantiza la contratación de mano de obra venezolana y tampoco los permisos anteriormente mencionados si no se hace antes la debida solicitud del permiso de trabajo. Para esto se debe contar con una Visa, y solicitar a la empresa que lo vaya a contratar una carta que debe ser presentada al consulado colombiano en Venezuela, con la excepción de los venezolanos hijos de padres colombianos que tengan una nacionalidad oficial.
Una de las razones por las que algunos venezolanos tienen dificultad para conseguir un trabajo acorde a sus cualidades tiene que ver con el sistema de educación venezolano. El gobierno venezolano espera que las personas graduadas de universidades públicas trabajen por lo menos 5 años en Venezuela antes de estampillar los diplomas para que puedan conseguir trabajo en otros países. Y en Colombia es necesario que los venezolanos que quieran trabajar en su carrera cuenten con dicho diploma para acreditarlo ante las autoridades competentes.
Un claro ejemplo de esto es Fernando Olarte, un venezolano que actualmente trabaja en Barranquilla como un ayudante en las oficinas de Funade, la fundación arquidiocesana de educación. Él se encarga de abrir la puerta a la oficina, guiar a los que entran, entre otras cosas básicas. “En Venezuela yo me gradué de una universidad pública. Estudie mercadeo y tengo mi diploma, el problema es que no está estampillado. Por eso trabajo aquí, porque nadie me quiere contratar en el área de mercadeo.”
Otros requisitos demandan que si los ciudadanos prevén ejercer un tipo de profesión o actividad no regulada, tendrán que firmar el Formulario de Compromiso e informar a los encargados de migración. También es necesario que las personas que vayan a efectuar un cambio de actividad o ejercer más de una profesión validen dicha decisión con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Derechos universales
La Defensoría del Pueblo es la entidad que se encarga de velar por la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos de los ciudadanos colombianos. Sin embargo, esta entidad está presta para brindar información, ayuda y servicio sobre sus derechos en el territorio colombiano a los ciudadanos venezolanos que la soliciten, pues es la encargada de orientar y guiarlos en su ejercicio de residencia en el país.
Esta entidad como garante de los derechos de las personas, sin importar su nacionalidad, ha implementado un plan de contingencia a través de una hoja de ruta. En esta, se orienta a los ciudadanos venezolanos que acudan a esta institución en aras de resolver su situación ya sea de permanencia en el país, de trabajo, de salud, vivienda, educación, etc. A través del gobierno nacional se ha implementado ciertas resoluciones para que las diferentes entidades involucradas en tales situaciones puedan intervenir, legitimando su actuación y evitando que sean objeto de sanción por parte de los organismos de control.
En el caso de los venezolanos hijos de padres colombianos, anteriormente se les daba la nacionalidad colombiana siempre y cuando presentaran el registro civil venezolano debidamente apostillado. Sin embargo, debido al trabajo conjunto entre la Cancillería, Registraduría, Procuraduría y Migración Colombia, ahora los venezolanos hijos de padres colombianos pueden realizar la inscripción del registro civil sin necesidad del requisito de apostilla venezolana. Actualmente, podrán solicitar el registro mediante la presentación de dos testigos quienes deben prestar declaración bajo juramento en la que manifiesten haber asistido o tenido alguna noticia directa del nacimiento del menor. Estas personas pueden gozar de ciertos derechos como salud, educación, trabajo y demás, concediéndoles los derechos como ciudadanos colombianos y sin ningún problema para entrar o salir del país.
En la Defensoría del Pueblo se han presentado casos de personas venezolanas que han entrado al país de forma irregular y llegan en busca de ayuda porque sus empleadores no cumplen con los pagos pactados. No obstante, al no tener documentación, no pueden acceder a una demanda laboral u oficina de trabajo para hacer la debida reclamación.
Desde un ángulo social, es uno de los problemas más frecuentes que el mercado laboral sufre (además de la escasa oferta de empleos). Una persona que trabaja y no cumple con los requisitos establecidos automáticamente es una persona que trabaja de manera ilegal. Esto la expone a riesgos por la ausencia de protección en lo que a seguridad social se refiere y, por supuesto, no encontrara garantías en los salarios. No se puede negar que el trabajo ilegal empieza gracias a un modelo de economía en negro o informal que aún siguen muy extendido en nuestro país. Este modelo económico generalmente parte de no asumir el pago de impuestos y obligaciones tributarias relacionadas con el desempeño profesional, es por tanto un modelo absolutamente injusto e insolidario con el resto de ciudadanos, además de peligroso para quien lo lleva a cabo.
En lo que respecta a los ciudadanos venezolanos que son capturados cometiendo un delito y que no tienen la documentación demandada por el gobierno colombiano, estos quedan expuestos a ser deportados a su país de origen. Aun así, la Defensoría del Pueblo es garante de que se les respeten los derechos procesales acorde con la legislación colombiana y se les nombre un defensor de oficio.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo atiende los casos de ciudadanos colombo-venezolanos que fueron víctimas del conflicto armado, sufrieron desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual u homicidios en su núcleo familiar y que nunca presentaron una declaración por estos hechos. En estos casos se les toma la declaración de rigor abriéndose un espacio para que de manera extemporánea puedan hacerlo. De igual manera aquellos que fueron objeto de despojo de tierras, para que puedan acceder al programa de restitución.
Es pertinente mencionar que la Defensoría ha luchado por salvaguardar los derechos de estas personas, pero que los derechos están reglamentados y por ende sólo podrán gozar de ellos los ciudadanos de dicho país. Por esto los ciudadanos venezolanos no pueden gozar de dichos derechos si así no lo requiere su permiso y en el caso del servicio de salud si no es de vital importancia (vida o muerte).
“El sistema de salud colombiano es para los colombianos”
Desde febrero de este año la Secretaría de Salud Departamental del Atlántico ha visto un incremento en la cifra de venezolanos atendidos por el sistema de salud colombiano. Incluso, señalan que las cifras del 2017 ya duplicaron aquellas del año pasado.
Debido a esto el Ministerio de Protección Social expidió un decreto en donde explica que se debe atender en urgencias a la población venezolana con cargos al sistema general de participaciones. Es decir, que los venezolanos que entran por urgencias deben ser atendidos y que el costo de su tratamiento lo cubrirá la Secretaría de Salud Departamental de donde residan, utilizando el Sistema General de Participación que es la fuente de recursos autorizada para este uso.
El subsecretario de Salud del Atlántico, Hernando Viloria, declaró que, “para nosotros el solo hecho de que esa persona esté en un municipio en el departamento y necesite una atención de urgencia en salud la hace merecedora de dicha atención. De hecho se la garantizamos sin revisar que tenga o no tenga papeles.” Aun así el subsecretario Viloria advierte que, “si esa persona no cuenta con una ciudadanía colombiana no podrá estar en una EPS que opere en el departamento. Puesto que el derecho de estar en una EPS subsidiada o contributiva lo tienen los colombianos o los extranjeros con ciudadanía colombiana.”
Cabe resaltar que los colombianos repatriados, es decir, los colombianos que se fueron a vivir a Venezuela y ahora están regresando, si pueden afiliarse a una EPS, ya que tienen todos los derechos de los colombianos como tal. Al igual que los hijos de colombianos nacidos en Venezuela que hayan realizado los debidos trámites para ser registrados como colombianos.
Informaciones entregadas por la Secretaría de Salud Departamental señalan que los servicios más utilizados por los venezolanos son aquellos de urgencia relacionados con mujeres en estado de embarazo que no han tenido ningún control prenatal. También es bastante común atender a pacientes con diagnósticos de VIH y cáncer.
La Secretaria de Salud Departamental del Atlántico explica que es preferible hacer un seguimiento de tratamiento para las personas con enfermedades crónicas o de mujeres en embarazo, pero que es difícil puesto que muchas veces los venezolanos regresan a su país o se mudan de municipio. Esto es preocupante ya que se desea controlar cualquier tipo de afectación o cualquier aumento en algunos indicadores de salud pública. En otras palabras, el ingreso de muchas mujeres embarazadas sin controles prenatales es alarmante debido a que pueden subir el indicador de muertes maternas en el departamento. También la falta de compromiso con sus tratamientos por parte de personas con enfermedades crónicas puede afectar aspectos de salud pública en el departamento.
Sin embargo, El subsecretario Viloria, se apresuró a asegurar que el ingreso de venezolanos al país no era visto como un problema por el sector de salud. Si no más bien como una situación que requería de su atención y compromiso. Agregó también que la Secretaria estaba realizando actividades de promoción y prevención de la salud para sensibilizar a la población venezolana con problemas de salud acerca de sus diagnósticos y de sus tratamientos.
Créditos de la infografía: Raúl Fernández
