Por: Valerie Caballero
La disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia por el Corredor Universitario entró en una etapa decisiva con la entrega del informe técnico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) al Congreso de la República.
El documento, de más de 400 páginas y elaborado después de seis meses de estudios, visitas de campo, revisión documental y análisis cartográfico, plantea una nueva línea divisoria entre ambos territorios. Sin embargo, el IGAC no está definiendo de manera definitiva los límites. Su informe no es más que un insumo técnico e informativo y la decisión final corresponderá al Congreso.
La propuesta se construye alrededor de unos 15 puntos cartográficos y sus respectivas coordenadas. El trazado resultante recoge elementos de las posiciones defendidas tanto por Barranquilla como por Puerto Colombia y tiene en cuenta antecedentes geográficos, histórico y jurídicos.
De acuerdo con el trazado planteado, la propuesta favorecería la integración a Barranquilla de buena parte de la zona que durante años ha estado en el centro de la controversia, incluido el Corredor Universitario y sectores como Villa Campestre.
Villa Campestre y el Corredor Universitario quedarían en Barranquilla
Uno de los principales efectos de la propuesta es que Villa Campestre quedaría dentro de la jurisdicción de Barranquilla, junto con una amplia zona que incluye instituciones educativas, zonas residenciales, comerciales y de servicios.
Entre los sectores y establecimientos que aparecen dentro del trazado propuesto para el Distrito están: Villa Campestre, La Universidad del Atlántico, la Universidad Libre y otras instituciones universitarias; los cementerios Jardines de la Eternidad y Jardines del Recuerdo; colegios como el Británico Internacional, Royal School, Sagrado Corazón y American School; además de centros comerciales y clínicas.
También quedarían dentro de Barranquilla la Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho, de acuerdo con la interpretación del trazado técnico.
Una disputa histórica
El representante Jaime Santamaría explicó que uno de los principales hallazgos del expediente está relacionado precisamente con la dificultad de encontrar una descripción histórica clara de la frontera.
Según Santamaría, el documento matriz de 1913 no establece con precisión la línea divisoria y el antecedente de 1951 tampoco permite despejar completamente la controversia. A esto se suma el cambio administrativo ocurrido en 1993, cuando Barranquilla adquirió la condición de Distrito y el corregimiento de La Playa pasó de Puerto Colombia a la jurisdicción barranquillera.
El propio informe técnico señala que la ausencia de descripciones precisas y la utilización durante décadas de referencias geográficas genéricas terminando por provocar una situación de incertidumbre sobre el trazado territorial.
El siguiente capítulo estará en manos de las comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara, que deberán revisar el expediente y determinar el camino para la definición del límite.
Después de décadas de litigios, decisiones judiciales, cambios normativos y diferentes interpretaciones históricas, el informe del IGAC pone la discusión nuevamente sobre la mesa.
La expectativa es que los congresistas revisen las coordenadas, los antecedentes históricos, las pruebas aportadas por los municipios y las consideraciones técnicas de establecer una posición definitiva.
En ese escenario, la discusión podría prolongarse durante varios meses, mientras las comisiones analizan un expediente que recoge décadas de controversia y diferentes interpretaciones sobre los límites establecidos en distintos momentos de la historia.
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