Redacción El Punto
El Procurador General, Fernando Carrillo, y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, presentaron al gobierno una radiografía de las difíciles condiciones que afrontan miles de trabajadores del sistema de salud que hacen frente a la contención del COVID-19.
Demandaron la dotación de elementos de protección personal con las características de bioseguridad requeridas, así como soluciones de fondo a la precarización laboral que por años ha afectado derechos fundamentales.
En desarrollo de una mesa de trabajo virtual con los ministros de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, y del Trabajo, Angel Cabrera, los jefes del Ministerio Público anunciaron que vigilarán el cumplimiento de la construcción de inventarios de elementos requeridos para la atención de pacientes durante la pandemia, así como los procesos administrativos sancionatorios que adelante la cartera del Trabajo.
El ministro del Trabajo, anunció que se acogió la propuesta del Ministerio Público para fortalecer la responsabilidad que tienen empleadores y ARL en la provisión de elementos de protección personal, que incluirá nuevas estrategias de financiación con las cuales los entes de control harán seguimiento al uso adecuado de los recursos públicos.
Por su parte, el ministro de Salud precisó que se dispondrá de recursos para adquirir algunos elementos de protección personal para los trabajadores de la salud con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME- y lamentó el rezago de las IPS, especialmente las públicas, que tienen la primera responsabilidad en dotar a sus trabajadores de EPP.
En la sesión se evaluó la búsqueda de salidas a la precarización laboral de los trabajadores del sector salud, que incluya la eliminación de los contratos por prestación de servicios.
El Procurador solicitó evaluar que al amparo de la emergencia sanitaria se expida un decreto para impulsar la formalización laboral de los trabajadores de la salud, mientras que el Defensor abogó por el derecho de los pacientes a recibir atención oportuna y continúa, sin importar si están o no afectados por el COVID-19.
Ministerio Público y gobierno acordaron un seguimiento permanente para garantizar los derechos laborales e individuales de los trabajadores del sector salud.
