Por: Carlos Córdoba
En la economía, existen diversos postulados teóricos que sirven como lentes para entender la forma en la que se mueve el mundo. Uno de esos es el concepto de ventaja comparativa, propuesto por David Ricardo en el siglo XIX. En resumidas cuentas, este concepto nos dice que los Estados deberían especializarse en la producción de aquel producto en el que cuenten con mayor capacidad productiva en comparación con los demás Estados, abasteciéndose de aquellos productos que no pueden producir (o no les es rentable hacerlo) mediante el comercio internacional. Esta concepción neoclásica del comercio internacional es la que ha justificado y soportado en gran medida las políticas neoliberales de los Estados del norte global durante décadas, impuestas, de alguna u otra forma, a los países catalogados como “en vías de desarrollo”.
Los Estados Unidos, a lo largo de su historia, han abogado por el libre mercado y la no intervención del gobierno en la economía. Sin embargo, esta tradición neoliberal ha dado un vuelco total con las declaraciones del presidente del país norteamericano, Donald Trump, el día 3 de marzo, al que llamó “Día de la Liberación”. En esta fecha, Trump hizo público un paquete de medidas arancelarias para todos los países. No obstante, no todos corrieron con la misma suerte, pues un gran número de ellos, principalmente aquellos con una balanza comercial en superávit con los Estados Unidos, han recibido tasas diferenciales.
Si bien el gobierno Trump ha decidido imponer aranceles del 10% a cada país sin discriminación alguna, a países como China, Indonesia, Suiza y Taiwán se les han impuesto aranceles de más del 30%, o como Vietnam, el cual es el país exportador que más daño ha recibido con la salvaje cifra de 46% de impuesto arancelario. Colombia, así como otros países que cuentan con la suerte, o quizás la maldición, de tener una balanza comercial negativa con los Estados Unidos (importamos más de lo que exportamos hacia allá) sólo han recibido el “arancel universal” del 10%. Un arancel universal en toda regla, pues no se han salvado de él ni siquiera territorios como las Islas de Heard y Mac Donald, propiedad de Australia desde el año 1947, y en la que sólo habitan pingüinos y focas marinas.
Aunque absurdos, estos porcentajes ciertamente no han salido de la nada. La administración de Trump ha hecho el cálculo siguiendo una fórmula sencilla: se trata de dividir el déficit comercial de ese país con los Estados Unidos sobre las exportaciones de ese país y multiplicar ese resultado por 100, dividiendo nuevamente entre dos (este último paso en muestra, según él, de misericordia y buena voluntad); dándonos el porcentaje de las tablas. Todo esto, en busca de que el país norteamericano no esté en déficit comercial con ningún país del planeta.
El objetivo públicamente expresado por el mismo Donald Trump es encarecer la importación de productos a territorio estadounidense, obligando a los consumidores y a las empresas a producir y consumir productos “Made in USA”. Según Trump, de esta forma hará que muchas empresas estadounidenses que llevaron su producción y manufactura al extranjero en aras de reducir costos operativos regresen a su tierra y contraten trabajadores de allí. Y, por otro lado, busca que las empresas extranjeras que quieran entrar al lucrativo mercado estadounidense se vean obligadas a instalar sus fábricas en la Unión y contratar a su vez mano de obra local.
Si bien esta razón es loable en un inicio, muchos analistas sugieren que no se trata de un simple ajuste de balanzas comerciales, sino de toda una estrategia fiscal para reducir el déficit fiscal que posee el país norteamericano de la friolera cifra de 1,8 billones de dólares, una cifra mayor al PIB de un país como Australia para el año 2024. Esta conjetura nace por la esencia de un arancel, el cual es un impuesto. Al final, Donald Trump, más que hacer presión sobre otros países para que así estos muestren ofertas comerciales más atractivas a los Estados Unidos, está recaudando impuestos de forma masiva. Y esto, de la mano con la labor de su mano derecha, Elon Musk, en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), suponen una apuesta clara para estabilizar las arcas del Estado.
Sin embargo, aunque pueda sonar bien la idea de estabilizar las cuentas del gobierno, la realidad es que estos impuestos, como cualquier otro, finalmente serán pagados por los consumidores estadounidenses, quienes verán encarecidos los productos importados, así como los locales, a raíz de la escasez.
Aún quedan dudas sobre la razón por la cual países como Rusia no figuran en la tabla de aranceles expuesta en la rueda de prensa en la Casa Blanca este 3 de marzo. La razón más probable es que se estén guardando la posibilidad de imponer aranceles como una carta de negociación con Rusia para la resolución del conflicto en Ucrania, así como para atraer al Kremlin un poco más al lado estadounidense y crear una brecha en términos geopolíticos con China. Sin embargo, esta última hipótesis podría descartarse por los fuertes lazos que posee el Kremlin con Pekín y que aún se mantienen gracias a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia tras la invasión de Ucrania.
Habiendo dicho esto, resulta innegable que una guerra comercial mundial ha iniciado. Una guerra en la que los protagonistas serán los aranceles y no las balas; donde no se destruirán hospitales, sino fábricas; donde no se asesinarán soldados, sino mercados enteros. Esta será una guerra en la que no se enfrentarán ejércitos en un campo de batalla con fusiles y tanques, sino que se jugará desde los gabinetes gubernamentales y las mesas directivas de las grandes empresas que mueven el comercio mundial. Una guerra silenciosamente estruendosa ha comenzado. Y se dio inicio el 3 de marzo, el “Día de la Liberación”, llamado así aun cuando las medidas que se tomaron han sido todo menos liberales.
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