Por Isaac Rivera y Stephanny Cabarcas
Camilo tiene 18 años. Actualmente cursa grado 11, y a los 15 años empezó a consumir marihuana. Todos los días a las 4 de la tarde, aun cuando el sol amaga para esconderse, se lanza por las calles del barrio Carrizal en el suroccidente de Barranquilla. Sus pasos lo conducen a la búsqueda de un ‘patio’, un lugar que por fuera parecen ser viviendas, pero por dentro son la olla del microtráfico de drogas. En esos establecimientos ilegales Camilo suele comprar la marihuana por $2000. Algunas veces, con la intención de relajarse y olvidarse de los problemas, la consume dentro del lugar, pero en la mayoría de los casos, luego de la jornada escolar, prefiere irse con sus amigos a la cancha Santa Cruz, ubicada en el mismo barrio.
Sin embargo, con el rostro cargado de seriedad revelando cierto nerviosismo recuerda aquella vez cuando decidió consumirla dentro del colegio. Lo hizo en un salón contiguo a la sala de informática. Se escondió con la droga y empezó a consumirla. Al cabo de unos cuantos minutos, atraído por el olor o por las quejas de algún estudiante, el rector lo descubrió. Para su fortuna no lo expulsaron de la institución, pero fue la primera y única vez que decidió hacerlo dentro del colegio.
Camilo sabe del daño que ocasiona el consumo de drogas, pero a la vez es consciente que el negocio se ha modernizado y ha logrado expandirse. Ya no basta conseguir un ‘patio’ porque el dinámico negocio del microtráfico de drogas ha logrado colarse en el interior de los colegios públicos de Barranquilla. Los expendedores están apuntando a la población más vulnerable de la ciudad: jóvenes entre los 13 y 18 años de edad.
Así como Camilo, en lo que ha corrido del 2018 se han presentado 63 casos de consumo de sustancias psicoactivas en el interior de los colegios distritales, según lo estima la Secretaría de Educación de Barranquilla. El año pasado el panorama se tornaba más preocupante cuando fueron 87 casos reportados por la misma dependencia.
La oficina de Calidad Educativa de La Secretaria de Educación da cuenta de la reducción en los casos reportados, producto del diseño de estrategias como Gestores de Convivencia y Familia, que se ha venido implementado desde el año 2016, y busca fortalecer la convivencia escolar y promover el desarrollo de competencias ciudadanas. “La estrategia (Gestores de Convivencia y Familia) interviene en 62 instituciones focalizadas mediante las solicitudes presentadas por docentes y/o directivos docentes, desde los aspectos de promoción, prevención, atención y seguimiento en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas o microtráfico”, explica Paola Doria, coordinadora de Gestores de Convivencia Escolar.
Los precios
La marihuana se consigue por $2.000. Con tan solo $1.000 se puede comprar una pastilla de Clonazepam y a un precio mucho mayor se obtienen las denominadas drogas sintéticas, que se camuflan entre confites.
Hace 7 años los profesores de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba) empezaron a denunciar la circulación de sustancias ilícitas en los pasillos y salones de los colegios distritales. Todo empezó en el 2011, según relata José Ignacio Jiménez, presidente de Adeba, cuando varios docentes pertenecientes a la misma organización sindical observaron comportamientos extraños en una niña. Luego de varios seguimientos descubrieron que efectivamente la menor de edad estaba llevando drogas al colegio y les suministraba a sus compañeros mediante dulces y chicles.
7 años después la situación toma un color agravante. Episodios como el de la niña se han logrado repetir y la Secretaría de Educación ha identificado 9 casos en los que estudiantes le ofrecen drogas a sus compañeros.
Según Jiménez, lo que empezó como una problemática en los barrios Los olivos, Las Esmeraldas, Cherri y La Chinita se ha trasladado a todas las instituciones públicas de los diferentes estratos sociales. Para la Policía Metropolitana de Barranquilla, la marihuana es la droga más vendida en los estratos 1,2 y 3. En los estratos 4, 5 y 6 la marihuana compite con drogas sintéticas como el éxtasis y algunos medicamentos utilizados para personas con enfermedades mentales y del sistema nervioso central como el Ativan, derivados de anfetaminas y el rivotril.
Así actúan
Muchos los conocen como ‘dealers’, otros suelen llamarlos ‘jíbaros’, pero independiente del nombre, se trata de la misma figura: el expendedor. En lo que va del 2018 la Policía Metropolitana de Barranquilla ha capturado a 1414 personas por microtráfico de drogas en la ciudad, pero solo un adolescente ha sido judicializado por el grupo de Infancia y Adolescencia por comercializar sustancias ilícitas en las instituciones distritales.
Los jíbaros se ubican en la periferia de los colegios disfrazados de vendedores ambulantes y ofreciendo caramelos de marcas reconocidas. Desde ahí, como si fuera un juego de ajedrez, operan el negocio enganchando a estudiantes entre los 14 y 17 años de edad para distribuir la droga en el interior de los centros educativos.
“Los expendedores se aprovechan de los colegios porque es un lugar donde los muchachos son más propensos y pueden caer en la tentación”, afirma la teniente Yeimy Vargas, jefe del grupo de Infancia y Adolescencia.
Según el presidente de Adeba, algunos expendedores optan por alumnos con buen rendimiento académico que no consumen, pero aprovechándose de las necesidades económicas consiguen involucrarlos al negocio. Para Yeimy Vargas, los jíbaros tienen compradores fieles y a cambio de recibir la droga de manera gratuita se encargan de venderla, y en la mayoría de los casos el negocio de expender tiene un componente familiar, es decir, donde los padres expendedores les dan tareas del negocio a sus hijos. En cualquiera de los 3 casos, dependiendo de las cantidades y de la calidad de la droga, los estudiantes reciben una remuneración entre $10.000 y $50.000.
Esta estrategia les permite a los expendedores tratar de evadir los controles de las autoridades, pues no es fácil identificar y considerar que entre tantos jóvenes estudiantes exista uno o varios transportando entre sus útiles escolares sustancias ilícitas. “Los docentes no están autorizados a realizar requisas a los estudiantes en el interior del plantel educativo, sólo puede hacerlo la Policía de Infancia y Adolescencia previa solicitud escrita del rector y con acompañamiento de autoridades como el ICBF y Ministerio Público”, explica el intendente Cristian Martínez, Investigador Criminal.
Según la teniente Yeimy Vargas, a partir de los 14 años los jóvenes adquieren responsabilidad penal. Esto quiere decir que un adolescente expendedor puede ser presentado ante la Fiscalía y recibir alrededor de 3 años de cárcel por tráfico de estupefacientes, así lo estipula la ley 906 del código de procedimiento penal. Pero cuando se trata de niños menores de 14 años, explica la teniente, la Policía de Infancia y Adolescencia los remite al Bienestar Familiar para que les hagan el respectivo restablecimiento de derechos mediante 4 modalidades, entre ellas el apoyo psicosocial, que buscan fortalecer las habilidades y las competencias del niño o niña y su proyecto de vida.
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La ruta
“Por sapas van a morir con la boca llena de hormigas”. Mensajes como este recibieron hace 7 años algunas docentes pertenecientes a la Asociación de Educadores de Barranquilla. Desde ese momento el miedo y la preocupación se dibujan en el rostro de los profesores cuando se encuentran ante casos de microtráfico de drogas. Muchos se niegan a denunciar por temor a las amenazas de los expendedores. Sin embargo, cuando se detecta el consumo de drogas en algún estudiante es responsabilidad de los docentes reportar el suceso al departamento de psicorientación del respectivo colegio, el cual se encargará de activar la ruta pertinente con el Bienestar Familiar, Secretaría de Educación o con la Policía de Infancia y Adolescencia.
Una vez activada la ruta, al menor de edad se le hace acompañamiento psicológico con los padres de familia para identificar las causas por las cuales inició el consumo de estupefacientes. Simultáneamente, según cuenta Yeimy Vargas, el joven es remitido a la EPS donde le hacen un proceso de desintoxicación .Valeria Parra, doctora de la Fundación Campbell, conoce de cerca el procedimiento. “En primera instancia se estabilizan los signos vitales donde nos encontraremos con taquicardia y en algunos casos dificultad respiratoria. Lo ideal es tomar dos vías intravenosas y tratarlo con abundante líquido. Seguidamente se le hace un lavado gástrico y cuando el paciente esté estabilizado se le pide una valoración con toxicología”. Además, el sistema de salud se encarga de brindarle procesos de atención, tratamiento y rehabilitación al niño, niña y adolescente.
La Secretaría de Educación tiene 62 colegios focalizados e interviene en ellos con ayuda de los diferentes entes que participan en la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Según Paola Doria, bajo el plan de desarrollo “Capital de Vida”, el Distrito emprende estrategias y acciones encaminadas a la prevención, atención y seguimiento en pro de una sana convivencia. “Gracias a nuestras estrategias, todos los actores de la comunidad educativa se han convertido en parte activa y corresponsables en emprender acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento en pro de ambientes escolares pacíficos, del desarrollo de competencias ciudadanas y en la transformación de una cultura de paz”, asegura.
Aunque los entes competentes afirman trabajar de manera articulada, para José Jiménez la realidad de los hechos no es así. “Cada quien quiere hacer su trabajo por aparte. No hemos podido lograr trabajar en conjunto”. Ante esta situación el directivo de la organización sindical ha propuesto a la administración pública la creación de mesas interdisciplinarias donde todos los organismos se unan para buscar solución a la problemática. Pero sus propuestas quedan en vano, durante los 7 años que ha venido denunciado los hechos no ha conseguido que la alcaldía implemente las políticas publicas para unificar las entidades. “Hay falta de políticas por parte de la administración porque nosotros hemos propuesto en varias ocasiones la creación de mesas interdisciplinarias. Les parece buena la idea, pero en la práctica no se realiza” señala.
Acciones de control
El trabajo informal es el mejor escudo que utilizan los expendedores para hacer su cometido. Luis Martínez, asistente de seguridad publica de la fiscalía, asegura que muchas bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico de drogas se camuflan entre vendedores ambulantes porque no presentan antecedentes penales. “La judicialización de esas personas es muy difícil, la captura se hace, pero al no tener antecedentes penales se dejan en libertad y esos casos quedan en el aire”, asevera.
Frente a esta situación, durante el 2018 la Policía Metropolitana de Barranquilla ha llevado a cabo 138 acciones de control a vendedores ambulantes situados en los alrededores de las instituciones educativas. Mediante requisas, patrullas de cuadrante e investigaciones con unidades judiciales, las autoridades buscan desenmascarar a los denominados jíbaros.
Así mismo la Policía de Infancia y Adolescencia ha desarrollado el programa preventivo “Abre tus ojos” que por medio de charlas en los colegios buscan sensibilizar y brindar herramientas a los jóvenes para evitar que sean víctimas del dinámico negocio del microtráfico. Adicionalmente la Policía Nacional ha planteado la Estrategia Institucional de Protección Efectiva a la Infancia y Adolescencia (EINFA) que junto a las 36 temáticas del programa “Abre tus ojos” desarrollan acciones pedagógicas, lúdicas y recreativas como parques inflables, pintucaritas y polirumba para llevar el mensaje de prevención a niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes. En lo que va del 2018 la policía ha realizado 54 campañas en las instituciones educativas con 8.250 personas beneficiadas.
Lo más vulnerables
Así como lo afirma la teniente Yeimy Vargas, los expendedores se aprovechan de la inocencia de los menores de edad y los convence para participar en el negocio. Una vez inmersos en los tentáculos del microtráfico de drogas es muy difícil que lo abandonen. Según el médico psiquiatra, Iván Moreno, para lograr persuadirlos muchos jíbaros le ofrecen por primera vez “muestras gratis” de estas sustancias ilícitas a los estudiantes y movidos por la curiosidad ellos aceptan. Otros tratan de apuntar a la situación económica del alumno, y asegurándole una buena remuneración en efectivo lo incitan a involucrarse en el negocio. “Existe un área del cerebro que se llama la corteza prefrontal, a su edad los niños y adolescentes no tienen esta área muy bien desarrollada y por eso es fácil de persuadirlos”, explica el especialista.
Las drogas, según argumenta Moreno, alteran los circuitos de recompensa del cerebro y, por ende, el niño, niña o adolescente siente satisfacción al momento de consumirla. Cuando esta práctica se hace de manera constante aparece la dependencia, y, por consiguiente, emerge el síndrome de abstinencia al momento de querer dejarla. Los efectos no se hacen esperar. A largo plazo, el menor de edad puede sufrir diferentes trastornos, pero lo más notorios para el especialista es la bipolaridad, el trastorno del sueño y el trastorno de la alimentación.
Con un optimismo simpatizante Camilo confiesa que quiere dejar el consumo de estupefacientes. Aunque la tarea no resulta ser bastante fácil, los entes competentes significan un apoyo fundamental para el proceso. Dentro de los programas y estrategias desarrollados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra Generaciones con Bienestar, Construyendo Entornos Protectores y Acciones masiva de Alto Impacto Social que aportan y previenen los consumos de sustancias psicoactivas y ayudan a mitigar los delitos cometidos por los adolescentes.
