La confirmación de Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko como candidato presidencial del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ha generado críticas y debates. Para la mayor parte del país, es un insulto hacia las víctimas y un irrespeto a la justicia. Pero otra perspectiva, sin impunidad, es posible.
Los colombianos se preguntan cómo ex-guerrilleros aspiran a altos cargos en el Congreso e incluso a ser mandatarios del país, sin antes rendir cuentas. Se preguntan cómo es posible ubicarlos en cargos de tales dimensiones sin que antes hayan aportado a la verdad. Sin haber reparado a las víctimas. Sin haber entregado la totalidad de los bienes obtenidos del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Y, además, con un sin número de condenas y ordenes de captura encima, ni habiendo realizado un mínimo acercamiento a la justicia transicional.
Ciertamente, el país tiene memoria y no olvida el sin fin de atrocidades cometidas. Sin embargo, la solución no es privar a las FARC de hacer política. Se trata de que cumplan con lo pautado en su totalidad, para que así puedan reclamar con argumento sus derechos. Es mejor tenerlos pidiendo votos, que quitando vidas, y cometiendo delitos de extorsión, secuestro, terrorismo, etc., lo cual de todas formas no le resta dificultad a la dura tarea de dejar atrás el daño causado.
El discurso del perdón es complejo. Perdonar significa disculpar al otro por una acción considerada ofensiva, renunciando a reclamar un castigo justo y a vengarse. Es decir, se renuncia a la justicia: al renunciar a la venganza. Esto no quiere decir que perdón sea sinónimo de olvido. La historia marca una identidad y da las pautas para la construcción del futuro.
Siguiendo esta línea de reconciliación y perdón, la jurisdicción especial para la paz (JEP) es la instancia judicial encargada de cerrar jurídicamente el conflicto armado. Ante este tribunal deben comparecer ex –miembros de las FARC, civiles y miembros de la fuerza pública que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado. Como su nombre lo indica, se trata de una justicia especial y exclusivamente diseñada para los grupos mencionados. Busca ofrecer verdad. Investigar. Esclarecer. Reparar a las víctimas. Luchar contra la impunidad y garantizar la no repetición.
Cualquier persona amparada por la JEP a la que se le descubran delitos no incluidos en sus declaraciones o cometa nuevos crímenes, será sancionada a través de la justicia transicional. En últimas, perdonamos y avanzamos, o nos estancamos en lo mismo.
De nada sirve que el país se quede sumergido en el odio y el rencor. Sin avanzar y prologando años de guerra. Es el momento de perdonar, de aceptar, y de dar pasos hacia la paz, por más pequeños que parezcan. Todo lo anterior, sin dejar de reclamar al gobierno, a los jefes y guerrilleros desmovilizados, y a la JEP que cumplan lo prometido.
