Por: Valerie Caballero
La informalidad laboral, las brechas territoriales y las limitaciones institucionales amenazan la sostenibilidad de los avances en la reducción de la pobreza en Colombia, señalaron los economistas Jairo Bautista, Álvaro Mercado y Ubaldo Meza durante el panel sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, realizado en el marco del XL Congreso Nacional de Estudiantes de Economía y el VI Congreso Iberoamericano de Economía y Empresa, en la Universidad del Atlántico.
Durante el encuentro, moderado por Diógenes Rosera, los panelistas analizaron los factores que explican la reducción reciente de la pobreza monetaria y multidimensional en el país, así como los desafíos para garantizar que estos avances se mantengan a largo plazo. La discusión se centró en la necesidad de fortalecer el empleo formal, mejorar la distribución del ingreso y formular estrategias de desarrollo que respondan a las particularidades económicas y sociales de cada territorio.
Uno de los principales puntos del debate fue la fragilidad de los avances nacionales frente a las condiciones del mercado laboral. Los expertos destacaron que, aunque el crecimiento de los ingresos de los hogares de menores recursos ha contribuido a reducir la pobreza, la informalidad continúa siendo un obstáculo para consolidar estos resultados. En ese sentido, advirtieron que las mejoras en los indicadores sociales no necesariamente representan una transformación estructural de las condiciones que reproducen la desigualdad.
La distribución del ingreso también ocupó un lugar central en las intervenciones. Jairo Bautista explicó que el aumento de la participación de los trabajadores en los ingresos nacionales ha contribuido a disminuir las brechas económicas. Sin embargo, señaló que estos avances no se presentan de manera uniforme entre las zonas urbanas y rurales ni entre los distintos grupos poblacionales. Al respecto, sostuvo que “la historia económica muestra que las políticas centralizadas no logran los mismos beneficios para cada uno de los territorios”, por lo que defendió la necesidad de diseñar políticas públicas diferenciadas
Por su parte, Álvaro Mercado insistió en que las desigualdades territoriales deben analizarse más allá de los promedios nacionales. Según explicó, las diferencias en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las oportunidades laborales evidencian la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios. Asimismo, destacó que la reducción de la pobreza depende tanto de la inversión social como de la capacidad de los gobiernos locales para impulsar el desarrollo productivo y administrar los recursos públicos de manera eficiente.
Los panelistas también discutieron el alcance de las transferencias monetarias como herramienta para combatir la pobreza. Aunque reconocieron su contribución al mejoramiento de los ingresos de los hogares, señalaron que estas medidas deben complementarse con estrategias que promuevan la generación de empleo formal, la diversificación económica y el fortalecimiento de las economías regionales. En esa línea, Bautista afirmó que “no podemos pretender que esa centralización de la política pública permita seguir siendo la agenda durante los últimos o los siguientes años”, al cuestionar la formulación de soluciones uniformes para territorios con necesidades distintas.
Finalmente, los economistas destacaron la importancia de la educación, la productividad y la participación de las comunidades en la toma de decisiones como elementos fundamentales para avanzar hacia una reducción sostenible de las desigualdades.
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