Por: Keily Alejandra Navarro [En alianza informativa con el CERI]
La crisis actual entre Venezuela y Estados Unidos no surgió de manera repentina. Se trata del resultado de más de dos décadas de tensiones acumuladas en torno a la política, la economía y el poder energético en América Latina.
Desde la llegada de Hugo Chávez en 1999, Caracas se convirtió en un actor incómodo para Washington, con un discurso antiimperialista y un modelo político que buscaba desafiar la hegemonía estadounidense en la región. Con Nicolás Maduro, esa confrontación se agudizó en medio de denuncias de autoritarismo, sanciones petroleras y un prolongado colapso interno que llevó a millones de venezolanos a emigrar. Esto representa el despliegue militar más serio desde la invasión de Panamá en 1989.
Las sanciones económicas, las acusaciones de corrupción y narcotráfico contra altos mandos militares venezolanos, y la disputa por el control del petróleo han marcado un vínculo en cuerda floja. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días representa un salto abismal en el conflicto. Estados Unidos decidió desplegar una flota naval en el Caribe Sur, muy cerca de aguas venezolanas, con destructores, un submarino nuclear y miles de efectivos, en lo que describe como una operación contra el narcotráfico. En paralelo, la Casa Blanca endureció su política energética con un arancel del 25% sobre los países que importen petróleo venezolano. La respuesta de Maduro fue movilizar a más de cuatro millones de milicianos y reforzar con quince mil soldados la frontera con Colombia, denunciando una amenaza directa contra la soberanía nacional y un intento de intervención disfrazado de lucha antidrogas.
En agosto se confirmó que Estados Unidos había dado un paso inédito en su estrategia hacia Venezuela y la región. Según reveló el New York Times, Donald Trump firmó una orden clasificada que autorizaba al Pentágono a usar la fuerza contra cárteles latinoamericanos que Washington cataloga como organizaciones terroristas. Pocos días después, la Marina de EE. UU. desplegó el Grupo Anfibio Iwo Jima, integrado por el buque de asalto USS Iwo Jima, los transportes USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, junto con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina. Este movimiento, confirmado oficialmente, no especificó destino, aunque fuentes del Departamento de Defensa señalaron que formaba parte del refuerzo militar hacia el Caribe sur.
La escalada continuó con el anuncio de Reuters de que los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson se dirigían hacia aguas próximas a Venezuela, acompañados de unos 4.000 marinos e infantes de Marina, aviones de patrulla marítima P-8 y al menos un submarino de ataque. Según estas fuentes, la operación tendría carácter prolongado y se desarrollaría en aguas y espacio aéreo internacionales. La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, advirtió que Washington emplearía “todo su poder” para detener el flujo de drogas hacia su territorio, una declaración que, sumada al despliegue militar más grande desde la invasión de Panamá, disparó la alarma en toda la región sobre el verdadero alcance de esta operación.
El trasfondo inmediato es la acusación de Washington contra Nicolás Maduro y varios de sus aliados, señalados como líderes del llamado Cartel de los Soles, un grupo de redes de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas que desde los años noventa han estado vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas. El nombre nació en 1993, cuando se investigó a dos generales de la Guardia Nacional que portaban insignias con “soles” en sus uniformes. Con el tiempo, estas prácticas evolucionaron de simples sobornos para permitir el paso de cargamentos a un entramado mucho más amplio donde oficiales y políticos se benefician de operaciones ligadas al tráfico de drogas, contrabando de combustibles y minería ilegal.
Aunque Estados Unidos lo describe como un cartel estructurado y centralizado, investigaciones independientes como las de InSight Crime sostienen que en realidad se trata de una red fragmentada y flexible de militares y funcionarios que operan bajo un esquema de corrupción institucionalizada. Desde 2020 el Departamento de Justicia norteamericano acusa a Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes de dirigir este sistema, lo que en 2025 llevó al Tesoro de EE. UU. a designar oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista. Para Caracas, en cambio, estas acusaciones son parte de una ofensiva política destinada a justificar sanciones y presiones externas.
No obstante, la existencia del Cartel de los Soles es objeto de debate. Para las autoridades estadounidenses y diversos analistas, se trata de un entramado criminal real que involucra a altos mandos militares venezolanos. Pero desde el propio gobierno de Caracas y sectores críticos de la política exterior de Washington se sostiene que se trata de un “supuesto cartel”, una etiqueta instrumentalizada para justificar sanciones y abrir la puerta a una posible intervención. Esta visión lo equipara con narrativas como la “guerra contra el terrorismo” usada para legitimar las invasiones a Irak y Afganistán, señalando además que los principales flujos de cocaína hacia el norte provienen de rutas del Pacífico sudamericano, mientras que Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor mundial de drogas.
El impacto regional es inmediato. América Latina, históricamente marcada por la sombra de las intervenciones, se ve de nuevo dividida. Algunos gobiernos se alinean con Washington, mientras otros denuncian la maniobra como un retroceso a las prácticas más cuestionadas del siglo veinte. En un continente que aún arrastra crisis económicas y sociales, esta polarización complica cualquier intento de cooperación regional y debilita la capacidad de respuesta frente a desafíos comunes.
En el plano global, China se proyecta como aliado clave de Venezuela y denuncia la acción estadounidense como una violación al derecho internacional. El episodio pone en evidencia que América Latina ya no es un escenario periférico, sino un tablero estratégico en la competencia entre grandes potencias. En este sentido, lo que ocurre es un conflicto geopolítico donde se cruzan intereses energéticos, rutas comerciales y equilibrios de poder.
Ante este escenario, la sociedad internacional enfrenta un llamado urgente a la prudencia. La experiencia demuestra que las intervenciones militares en la región generan más inestabilidad que soluciones. El reto está en canalizar la presión a través del derecho internacional, el multilateralismo y la diplomacia, evitando que un conflicto con raíces internas se transforme en un detonante de mayor confrontación global.
