Por : Samuel Martinez
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó este 7 de abril un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía radicó ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de haber participado en un supuesto entramado de direccionamiento de contratos a cambio de apoyos políticos para el Gobierno. Sin embargo, horas antes de esa radicación, Bonilla obtuvo su libertad inmediata por vencimiento de términos.
Con la presentación del escrito de acusación, arranca formalmente el juicio contra ambos exfuncionarios, procesados por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, tanto Bonilla como Velasco habrían intervenido en una red de favores políticos que usó recursos públicos de la UNGRD para beneficiar a congresistas a cambio de respaldo en escenarios clave, como la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y los debates de las reformas de salud y pensional.
Los dos exministros habían sido privados de la libertad desde diciembre de 2025 por orden judicial. Bonilla permanecía recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en Bogotá, mientras Velasco continúa en la Escuela de Carabineros de Cali. Sin embargo, el caso dio un giro este martes luego de que la magistrada Isabel Álvarez Fernández, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenara la libertad inmediata del exministro de Hacienda al considerar que la Fiscalía no presentó la acusación dentro del plazo legal establecido.
La decisión se basó en que ya habían pasado más de 120 días desde la imputación, término que, según la magistrada, venció el 31 de marzo de 2026. Aunque la Fiscalía sostenía que el conteo debía hacerse desde la fecha en que Bonilla fue privado de la libertad, el Tribunal rechazó esa interpretación y concluyó que la norma es clara: el plazo corre desde la imputación. La acusación fue radicada a las 11:09 de la mañana, cuando ya se estaba desarrollando la audiencia solicitada por la defensa.
Tras conocerse la decisión, la Fiscalía, apoderados de víctimas, la Contraloría y el Invías interpusieron recurso de apelación, por lo que el caso seguirá en revisión. Aun así, Bonilla recuperó su libertad mientras se resuelve ese recurso. Su abogado, Alejandro Carranza, celebró la decisión y cuestionó duramente el actuar de la Fiscalía, asegurando que su cliente ha sido “criminalizado” y que la acusación fue presentada “de afán” cuando la entidad ya estaba contra las cuerdas por dejar vencer los términos.
En contraste, la situación de Luis Fernando Velasco parece distinta. Aunque fue imputado en el mismo momento que Bonilla, varios juristas consideran poco probable que pueda obtener la libertad por la misma vía, ya que la radicación del escrito de acusación ya se produjo y, según interpretaciones judiciales recientes, ese paso sería suficiente para cerrar la posibilidad de alegar vencimiento de términos. Aun así, todavía no se conoce si su defensa intentará acudir a esa figura o buscar otra salida procesal.
El caso de Bonilla y Velasco es apenas una parte del escándalo más amplio que rodea a la UNGRD y que ya ha salpicado a congresistas, exdirectivos del Gobierno y altos funcionarios. En ese mismo entramado ya fueron capturados los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, mientras que los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle también fueron llamados a juicio. Además, sigue prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la DNI, cuya circular roja de Interpol venció recientemente y está en trámite de reactivación.
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