Por: Verena Bittar
Adaluisa Meléndez, 8 años, hace nueve meses no recibe medicamentos para epilepsia por parte de la EPS; Valerie Diaz Rodríguez, 11 años, padecía síndrome de Kearns-Sayre, murió a la espera de medicamentos por parte de su EPS para combatir su enfermedad; Sileny Santana, 25 años, a causa de un fuerte dolor de cabeza fue ingresada al Hospital General de Barranquilla, luego de varios exámenes realizados, la joven fue diagnosticada con leucemia quedando internada por nueve días tras aplicarle una inyección la cual le produciría una celulitis infecciosa, que luego de ser dada de alta le causaría su muerte. Los casos de Adaluisa, Valerie y Sileny tienen un común denominador que hasta el día de hoy pone en juego la vida de muchos atlanticenses: Un sistema de salud en decadencia.
La situación del sector salud en el Atlántico va mucho más allá de un desacato al Juramento Hipocrático, injustificadamente la corrupción de la mano con la desigualdad pone en juego la vida de muchos y llena el bolsillo de pocos. La crisis en el sistema de salud colombiano lleva ya un largo tiempo golpeando indiscriminadamente a los usuarios, fundamentada en una crisis financiera que impacta a los pacientes que están a la espera de medicinas y tratamientos.
Luego de que la Corte Constitucional considerara que la salud es un derecho humano fundamental, en la sentencia T-760 del 2008, el incremento de tutelas presentadas por los usuarios fue notoria, pues se estima que en Colombia cada 3,5 minutos se presenta una tutela hacia el sector salud, representando el 64% de las tutelas anuales, según un informe de la Defensoría del Pueblo correspondiente a los años 2015 y 2016. A su vez, este informe da a conocer una clasificación de los departamentos con más casos de tutelas en las cuales se reclama el derecho a los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS), ubicando en el quinto lugar al departamento del Atlántico, posición la cual responde a la mala administración del sector salud.
Uno de los factores que desangra cada vez más al sistema de salud en el Atlántico, es la deuda de las EPS liquidadas con los hospitales y clínicas, situación que pone en entredicho la viabilidad financiera de estos, generando dificultades en la garantía de continuidad de la operación y la eficiencia en la atención de los usuarios. Se estima que todas las EPS que operan en el departamento, tanto del régimen contributivo como el subsidiado, adeudan aproximadamente $150 min millones de pesos, según la Secretaría de Salud Departamental.
“Si los recursos se manejaran con honestidad, el sistema funciona”, Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud, durante su visita el pasado 17 de marzo de 2017 a Barranquilla, evidencia sobre la crisis que atraviesa la salud por cuenta de las deudas de las EPS. Es acaso utópico afirmar que algún día se podría hacer un buen manejo de un recurso en este país pasando por encima de los intereses personales de los funcionarios públicos, quienes distribuyen estos respondiendo a beneficios individuales.
Uno de los casos más famosos de corrupción en el sector salud en el Atlántico, es el retiro de medicamentos en Barranquilla, dado a conocer por el Fiscal Néstor Humberto Martínez, dejando la captura de nueve funcionarios que operaban en la Nueva EPS ubicada en la capital del Atlántico, quienes se apropiaron de $1.200 millones de pesos. El grupo de investigación de delitos contra el sistema de salud y seguridad social recopiló 269 autorizaciones fraudulentas a nombre de 38 pacientes, con fechas de enero del 2016 a diciembre del mismo, que permitió la entrega de 6.123 dosis de medicamentos avalados por $1.261 millones de pesos.
En este punto, es necesario preguntarse dónde están los entes que vigilan la gestión de los hospitales y las EPS. El tema de salud es de vital importancia, por tal razón la rigurosidad en la vigilancia supondría una lupa puesta en cada una de estas entidades, que permita garantizar una gestión alejada de la corrupción. Es hora de realmente abordar la salud como un derecho de todos y no solo como una actividad económica de la que una minoría se aprovecha mientras las filas por medicamentos se agrandan, las consultas médicas son cada vez más lejanas y que indiscriminadamente aumentan las cifras de personas que por negligencia médica mueren a la espera de una atención digna y oportuna.
