Por Karelys Castillo Morales, Sebastián Flórez Gutiérrez, Sara Hernández Gómez, Natali Romero León y Marieth Sánchez Herrera.
Los estudiantes del alma máter del Atlántico reciben clases en un plantel que se fractura cada vez más ante los constantes temblores de la corrupción.
La Universidad del Atlántico (UA) vive sumergida en un mar de controversias; la corrupción, los desfalcos, el abandono estatal y la desviación de recursos han dejado a la institución en cuidados intensivos desde hace décadas. El empobrecimiento, el deterioro de la infraestructura y la pésima calidad educativa son las consecuencias de los males que aquejan a la institución.
Este reportaje hace un recuento de los eventos que han ocasionado el deterioro progresivo de la UA, mostrando la negligencia administrativa que tiene lugar en esta institución.
Corrupción: un gobierno y una administración cómplice
Los recortes presupuestales del gobierno y la mala inversión de recursos tienen a la UA en un estado de crisis.
La inversión estatal en educación en Colombia aumentó en 11,4 billones de pesos: es decir, pasó de 38 billones en el 2018 a 49,4 billones en el 2022, según un informe del Observatorio de Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación.
Sin embargo, el mismo informe señaló que la inversión para el gasto público en las universidades es insuficiente: el 89% (44 billones de pesos) corresponde a gastos de funcionamiento y el 11% restante (5,4 billones) se destina para gastos en inversión.
Colombia solo invierte entre el 4% y el 5% para gastos en educación como porcentaje del PIB, mientras que países como Chile, Brasil y Costa Rica invierten más, según datos de la Unesco, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Estos problemas en torno a la educación tienen sus antecedentes en los gobiernos de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, ya que durante sus mandatos la inversión estatal decayó de 0,5 a 0,39 puntos del PIB, indicó para El Espectador el senador de la República de Colombia, Iván Cepeda. También dijo que alrededor de 3 billones de pesos presupuestales no fueron dados entre el 2002 y el 2013 a las instituciones de educación superior.
Cabe resaltar que desde el 2005 la UA se transformó en la primera universidad pública bajo la Ley de quiebras. La Ley 550 autoriza al Estado a intervenir en la economía de la institución.
Debido a los recortes financieros por parte del departamento y la nación, el presupuesto de la UA se vio en crisis. Por cada 100 pesos que le entraban, se gastaban 135, un déficit del 35%.
El gobierno de Uribe intentó liquidar la universidad, pero el proceso no tuvo éxito y la institución se vio obligada a asumir sus deudas. Eso ocasionó un desmejoramiento que sigue afectando a estudiantes, docentes y administrativos.
No hubo mejoras en la universidad durante la presidencia de Santos (2010-2018). La UA dejó de recibir en ese período más de $71 billones para su funcionamiento e inversión, de acuerdo con un informe de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE). Esto causó que la universidad pasara a funcionar en un 32% como una institución privada.
El magíster en Historia y docente de posgrado de la Universidad del Norte, Milton Zambrano Pérez, escribió que existen dos formas de privatizar una institución pública. La primera es a través de la privatización neoliberal: “se concreta al sustraer las funciones sociales a la institución mediante la elevación de las matrículas o por otros medios que nieguen el acceso de los sectores con menos ingresos al Alma Mater”. La segunda forma es la privatización politiquera, realizada a nombre de la democracia.
Actualmente, los estudiantes que no aplican a la matrícula cero deben costear el valor de sus estudios. Ese costo varía acorde a múltiples factores como el estrato socioeconómico, el grupo étnico o si cuenta con el beneficio de alguna beca estudiantil, entre otros.
La corrupción dentro del plantel educativo ha dejado a su paso un carrusel de ayudas que terminan en varios elefantes blancos, como el denominado “Edificio Clara”, una planta destinada a la producción farmacéutica que prometía ser un aporte en ciencia y tecnología, pero que tardó 8 años en construirse —empezado en el año 2011 durante la gobernación de Eduardo Verano e inaugurado en el 2019— y al que se le invirtieron 2.000 mil millones de pesos, según un reportaje de Corrupción Al Día.
Pese al gran monto de la inversión, el proyecto se redujo a la construcción de un bloque con una sola planta, cuyos dineros destinados no son visibles ni en la fachada.
El Punto radicó el pasado 18 de abril un derecho de petición a la UA, pidiendo describir los proyectos de infraestructura en las diferentes sedes de la universidad y demostrar la gestión de los recursos de jurisdicción pública. La Alcaldía de Barranquilla respondió (en lugar de la UA) y hizo alusión a uno de puntos solicitados.
El proyecto del Edificio Clara se contempló como parte de un programa ambicioso de obras que se denominó Macroproyecto Ciudadela Universitaria del Atlántico, según la Alcaldía. “Buscaba, como en efecto lo hizo, proporcionar a la Universidad del Atlántico de la infraestructura física requerida para atender e impulsar la educación superior en el Departamento y en la Región Caribe, y lograr así su acreditación institucional”.
E “Edificio Clara” nunca se puso en funcionamiento y hoy en día no es ni rastro de lo que prometía ser: una mejora en ciencia, tecnología y educación a nivel local y nacional. No cumplió con las condiciones óptimas de seguridad y calidad. No tuvo los estudios de factibilidad financieros; ni la infraestructura necesaria: requisitos de bioseguridad, ventilación especial y controles; y tampoco cumplió con las exigencias técnicas que se requerían: buenas prácticas de manufactura, de laboratorio y certificaciones del Invima.
El Ministerio de Educación abrió una investigación preliminar contra la UA en el 2017 tras hallar irregularidades financieras desde el año 2007, donde se mencionó un presunto incumplimiento en el plan general de contabilidad pública, inconsistencias en la información contable y supuestos “errores involuntarios” en la liquidación del pago de sentencias judiciales a empleados de la institución. La Fiscalía no le hizo seguimiento al caso; lo archivó.
En septiembre del 2021 fue aprobado un proyecto para la institución por la cantidad de 12 mil millones de pesos que buscaba la modernización y el mejoramiento de sus sedes. La inversión estaba principalmente orientada a la reconstrucción del edificio de Bellas Artes en la sede norte. La plata nunca vio la luz y la universidad sigue siendo un cementerio de edificios fracturados y obras sin terminar.
Frente a las irregularidades documentadas en este reportaje, El Punto intentó comunicarse con el rector electo, Danilo Hernández, quien en primera instancia accedió a una entrevista. Postergó la cita en tres ocasiones y el encuentro nunca se dio.
El rector de la UA se encuentra actualmente bajo un proceso de la Procuraduría 15 Judicial II, debido a una demanda interpuesta por los docentes de la institución Néstor Domingo y Jairo Soto. Denuncian un incumplimiento en las elecciones donde fue elegido.
Como respuesta a la demanda, el pasado 12 de mayo, la Procuraduría General de la Nación buscó anular el Acuerdo 000014 del 11 de octubre de 2021 con el que el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico nombró a Danilo Hernández como rector de la institución.
Dicha demanda sostiene que Hernández incumplió el artículo 10 del Decreto 128 de 1976, el cual “prohíbe que los miembros de las juntas o consejos durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente de su retiro sean vinculados o nombrados en la entidad en la cual actúan o actuaron”.
Es importante considerar que Hernández se retiró de sus funciones como miembro del Consejo Superior en mayo del 2021 para postularse a la rectoría, que le sería designada en octubre del mismo año.
Un campus fracturado: bloques inhabilitados y edificios agrietados en el alma máter del Atlántico
Facultad de Bellas Artes: a merced de una promesa restauradora en manos de contratos fantasmas.
Al llegar a la Universidad del Atlántico un extenso pabellón da la bienvenida a quienes hacen y no hacen parte del plantel educativo. La entrada no está regulada, seis torniquetes enfermos dan vía libre sin previa identificación. Al atravesarlos se puede ver a la derecha, en lo alto de uno de los bloques, un grafiti del Che Guevara que acompaña el resto de mensajes dispersos alrededor del campus que reflejan las inconformidades de los estudiantes.
El deterioro se ve reflejado en distintos puntos de la universidad, cuyos bloques en pésimo estado no están condicionados para la realización de clases, y que llevan años esperando ser restaurados; tal es el caso de la Facultad de Bellas Artes, cuya infraestructura es cada vez más lamentable al día de hoy. Dylan Altamiranda, egresado de la institución y antiguo profesor de Artes Plásticas de la UA, comenta que la misma universidad no tiene infraestructura para los estudiantes y es un gran limitante. Por su parte, Isabel Ramírez, también profesora del programa de Artes Plásticas, dice que “es algo que nos ha afectado muchísimo, además de que una facultad de Artes tiene unas particularidades muy importantes en la formación; necesita talleres y unas condiciones especiales de infraestructura como iluminación, video beams y una cantidad de herramientas tecnológicas y espaciales que no hemos podido tener porque hemos tenido que adaptarnos”
Desde 2018, durante la presidencia de Santos, el Congreso aprobó el proyecto de ley 1975 que tenía por objetivo la optimización de la infraestructura de la Universidad del Atlántico. Un año después, se celebró dicho contrato por más de 300 millones de pesos entre la UA y la contratista, Yasmeidis Constante Figueroa. No obstante, meses más tarde el proyecto fue pausado por el Ministerio de Cultura, quien no lo avaló bajo el argumento de que los diseños enviados por la UA a través de la plataforma del Sistema de Información para la Autorización de Intervenciones (SIPA) estaban incompletos, según un reportaje hecho por El Tiempo. Además, cuando se preguntó por los detalles de tales diseños, el Mincultura afirmó no tener ni siquiera registros de los mismos, es decir, nunca recibieron diseños por parte de la universidad o la contratista.
Mientras la situación se determinaba, la universidad buscó alternativas para continuar con el proceso académico de los estudiantes, quienes fueron reubicados en sedes alternas de la institución, entre ellas, la Alianza Colombo Francesa, cuyo arrendamiento superó los 288 millones de pesos en tan solo el 2018.
Tiempo después se retomó el proyecto y el 5 de febrero de 2020, la suma de dicho contrato aumentaría un 49,8%, es decir, 149 millones de pesos más de lo que se acordó inicialmente. El Mincultura adicionó un plazo de 60 días en el cual la universidad podía enviar una nueva solicitud en la plataforma SIPA, esta vez con los diseños completos y demás documentos. Por lo pronto, se desconoce la posición que tomó la Universidad del Atlántico frente a dicha situación y los estudiantes solo pueden presenciar el derrumbe del edificio.
A la fecha, los escombros, la maleza y todo lo que se vino abajo con la estructura se encuentra en el mismo sitio, esperando una restauración, un reforzamiento estructural y una reintegración. Asimismo, el estado actual del campus de la universidad no se encuentra apto para dar clases en varios bloques, lo que ha provocado que la educación virtual se extienda y sigan existiendo inconvenientes para asistir a las aulas en una institución que no cuenta con los espacios óptimos para la enseñanza superior.
Enseñanza en declive: baja calidad del proceso educativo en la Universidad del Atlántico
Ningún mal viene solo; tras la corrupción y el abandono estatal, llega la ineficiencia en la calidad educativa de la institución.
Como es de esperarse, los impactos de esta desviación de recursos se ven reflejados en todos los aspectos de la vida universitaria, entre estos, su calidad educativa. La UA ha renunciado a la investigación y al colectivo universitario para poder funcionar, y ha puesto en marcha acciones que, lejos de favorecer a la comunidad estudiantil, retrasan su proceso de aprendizaje. Así, la Universidad del Atlántico ha puesto toda su atención en encontrar el camino para escapar de la crisis financiera que la sigue hundiendo en un mar de deudas, y la ha hecho renunciar a la investigación, pues el presupuesto destinado a esta área ha disminuido con el paso de los años.
Germán Zuluaga Ramírez, egresado del programa de filosofía, estudiante de derecho y ex candidato a representante estudiantil, comenta que para él “son innumerables las cosas que hoy aquejan a los estudiantes en la universidad, infraestructura, hacinamiento, poca inversión en ciencia y tecnología (…). Al no tener hoy la universidad la capacidad presupuestal y ser viables en cuestión de presupuestos estatales y gubernamentales, la disminución progresiva que hay en estas es cada vez más insostenible para los estudiantes y profesores”.
Aunque hubo un crecimiento en la población universitaria del 62%, la reducción financiera de la institución no tiene la capacidad de cubrir las necesidades ni garantizar la calidad educativa para los estudiantes, según la OCE. La Universidad del Atlántico sobrevive, entonces, más por el esfuerzo y dedicación de toda la comunidad educativa, incluyendo docentes y estudiantes, y no por el compromiso de los gobiernos, tanto nacional como departamental.
